*En este mes morirá la Ley Mordaza: Chuquique
*Nunca se elimina la sospecha de que los golearon
*¿Quiénes reaccionaron con lentitud ante la crisis?
FRANCISCO CHIQUETE
La famosa Ley Mordaza ya tiene fecha de defunción. El presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado, Jesús Enrique Hernández Chávez aseveró que ya hay una iniciativa de reforma que derogará los artículos 59 y 59 bis, que limitaban, sobre todo el segundo, la actividad periodística en torno a los delitos graves.
Fue un buen resultado para la sociedad sinaloense. Al margen de que la dificultad fuese para los periodistas, era el derecho de la comunidad a enterarse el que estaba en juego.
Y no porque la información policíaca sea de especial importancia para el mundo, sino porque se trata de una parte ineludible de la realidad que no puede ni debe soslayarse, al menos no si se quiere avanzar de manera eficaz en la solución de los problemas, aunque algunas autoridades den la impresión de buscar más resultados cosméticos, incluso en un tema tan delicado como la inseguridad, que en alcanzar soluciones efectivas.
Durante la jornada de ayer se escucharon con frecuencia las expresiones de solidaridad para con el gremio periodístico. Los políticos de todos los colores y tamaños se deshicieron en expresiones de absoluto respeto a la libre expresión de las ideas y al derecho a la información, en condena implícita y a veces explícita a la ley aprobada unánimemente por el Congreso.
Pero en realidad no era necesario, pues ya en las cúpulas se habían dado cuenta del yerro cometido y empezaron a mover las cosas para detener los daños. La tarde misma de la votación legislativa se decidió que había que dar marcha atrás, aunque no parecía fácil encontrar una fórmula apropiada, que preservase la integridad y la dignidad de la clase política (?).
Al final se convocó a conferencia de prensa, se anunció la existencia de una iniciativa para derogar los polémicos artículos, se razonó la justificación legal necesaria y sobre todo, se asumió el error cometido, algo que no ocurre frecuentemente entre los políticos, cualquiera que sea su procedencia partidista.
Así pues, de acuerdo con el anuncio hecho por Hernández Chávez, una vez terminado el receso legal del Congreso se reunirá la Comisión Permanente, analizará y dará curso a esta iniciativa de derogación y convocará a periodo extraordinario para el jueves 21 de agosto, cuando el asunto deberá quedar zanjado.
Es sin duda una buena reacción ante la tormenta que se generó con esta disposición que pretendía ni más ni menos que constreñir la información sobre hechos delictivos, a partes informativos obtenidos después de hacer un largo trámite basado en la Ley de Acceso a la Información y prohibía específicamente a los funcionarios de la procuraduría dar cualquier información, como no fuese con el permiso del propio procurador.
¿Se imagina usted el tiempo y las condiciones que eso lleva, en un tema que se caracteriza por la premura? Aparecería exclusivamente la información que el procurador o su equipo decidiesen, en los tiempos y términos que ellos tuviesen a bien autorizar.
Pero bueno, los compañeros periodistas se movilizaron, la sociedad emitió un respaldo compacto, sólido, y los políticos entendieron que el costo iba a ser mayúsculo, de insistir en mantener la legislación tan condenada.
¿QUIÉN REACCIONÓ MEJOR?
Sin duda que el Congreso lo hizo de mejor manera. A ellos se les fue el chile entero, como suele decirse, pero no tardaron en buscar y encontrar la solución. No les quedó de otra a los diputados, que reconocer la ligereza con que manejaron el asunto, e incluso hubo algunas que de plano reconocieron que ni leyeron la iniciativa que aprobaban.
En el enojo corrieron versiones de que los diputados habían sido maiceados para que votaran a favor de una ley tan polémica como esa. Tres de ellos fueron consultados y aseguraron que no hubo “ni un triste grano de maíz”, que todo fue por la confianza de que las iniciativas siempre son resumidas y calificadas en el dictamen, y por ahí se fueron, como ocurre con los asuntos de trámite.
Por supuesto, la iniciativa no fue llevada con el título de “limitaciones a la actividad periodística”, sino que formaba parte de las adecuaciones a la legislación sinaloense para que pueda aplicarse aquí el nuevo sistema de justicia penal, algo con que todos están de acuerdo y que incluso tenían urgencia de votar porque ya se está incurriendo en retraso.
