José Ángel Pescador Osuna
Colaboración especial
¿Por qué hasta ahora? Si la reforma educativa en que está empeñada la actual administración empezó a tomar forma desde el 1 de diciembre de 2012. ¿Por qué el gobierno federal se esperó hasta el 21 de julio de 2015, para “apoyar, acompañar y coordinar acciones” con el gobierno del estado de Oaxaca para tomar decisiones que hubieran facilitado el encontrar puntos de discusión estrictamente académicos y no laborales entre la Sección 22 del SNTE y las autoridades educativas de aquella entidad?
Primero fue el discurso de toma de posesión, después fueron las reformas a los artículos tercero y 73 de la Constitución, luego la aprobación de las tres leyes generales: Ley de INE, Ley del Servicio Profesional Docente y Ley General de Educación. Luego siguió un conjunto de cambios institucionales que pretenden darle mayor eficacia a la operación administrativa de la Secretaría de Educación Pública, así como modificar la gestión de las escuelas y fortalecer su autonomía. En síntesis, garantizar que las decisiones de política educativa se tomen únicamente por las autoridades del ramo.
En el caso de Oaxaca el punto central de discusión durante estos meses no fueron las características de la reforma, ni las condiciones para que pueda tener éxito en el mediano plazo, sino el cuestionamiento a los procedimientos de evaluación de los docentes; es decir, a las consecuencias que la misma ley señala sobre los resultados que se obtengan en la aplicación de variados y complejos mecanismos para medir la eficacia de los maestros en su nivel de conocimientos, su práctica docente y los resultados en el aprendizaje de los alumnos.
Buena parte de la responsabilidad de esta incomprensión del ordenamiento dirigido a la evaluación docente, así como su modus operandi, ha radicado en la insuficiencia de información sobre los cambios legislativos, en el desconocimiento de los maestros y personal directivo del contenido de las tres leyes, en la desatención de la SEP y de los gobiernos de los estados para hacer suya la reforma y ejercer un liderazgo responsable y no repetir amenazas.
Con la intención de que no se repitan en otras entidades las actitudes irresponsables e ilegales de plantones sin sentido, de bloqueos de carreteras, de quema de instalaciones escolares, de obstrucción a los procesos productivos de la entidad y se llegue a un entendimiento que facilite la operación del nuevo IEEPO es que presentamos un conjunto de sugerencias que deben recoger especialmente las autoridades educativas y la dirigencia sindical para efectivamente poder garantizar de ahora en adelante que el servicio educativo estará orientado a mejorar el aprendizaje y el desarrollo académico de todos los niños, adolescentes y adultos que tienen derecho a una educación de calidad.
Es por ello que proponemos que las tres partes en conflicto conozcan en profundidad los planteamientos de las visiones que en este momento se dan en Oaxaca en torno a la educación. La SEP propone una reforma modernizante y apegada a la nueva concepción de los derechos humanos, la Sección 22 insiste en un cambio radical que favorezca las mayorías y en la utilización de la educación como un instrumento para disminuir pobreza y desigualdad, no para mantenerlas como flagelos que se transmiten de una generación a la siguiente. El gobernador Gabino Cué propone una educación humanista y justa donde las prácticas irregulares desaparezcan, pero además menciona como mecanismos para la discusión, la tolerancia y la prudencia, no la violencia y la represión. Uno de los puntos esenciales es que se analice a fondo el origen del ala radical de la sección 22 (CNTE) que se extiende a otras entidades de la República como Guerrero (sección 14), Chiapas (sección 7) Michoacán (sección 18) y Distrito Federal (secciones 9 y 10). Pero igualmente el papel que ha jugado el Comité Ejecutivo Nacional del SNTE, especialmente en los años en que el gobierno federal cedió la rectoría en materia educativa a la luz de luchas por el poder, conflictos ideológicos sin sentido y corrupción en una extensión inaceptable. Sólo hay que recordar que el programa sectorial de educación fue sustituido arbitrariamente por la Alianza por la Calidad de la Educación en un acto irresponsable del presidente Felipe Calderón.
Resulta necesario, aunque no suficiente, que el INEE asuma un papel mucho más decisivo y ejerciendo la autonomía que le otorgó el Estado para convertirse en un verdadero organismo de investigación, información, de difusión y de análisis, papel que después de dos años de funcionamiento no ha podido alcanzar, en parte por las decisiones intempestivas de la SEP y en parte por no haber escuchado lo suficientemente bien a los especialistas sobre los requisitos que se necesitaban desde un principio para poder crear las bases de un buen sistema nacional de evaluación de docentes, al que hoy le faltan todavía bases conceptuales y consensos de todos los actores sociales involucrados. El INEE debe dar a conocer masivamente su calendario de evaluaciones, las características de las mismas, los distintos enfoques que se van a utilizar en lo futuro para medir la actuación docente, las variables de contexto tan relevantes en nuestro país, las variables de la escuela (calendario, tiempo de docencia, número de alumnos, etcétera) y su influencia en el aprendizaje, así como los diferentes instrumentos de medición que piensa ir desarrollando en los próximos años. Un avance importante es que ahora los resultados hablan de idoneidad y no de reprobación que algunos organismos utilizaron para estigmatizar a los maestros.
Falta todavía que todos los maestros conozcan lo que ya se ha logrado en materia jurídica, administrativa, institucional, y de esa manera se preparen para que en verdaderos foros, reuniones y talleres se comprometan con los cambios pedagógicos que están por venir. Esto es especialmente válido para las escuelas normales y en general para las instituciones formadoras de docentes, públicas y privadas. La SEP debe disipar esa concepción errónea tan generalizada de que la educación pública avanza irremediablemente hacia la privatización.
Los gobiernos de los estados deben cumplir con la responsabilidad de publicar con detalle y particularidades la situación financiera de la entidad y también por regiones, zonas escolares y escuelas. Un buen punto de partida puede ser el Censo de Escuelas, Maestros y Alumnos de Educación Básica y Especial (Cemabe) del que solamente se conoce información parcial y aislada.
La Junta de Gobierno del INEE está calificada para ejercer el liderazgo académico que le corresponde y el Presidente de la República la conducción política del proceso durante los próximos tres años. El Congreso General y los Congresos estatales estar atentos a las modificaciones que se requieran de las leyes en la materia y velar siempre por la estricta observancia de la ley.
El nuevo IEEPO, o como se llame, no es suficiente para garantizar una educación de calidad en un futuro mediato en Oaxaca, y hay que entender que las condiciones socioeconómicas y políticas que prevalecen en esa entidad no son un caso aislado y particular, ya que los estudios recientes del Coneval demuestran que esto puede generalizarse en distintas partes de la república.
Todas estas instancias deben poner en movimiento sus mecanismos de consulta para que entre en movimiento el principal sustento de cualquier proceso democrático: la participación ciudadana. Olvidándonos de la demagogia ineficiente y de la retórica superficial. El IEEPO es solamente un eslabón en una larga cadena de decisiones que todavía están por instrumentarse.
