*El almirante dice que los padres son manipulados
*No se atrevieron con el subsidio a la tenencia
*Mínima alza de valores catastrales: ¿cuánto al predial?
FRANCISCO CHIQUETE
Con frecuencia se habla de que el gobierno federal priísta no ha aprendido que las cosas cambiaron durante los doce años en que ese partido no gobernó al país. En realidad ha habido actitudes y decisiones que contradicen la acusación. El propio proceso reformista de Peña Nieto contradijo una parte importante de lo que el PRI consideraba su biografía ideológica. Pero el secretario de Marina vino ayer a dar la razón a los críticos.
En pláticas en corto, en corrillos políticos, muchos hemos escuchado comentarios de priístas que se alegran de que al menos esta crisis sirva para que al equipo presidencial se le quite “lo sobrado”. Hay quienes incluso hablan de soberbia, a partir del triunfalismo con que fue despedido el periodo legislativo que cumplió con los cambios estructurales del país.
Todo sin embargo quedaba dentro de las valoraciones particulares. Los contrincantes políticos repetían las acusaciones y una parte de la comentocracia ejercía el derecho a la crítica y a la disensión, pero otra parte del espectro insistía en limpiar la cara del régimen, en abrir las expectativas que se han generado aquellos que están a favor de las reformas.
Pero el secretario de Marina sí muestra ese desconocimiento de una realidad que parece habérseles escapado a los gobernantes.
El almirante Vidal Soberón Sánz sostuvo ayer durante un discurso que le enoja el hecho de que los padres de los normalistas sean manipulados.
“Me enoja todavía más que manipulen a los padres de familia, que manipulen a esta gente, porque eso es lo que están haciendo para no reconocer (lo que está haciendo el gobierno federal) o para seguir incrementando esto. “Más coraje me da que esta gente que está manipulando a los padres de familia no les interesan ni los padres ni estos muchachos”.
El secretario fue el primero en el gabinete en referirse abiertamente a la orientación política que ha tomado el movimiento de los padres de familia, quienes no quitan el dedo del renglón en la sentida y justa demanda de que aparezcan sus hijos, pero han incorporado una larga serie de exigencias de carácter político, que no sólo tienen como propósito sancionar a los políticos que fallaron a la sociedad en este caso, sino también para transformar el entorno gubernamental.
Quien hable de la politización del movimiento lo hace con realismo. El problema es el enfoque del secretario. Piensa a los padres de nos normalistas incapaces de discernir las acciones que realizan y los rumbos que toman, cuando la mayor parte de ellos son personas con un conocimiento pleno de la política que practican los grupos de izquierda de diversos grados, desde la extremista, que tiene en Guerrero una larga tradición guerrillera, hasta la reformista, que ahí no es tan suavecita como en otras partes, excepto el PRD, que ya quedó fuera del foco de ese concepto en el sufridísimo estado guerrerense.
Para el almirante la única explicación de estas movilizaciones es la manipulación, cuando hay muchos años de rencor social que empujan a los campesinos a una participación política ajena a la ortodoxia, lo que es muy explicables sobre todo a la luz de los últimos acontecimientos. La democracia formal no les resolvió los problemas. No lo hizo durante la larga mascarada priísta, ni lo hizo en los recientes ensayos de perredismo con actores tricolores. Así ¿qué argumentos pueden convencer a esa gente de que crea en el gobierno, de que asuma como cierto todo lo que le están diciendo?
Con el manejo de inteligencia que se le ha concedido a la Secretaría de Marina, con los golpes de precisión que ha dado contra el narcotráfico, uno pensaría que la dependencia tiene información fina sobre todos los asuntos que le interesan, pero el criterio del secretario, en el sentido de que los padres son manipulados, implica que desconocen el trabajo comunitario que al menos en el renglón de politización realizan las escuelas normales y las células de base de los movimientos guerrilleros, los magisteriales y otras corrientes que mantienen el activismo e indoctrinación permanente.
Pareciera que para los miembros de esos altos círculos políticos no hay más que la acertada obediencia o la endemoniada manipulación. Por eso se recurre con tanta frecuencia a la teoría del compló.
NO SE ANIMARON LOS DIPUTADOS;
¿QUIÉN QUISO SACAR LAS CASTAÑAS?
Finalmente las aguas quedaron en su nivel tradicional. La tenencia vehicular queda con el mismo subsidio que ha recibido durante los últimos cuatro años, sin más limitación que la de aquellas empresas y causantes particulares que tengan modo de deducir el pago del impuesto de marras.