Por eso, aunque Hernández Chávez insistió en que no se trata de una perversidad, sino de un error, le preguntamos si en el fondo no le quedaba la sospecha de que alguien les metió un gol, y reconoció que en efecto, la sospecha siempre queda porque se trata de cuestiones muy delicadas que en un momento pueden ser objeto de manipulaciones, aunque insistió en que no ve que en la Procuraduría General de Justicia de Sinaloa pueda haber nada en ese sentido, nada más que un error que se ha decidido corregir.
El anuncio de esta iniciativa de derogación por cierto, no sólo le enmienda la plana a la Procuraduría, a la que se atribuye autoría del asunto en mención, sino también a la secretaría general de gobierno. El secretario Gerardo Vargas Landeros salió a protestar respeto absoluto a la libre expresión de las ideas, al ejercicio del periodismo y al acceso a la información, defendiendo en todo momento la imposibilidad de que el gobierno de Mario López Valdez tuviese una mala intención respecto de estos temas. La verdad es que si alguien del gobierno no hubiese metido este gol (supongámoslo así), nadie habría tenido que salir a defender al gobernador. No había ninguna necesidad de ponerlo ante semejante escrutinio.
Pero además Vargas Landeros ofreció una rebuscada salida: formen, recomendó a los periodistas, una mesa de análisis y de propuesta, para que se genere una iniciativa de reforma que venga a detener los daños de la ley aprobada. Independientemente del derecho a la iniciativa ciudadana, de la disposición para abrir un espacio de ese tipo, uno se pregunta cuál es la necesidad de hacer tanto circo, maroma y teatro?
El gremio periodístico, como toda la sociedad, fue el afectado en todo esto y los políticos fueron los que hicieron y armaron el desgarriate. ¿Qué llevaría entonces a que fuesen los periodistas quienes se pusieran a legislar, cuando ya en todos sus medios informativos había quedado expresada la opinión y la exigencia? ¿Si un día se les va una ley que permita golpear impunemente a los agentes de tránsito, serán éstos los que deban ir al Congreso a establecer nuevos términos legales que les protejan de semejante desatino?
Por eso Hernández Chávez se ve en contraste, como alguien de respuesta ágil. Y con él los coordinadores de los grupos parlamentarios, aunque a todos quepa la acusación de estar tapando el pozo después de haber empujado al niño para que se ahogue. Tan sencillo como decir “esto estuvo mal” y corregirlo de la manera más adecuada posible, que es la derogación.
Para el folclore quedan expresiones de diversos políticos. Martha Tamayo, por ejemplo, tuvo una primera reacción de defensa a la ley, evidentemente sin conocerla. Su posición fue de respaldo a la institucionalidad, al gobierno que había enviado la propuesta. Cuando se dio cuenta de la barbaridad que avalaba, de la que dijo que era para defender a los periodistas, que ejercían una profesión de riesgo, cambió radicalmente y ubicada a ciento ochenta grados de distancia, emitió una declaración de respeto a la libre expresión, al ejercicio periodístico y de solidaridad con el gremio afectado.
Silvia Miriam Chávez de plano reconoció que hay iniciativas que se aprueban sin leerlas, pero la legisladora representante del municipio de Sinaloa, Flor Esther Gastélum Vértiz se llevó las palmas, al declarar muy oronda que ellos –los diputados- no están obligados a leer todas las iniciativas. Su justificación es que para eso están las comisiones, pero matices aparte, la expresión pinta de cuerpo entero las condiciones y los mecanismos mentales de quienes llegan al Congreso como parte de una actividad de grilla, de escalamiento, más que con un propósito de participación y de aportación.
El diputado guamuchilense César Fredy Montoya Sánchez ni siquiera puede alegar que no se enteró de lo que estaba votando. Fue él quien leyó la iniciativa ante el pleno, de modo que o estaba en el ajo de la represión, o no entendió siquiera lo que estaba leyendo ¿habrá pasado alguna vez por la medición del IQ?
Al final tampoco debe olvidarse un pequeño detalle: la tarde de la aprobación ya todos los actores políticos sabían que la habían regado y que se venían tiempos difíciles, pero el primero en reaccionar oficialmente fue el gobernador Mario López Valdez, cuya oficina de prensa emitió un comunicado para manifestar la disponibilidad del mandatario para acatar cualquier cambio que se considerase necesario en la ley recién aprobada.
Fue como la voz de “arranquen” para que la clase política de todos los partidos se sintiese en libertad para abrirse y pronunciarse por el “respeto ilimitado a las libertades inmarcesibles que la sociedad sinaloense disfruta, merece y que todos respetamos en el devenir histórico de los bla, bla, bla…
