Para los profesionales del Derecho, el gobernador con licencia Rubén Rocha Moya, es un presunto buscado ya por la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol), que emitió “fichas rojas” sobre el mandatario y los otros siete coacusados, entre ellos el senador Enrique Inzunza y el alcalde con licencia de Culiacán, Juan de Dios Gámez; incluso, pueden ser detenidos en México siempre y cuando anden en la calle y llevados a Estados Unidos.
La propia presidenta de México, Claudia Sheinbaum, confirmó ayer que Rocha Moya está en su domicilio de Sinaloa, y aquí la pregunta es: Y por qué no se le detiene y lo entregan a EU?
Pues porque para la presidenta Sheinbaum hasta hoy, si no hay las pruebas que pide su gobierno a EU contra Rocha, simple y llanamente es “inocente” mientras no se pruebe lo contario, según la propia ley. En otras palabras, en México no hay orden de aprehensión.
Una versión no confirmada pero que circula en la Fiscalía de Justicia de Sinaloa señala que Rocha Moya y un grupo de abogados analizan la estrategia de defensa, a través de un amparo contra una posible orden de extradición de México hacia los Estados Unidos.
“Hay una orden de aprehensión por parte del Gobierno de Estados Unidos, eso hace que se alerten en fichas rojas, llamadas así por parte de la Interpol, entonces eso es del Gobierno de Estados Unidos; si ellos llegaran a salir de México, otros países a partir de la alerta roja que emitió el Gobierno de Estados Unidos pudieran llegar a detenerlos”, señaló la mandataria nacional durante su conferencia de prensa de ayer jueves.
“La Fiscalía, como saben, abrió una investigación, pero no hay, digamos, no hay nada legal que nos obligue a que nosotros tengamos una vigilancia particular sobre las otras personas”, dijo la mandataria. Para Sheinbaum, Rocha Moya permanece en su casa en Culiacán, es decir, no ha abandonado el país, y mantiene un registro por parte de la Guardia Nacional.
Por su parte, Omar García Harfuch secretario de Seguridad Ciudadana confirmó que Rocha Moya no ha salido del país y luego de pedir licencia al gobierno del Estado, busca reunir las pruebas de su presunta inocencia.
EU, Desestabilizar a México
Estados Unidos y grupos y partidos de derecha, como el PAN, buscan desestabilizar a México, con discursos de “politiquería”, estrategias mediáticas, señalando al país de existir una “narcopolítica” o que Morena es una organización “terrorista”, dijo en rueda de prensa la diputada federal de Morena, Graciela Domínguez, quien reiteró esta mañana sus aspiraciones a la gubernatura del estado.
La legisladora, quien convocó a rueda de prensa para dar a conocer sus iniciativas de ley presentadas en el Congreso de la Unión, reacia a entender que EU no acusa en vano a 10 personajes de vínculos con el narcotráfico, insistió en que críticas de la derecha mexicana tienen que ver con el proceso electoral del 2027.
Aceptó Graciela Domínguez Nava que hay una “ficha roja” de la Interpol contra Rocha Moya, pero aún no hay las suficientes pruebas para hablar de una culpabilidad; en caso, contrario Morena “no meterá las manos”, subrayó.
Frenar Candidatos Narc0s
Presionada por el huracán de críticas contra el gobierno federal a quien se acusa de vínculos con el crimen organizado, la presidenta Claudia Sheinbaum presentó esta semana una iniciativa de reforma para crear la Comisión de Verificación de Integridad de Candidaturas dentro del INE.
Pese a los recortes presupuestales del propio gobierno federal, ahora el INE le hará a la “policía investigadora” y evaluará a los aspirantes a cargos de elección popular de todos los partidos y evitar que tengan vínculos con la delincuencia organizada y el narco.
El proyecto indica que esta comisión estará orientada a filtrar esencialmente a candidatos mafiosos y deberá estar integrada por 5 consejeros electorales del INE que durarán 3 años en el cargo.
Esta Comisión servirá de vínculo entre los partidos políticos que voluntariamente decidan participar y las autoridades de seguridad, inteligencia y procuración de justicia para recibir y consultar los nombres de los aspirantes a candidaturas con la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y la Fiscalía General de la República (FGR), sobre la existencia de información para establecer un posible riesgo razonable de vínculos con la delincuencia organizada.
Los partidos entregarán “voluntariamente” a esta Comisión sus listas a candidatos a gobernador, a alcaldes, a diputados federales, diputados locales y regidores para ser sometidas a una investigación de cada una de las candidaturas, y evitar así sean producto de una negociación o subsidios de narcos o el crimen organizado.
Se dijo que esta iniciativa deberá ser tramitada urgentemente para ser aprobada, a más tardar, en la semana que viene para poder operar en la elección de 2027.
