El congelamiento de las cuentas bancarias del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, así como de otros nueve funcionarios, corresponde a una medida de carácter preventivo derivada de reportes emitidos por instituciones del sistema financiero mexicano.
A través de un comunicado difundido hoy por la Unidad de Inteligencia Financiera, explicó que dichas alertas surgieron luego de señalamientos realizados públicamente por autoridades de Estados Unidos.
La UIF detalló que, debido a las relaciones de corresponsalía entre bancos mexicanos y entidades financieras estadounidenses, se activaron mecanismos de monitoreo sobre clientes identificados como Personas Políticamente Expuestas (PEP), conforme a los protocolos de cumplimiento establecidos por las instituciones bancarias.
Asimismo, aclaró que estas acciones no constituyen una resolución definitiva ni implican responsabilidad legal o administrativa contra las personas involucradas, sino que forman parte de procedimientos preventivos contemplados dentro del marco normativo.
La dependencia federal también señaló que las personas incluidas en la Lista de Personas Bloqueadas cuentan con garantías legales para ejercer su defensa, entre ellas el derecho de audiencia y la posibilidad de interponer recursos administrativos y jurisdiccionales.
