Propone Iniciativa Sinaloa reformar la ley para fijar plazos en investigaciones por corrupción

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Actualmente, en la Ley de Responsabilidades Administrativas no se fijan tiempos para
la resolución de las indagatorias, lo que ha abonado los últimos años a los altos índices
de impunidad en faltas cometidas desde la administración pública.

Culiacán, Sinaloa, a 09 de diciembre de 2022.- En el marco del Día Internacional contra
la Corrupción, desde Iniciativa Sinaloa AC presentamos ante el Congreso del Estado
una iniciativa de reforma a la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de
Sinaloa, con el objetivo de establecer plazos concretos para la resolución de
investigaciones por posibles actos de corrupción.


En particular, su busca reformar en dicha legislación el Libro Segundo, Título Primero,
denominado “De la investigación y calificación de las faltas graves y no graves”, el cual
regula lo relacionado a los principios que se deben observar en el curso de toda
investigación, todos los aspectos procesales de la misma, la calificación de las faltas
administrativas y todas las obligaciones y facultades con las que cuentan las
autoridades investigadoras de dichas faltas.


La iniciativa recién presentada ante la Oficialía de Partes contiene dos aspectos
fundamentales y sumamente importantes tanto para: a) la inhibición de realización de
faltas administrativas de servidores públicos y particulares, b) la reducción considerable
de la impunidad y c) el fortalecimiento de la transparencia y rendición de cuentas en los
procesos de investigación abiertos.


En primer lugar se pone a consideración de esta Soberanía que se plasme en la Ley de
Responsabilidades Administrativas del Estado de Sinaloa la obligación por parte de la
Autoridad Investigadora (sea cual sea su denominación) de faltas administrativas, de
informar periódicamente al denunciante (pudiendo ser una institución pública facultada
para la presentación de denuncias administrativas o una persona física o moral de

carácter privado), en específico cada tres meses, sobre cualquier avance que tenga la
investigación que derivó de la denuncia presentada.


En segundo lugar, y no menos importante, se busca que la ley establezca un plazo
concreto, específicamente 365 días naturales con la posibilidad de solicitar una
extensión por 183 días naturales, siempre y cuando esté justificada para el desarrollo
de la investigación por la posible realización de una falta administrativa.


Actualmente, no existe un plazo con el que cuenten las autoridades investigadoras para
comenzar y poner fin a una investigación, algo que queda totalmente a discreción de
las autoridades. Esta falta de claridad en el marco normativo ha abonado a los altos
índices de impunidad y de realización de faltas administrativas y delitos por hechos de
corrupción en nuestra entidad los últimos años.


Con lo anterior, desde Iniciativa Sinaloa AC buscamos inhibir la impunidad y, por ende,
la corrupción, estableciendo plazos concretos en la legislación en el desarrollo de las
investigaciones, a los cuales se deben de apegar las autoridades investigadoras de
faltas administrativas, sean graves, no graves o de particulares.


Es necesario mencionar que la presente iniciativa abona a la transparencia y rendición
de cuentas por parte de las mismas autoridades investigadoras, al pretender que
tengan la obligación legal de informar periódicamente a la parte denunciante del
avance de las investigaciones.


Antecedentes
El 09 de diciembre de 2021, Iniciativa Sinaloa presentó un juicio de amparo contra la
Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas por omisiones en la investigación
interpuesta por el caso de Preesforzados Concretos y Agregados de Sinaloa
(Precasin).


Dicha denuncia fue presentada el 27 de febrero de 2020 por la organización, luego de
una investigación periodística en la que se reveló que esta dependencia gastó 1,227
millones de pesos de 2017 a 2019, durante la gestión del ex gobernador Quirino Ordaz
Coppel, con márgenes de transparencia ínfimos, además de otras irregularidades como
el fraccionamiento de obra para evitar la licitación.


A pesar de que el Poder Judicial dictó fallo favorable a Iniciativa Sinaloa y ordenó a la
STRC dar un informe del curso de las investigaciones, la Secretaría de Transparencia
alegó que la ley no le exige plazos determinados para resolver una denuncia. A casi
dos años de presentada, siguen sin emitir notificaciones de los avances de este proceso, un ejemplo que ayuda a entender la urgencia de una iniciativa de ley como la

que hoy se presenta.


Hasta el momento, Iniciativa Sinaloa ha presentado cinco denuncias por faltas
administrativas graves o hechos asociados a corrupción en Sinaloa y 26 en estados de
la frontera norte, pero hasta la fecha solo una de ellas ha concluido con una sentencia
a nivel local y/o nacional.


Datos:
De acuerdo a cifras oficiales del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e
Informática (INEGI), en 2021 Sinaloa, en materia de transparencia y anticorrupción, se
ubicó de la siguiente manera:


Con 74,697 personas, tercer lugar a nivel nacional en la tasa de población por
cada cien mil habitantes que cree o ha escuchado existe corrupción en los
trámites que realizó


Con 50,682 personas, séptimo lugar en la tasa de población por cada cien mil
habitantes a la que algún conocido le refirió actos de corrupción en los trámites
que realizó .


Con 16,537 personas, octavo lugar en tasa de prevalencia de corrupción al
realizar un trámite personal por cada cien mil habitantes.