Benítez, Denuncia Penal Ahora Sí el Desafuero? Se Alinea Congreso de Sinaloa

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Benítez, Denuncia Penal

Como hace unos 15 días, de nuevo el alcalde marismeño Luis Guillermo Benítez Torres, recibió doble garrotazo político, primero porque le confirman el rechazo de la cuenta pública del 2020 por parte del Congreso del Estado y luego ayer trascendió de una posible demanda penal contra el mazatleco, y que hoy confirmó la Fiscalía General de Estado, por un daño patrimonial de 60 millones de pesos por el caso de las luminarias y el tema del contrato con Azteca Lighting.

El asunto del quebranto patrimonial se veía venir desde hace días y ayer lo comentó el presidente de la Jucopo, Feliciano Castro, y esta mañana se ratificó que la Auditoría Superior del Estado hizo la debida denuncia penal y ahora será el órgano del poder Judicial quien inicie la revisión de pruebas y en su caso, pedir si hay o no desafuero para el citado alcalde.

De otra parte, en el Congreso del Estado de Sinaloa se dio la primera lectura a los dictámenes sobre los informes individuales de la revisión y fiscalización superior de las cuentas públicas de los 18 municipios, correspondientes al ejercicio fiscal 2020.

Los correspondientes dictámenes fueron presentados por la Comisión de Fiscalización con base en los informes presentados por la Auditoría Superior del Estado (ASE).

En reuniones de trabajo sostenidas días atrás, la Comisión de Fiscalización dictaminó el rechazó a las cuentas públicas de los municipios de Rosario, Escuinapa, Navolato, Culiacán, Elota, Mazatlán, El Fuerte, Choix, Guasave, Sinaloa y Mocorito, mismas que ayer fueron confirmadas y no pasaron los exámenes.

Ahora Sí el Desafuero?

Sí la Fiscalía del estado presenta en el expediente de denuncia penal los elementos necesarios para proceder contra el alcalde Luis Guillermo Benítez Torres, sin duda que tendrá que pedirse su desafuero y llevarlo a juicio como cualquier civil.

Antes, dijo Martín Pérez se tendrán que aclarar bien los motivos de la demanda porque hay varias querellas en contra del alcalde mazatleco, pues hay 400 millones de pesos de por medio que pretende cobrar la empresa por las luminarias, 60 millones de un anticipo y lámparas que al parecer no se entregaron o no se encuentran.

Pérez, al lado de otros regidores, interpusieron una demanda ante la ASE por actos irregulares ya que el contrato de luminarias por más de 400 millones de pesos con Azteca Lighting fue por asignación directa, sin licitación como lo marca la ley.

En las preguntas, el regidor panista contesta: “Sí la Fiscalía considera que hay elementos suficientes para procesar al alcalde, pues va solicitar el desafuero para llevarlo a juicio como cualquier civil”.

Se Alinea Congreso de Sinaloa

Como se esperaba y luego de la presencia la semana pasada del secretario de Gobernación, Adán Augusto López, ayer martes con 36 votos a favor, el Congreso de Sinaloa avaló ampliar el período de las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública hasta el 2028 en tanto la Guardia Nacional desarrolla su estructura, capacidades e implantación territorial.

En la reforma aprobada se establece que en tanto la Guardia Nacional desarrolla su estructura, capacidades e implantación territorial, el Presidente de la República podrá disponer de la Fuerza Armada permanente en tareas de seguridad pública conforme a los términos planteados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Las acciones que lleve a cabo la Fuerza Armada permanente, en ningún caso tendrán por objeto sustituir a las autoridades civiles de otros órdenes de gobierno en el cumplimiento de sus competencias o eximir a dichas autoridades de sus responsabilidades.

A partir del ejercicio fiscal 2023 el Ejecutivo Federal establecerá un fondo permanente de apoyo a las entidades federativas y municipios destinado al fortalecimiento de sus instituciones de seguridad pública.

Después de la votación, que registró cuatro votos en contra de la minuta, el presidente de la mesa directiva, Ricardo Madrid Pérez, instruyó comunicar de la aprobación a la Cámara de Diputados federal para los efectos legales correspondientes.