Genaro García Luna, el exsecretario de Seguridad Pública de México, se declaró “no culpable” de los cuatro delitos relacionados con tráfico internacional de drogas en colaboración con el Cártel de Sinaloa que le imputa el gobierno de Estados Unidos.
Con la declaración de inocencia de García Luna se tiene que llevar a cabo un juicio en su contra en la Corte Federal del Distrito Este, en Brooklyn, Nueva York, donde el Departamento de Justicia de Estados Unidos debe demostrar con evidencias todo lo contrario.
Acompañado del abogado de oficio César de Castro y ante la juez federal Peggy Kuo, el secretario de Seguridad Pública en el sexenio de Felipe Calderón desafía al sistema judicial estadunidense para que le demuestren su responsabilidad en el trasiego de drogas con el Cártel de Sinaloa a cambio de pagos millonarios.
A través de los fiscales federales, Ryan Harris y Erin Reid, la juez le leyó a García Luna los cargos que le achacan: tres por conspiración para traficar drogas a Estados Unidos y uno de mentir bajo juramento cuando solicitó la ciudadanía estadunidense por naturalización.
El juicio
En las próximas semanas se tendrán que dar a conocer los procedimientos previos al juicio, en los cuales, ante la Corte en Brooklyn, los fiscales y abogados de García Luna definirán los parámetros del proceso judicial formal que podría tardar hasta un año en empezar.
Se espera que, durante el juicio, como lo hizo en el caso de Joaquín El Chapo Guzmán, el Departamento de Justicia presente como testigos de cargo a narcotraficantes que implicarían a García Luna en su relación por cohecho con el Cártel de Sinaloa.
Se vaticina que en las audiencias del juicio salgan a relucir nombres de políticos, militares, y jefes de las fuerzas de seguridad del Estado que, en los sexenios panistas de Felipe Calderón y Vicente Fox, por medio de García Luna y otros, se coludieran con El Chapo para traficar drogas a Estados Unidos y, con impunidad, proteger al narcotráfico.
De ser declarado culpable de los cuatro delitos que enfrenta, García Luna enfrentaría una condena mínima de 10 años de cárcel y una máxima de cadena perpetua.
Fuente: Proceso
