Para el abogado y ex subprocurador estatal de Justicia en la zona sur de Sinaloa, David Librado Díaz Morales una vez que venza el plazo de los dos meses, o antes, fijado para presentar pruebas de parte de los Estados Unidos en contra de Rubén Rocha Moya, lo más seguro es que se lo llevan al vecino país del norte para ser juzgado por los presuntos delitos de que lo acusan.
Sin embargo, existe la otra posibilidad de que Rocha acepte su culpabilidad y pida se le apliquen las leyes mexicanas y se quede en el país en un Penal de Máxima Seguridad.
Lo que en apariencia complicó las cosas es que los tres principales de los diez involucrados: Rocha, el senador Inzunza y Juan de Dios Gámez tenían fuero; el legislador se resiste a perderlo y se atrinchera en Badiraguato.
Mientras, el general en retiro Gerardo Mérida, ex secretario de Seguridad Estatal, lo que tiene es una suspensión provisional pero no un amparo y en cuanto lleguen las pruebas, iniciará el proceso de extradición al lado de otros coacusados y ser llevados a la Unión Americana.
Díaz Morales, también ex juez, dijo que en el caso del senador Inzunza y sus desafíos de no renunciar o pedir licencia al cargo, lo que va a suceder es que venga el desafuero de parte del Congreso de la Unión.
En este marco hay un abanderamiento de la presidenta Sheinbaum con la soberanía nacional, mientras que las voces de la oposición hacen el trabajo sucio a los estados Unidos exigiendo la detención y extradición de los señalados.
Sin embargo, para quien fuera presidente de Colegios de Abogados, reiteró que Rocha Moya no tiene opciones o se entrega al gobierno americano o a la Fiscalía General de la República para un juicio en México. “Para mucha gente, el gobernador con licencia es responsable de lo que se le acusa”, afirmó el abogado.
