En toda sociedad democrática hay importantes límites a estas prácticas en la medida en que no pueden violentarse derechos esenciales como los de la privacidad, la protección de datos personales, la libre expresión de las ideas y el derecho a la información.
Evidentemente, la iniciativa de ley en materia de telecomunicaciones presentada por el Ejecutivo federal el 24 de marzo de 2014 provocó reacciones de indignación general.
En la opinión de expertos, tiene ciertos contenidos de dudosa convergencia con las mejores prácticas de protección de los derechos humanos.
Las preocupaciones centrales, en este respecto, giran en torno a temas como la geolocalización sin autorización judicial, el bloqueo arbitrario de señales, una vigilancia de contenidos y flujos de información electrónica sin estándares claros ni la existencia de un órgano regulador independiente.
“Eso no va a pasar, ya hay un gran movimiento nacional en las redes sociales que ha rebasado la opinión de los grupos parlamentarios. En el PAN estamos en contra, estamos apoyando a la sociedad”, indicó el diputado federal Martín Heredia.
Ninguna iniciativa que abra el paso a la sospecha, por ligera que ésta sea, de que es violatoria de los derechos y las libertades esenciales en la red, es viable.
La mejor prueba de que lo relativo a Internet en la iniciativa no cumplía con estas características es el anuncio reciente reconociendo este despropósito y asegurando que se efectuarán las modificaciones correspondientes.
Desde luego que esta postura es encomiable. Estaremos vigilantes, los legisladores federales, de que el dictamen de la misma no vaya en contra de la legítima demanda por un Internet libre del control y la censura autoritaria.
Pero también de que no presente otros contenidos igualmente controversiales en lo que hace a la posible discriminación de medios de comunicación, la eventual violación de los derechos de las audiencias y todo lo que afecte el libre flujo de información más allá de Internet.