En las últimas semanas el gobierno del estado exploró la posibilidad de establecer límites a esa prestación que reciben los causantes por obra y gracia de una promesa de campaña: Sinaloa no pagará tenencia a partir de 1911, ofrecía el candidato a gobernador Mario López Valdez. Era un viejo anhelo de los causantes y una oferta muy atractiva para ganar el favor de los votantes.
Pero era también un sacrificio fiscal muy grande. En el escritorio del gobernador del periodo 2005-2010 estuvo el estudio de costo-beneficio. Era una tentación fuerte, un recurso que tenía la posibilidad de influir en el ánimo de los votantes, pero no se llegó a aplicar.
El propio candidato priísta a la gubernatura, Jesús Vizcarra Calderón, se resistió ante el tema. Algunos asesores le aconsejaron “ganar el jalón” con un anuncio como ese, pero pensando en que sí iba a ganar y en lo grande que sería el boquete en las finanzas públicas, se negó. De todos modos terminó anunciándolo, pero el tema ya era propiedad de Malova.
Trescientos millones, a pesos de 2010 eran muchos pesos. Por eso el nuevo gobernador tomó el modelo de Querétaro y le puso límites a la desgravación, sólo que aun así constituye un problema.
En el transcurso del año –marzo 28-, el subsecretario de ingresos, Clodomiro Espinoza, lanzó el primer anzuelo, acicateado por un acontecimiento: debió autorizar el subsidio para un auto Lamborghini cuyo precio andaba por el millón de pesos. Quien tiene para comprar un vehículo de esos, tiene para pagar la tenencia sin problemas, ni necesita ni merece el subsidio.
La idea en esta ocasión era quitar el apoyo a quienes tuviesen un auto nuevo, o por lo menos, si no existiesen las condiciones para ello, a los que compren autos de lujo, poniendo como límite un precio de 450 mil pesos o más.
Pero como no se puede contradecir una promesa de campaña, el Poder Ejecutivo dejó el asunto en manos de los diputados. Y como los diputados de hoy quieren ser los alcaldes de mañana (o de pasado mañana, ya que mañana salen los diputados federales), todos prefirieron hacerse los occisos y rechazaron cualquier posibilidad de movilización.
Aunque usted no lo crea quien aceptó hacerle el favor al tercer piso fue la diputada perredista Imelda Castro Castro, cuyo activismo contra los hospitales y otras iniciativas oficiales, parecían alejarla de cualquier relación con el gobierno del que fue funcionaria hasta el año pasado.
Pero no. Ella se levantó de la curul y fue a proponer que el subsidio a la tenencia del impuesto vehicular se otorgue sólo a los propietarios de coches con valor de menos de 450 mil pesos. ¿Posición de tintes sociales, para hacer pagar más a quien más tenga? ¿Polvos de aquellos tiempos de unidad y acuerdos que llevaron a todos al gobierno?
Por el contrario, el diputado Óscar Javier Valdez López, que ha sido tapete de las decisiones del tercer piso, se dio el gusto de anunciar que la propuesta de modificación no había pasado. Los que se dieron el gusto de hablar en contra fueron Héctor Melesio Cuen Ojeda, del PAS, Francisco Solano Urías, del PAN, y ¡asómbrese! El otro diputado del PRD, Ramón Lucas Lizárraga, quien prefirió mantenerse apartado de cualquier posible línea. Sospecho que sigue resentido por el trato que recibieron él y su gente tras el cambio de director en el sistema Conalep.
¿DE CUÁNTO SERÁ EL DESFASE?
No se puede negar que como cada año, los diputados cumplieron su tarea con la tabla de valores catastrales, Técnicamente la decisión es limpia. No podemos decir que inapelable porque los abogados encuentran siempre un modo de alegar inconstitucionalidad y conseguir amparos para que sus clientes no paguen el impuesto predial.
Pero conforme a lo que les dicta la ley, en el Congreso aprobaron una indexación equivalente a la inflación que se estima para el año próximo, de modo que los valores catastrales no deberán subir más allá del cuatro por ciento.
El problema es que como cada año, los ayuntamientos hacen sus corridas financieras y con la magia que les caracteriza, se sacan de la manga cobros que van más allá del cien, el doscientos y hasta el mil por ciento respecto de lo que una misma finca pagó durante el año previo.
En este 2014 el gran villano fue la lona que uno, otro, otro y otro causante pusieron sobre el patio para protegerse del sol, y que la medición fotogramétrica que le contrataron a algún cuate, confundió con nuevos techos de concreto. Veamos el año próximo cuáles son los pretextos para cobrar más allá –mucho más allá- del cuatro por ciento anualizado que se le pronostica a la inflación para el 2015.
