Dr. Jorge Figueroa Cancino
Por modificaciones al marco fiscal federal, MALOVA propone que municipios cedan mediante convenio, la administración del predial a favor del gobierno estatal, sosteniendo que con la medida se aumentarán 30% las participaciones federales (PF) a municipios. Las PF son las transferencias financieras del gobierno federal, para entidades y municipios; debido al cobro centralizado de impuestos federales como: IVA, ISR, venta de petróleo y energía y otros. Sobre ello, se han dado posiciones a favor y en contra. Fundamento en breve mi opinión para que el cabildo de Mazatlán rechace la postura del gobierno estatal y defienda la autonomía municipal consagrada en el Artículo 115 Constitucional.
La teoría y los resultados de estudios sobre finanzas públicas muestran una tendencia creciente en América Latina, hacia la descentralización del poder (centralizado) y con ello, la transferencia de facultades políticas, fiscales y administrativas a favor de los gobiernos locales. Por ello desde los ochentas en México ha crecido la descentralización y fortalecido la Autonomía Municipal, mediante diversas reformas que han dado mayor capacidad de gobernanza a los municipios. El gasto corriente que se ejecuta al interior de los municipios mexicanos, es más eficiente cuando los recursos para financiarlo provienen del propio esfuerzo fiscal del municipio y no de aportaciones o participaciones federales (Mauricio López, 2004). La capacidad administrativa y financiera indica el nivel de capacidad de los municipios para cubrir su gasto administrativo con ingresos propios derivados de su propia recaudación. A mayor capacidad financiera, mayor autosuficiencia y equilibrio en las estructura del gasto, es decir una hacienda más sana. La dependencia financiera, crece a medida que se incrementan las participaciones y disminuyen los ingresos propios. (Cabrero y Orihuela, 2002). La recaudación de 60% de ingresos propios en el total del ingreso municipal es una condición ideal para terminar con su dependencia financiera a las participaciones (Rodolfo García, 1995). En Sinaloa se ha demostrado con datos empíricos que “los efectos de las trasferencias sobre la presión tributaria, especialmente del impuesto a la propiedad raíz que cobran los municipios son negativos, es decir, a mayores transferencias menor recaudación fiscal” (Transferencias y Presión Tributaria Municipal en México, Nicolás G. Zúñiga, 2012).
Mazatlán tuvo en 2011 un Ingreso Municipal total (IM) por 1243.2 millones de pesos. Divididos en
Ingresos Propios (IP) por $565.3 millones de pesos, equivalente a 45.5 % sobre su IM; y
Participaciones federales y estatales (P), por $677.9 millones y 55.5% del total de IM. En el mismo año la tesorería municipal capturó 156.8 millones de impuesto predial, equivalentes al 64% del total de sus impuestos municipales y un 28% del total de sus IP. Estos recursos y porcentajes los dejaría de percibir de manera directa el municipio, para ceder su administración a favor del gobierno estatal, bajo la promesa dudosa de un incremento en participaciones. Hay que recordar que también los municipios son estimulados con incremento de participaciones por el marco fiscal federal, por tener mayor captación de ingresos propios, y que la medida los reduciría,
incrementando por tanto aun más la dependencia financiera municipal.
En apoyo a lo expuesto y como estudioso del tema en la UAS, creo que Sinaloa requiere de una nueva política pública y un modelo de recaudación municipal más descentralizado, eficiente, profesionalizado, transparente y con mayor destino y participación social. Sobre todo que fortalezca la autonomía política y financiera de los municipios. Lo que los gobiernos federal y estatal proponen, es un retroceso en ese modelo y un regreso a una mayor centralización fiscal y financiera y política. Hay que pugnar para que el cabildo Mazatlán no solo rechace la propuesta sino que exija al gobierno estatal la MUNICIPALIZACION DEL CATASTRO. Mazatlán ha mostrado capacidad para administrar nuestros propios ingresos propios, cierto es que falta mucha más transparencia y eficiencia en la captación de los ingresos y el ejercicio del gasto municipal; y particularmente falta una mayor responsabilidad de los ciudadanos que no pagan o se retrasan, en el impuesto predial. Si son ciudadanos cumplidos, tendrán razón para reclamar más mejores más y servicios.
