*La expectativa que generaron las cuentas públicas
*Dignificar la imagen del político, dijo el Chuquique
*Nomás consiguen el voto y quieren su palacio aparte
FRANCISCO CHIQUETE
La Auditoría Superior del Estado abrió una enorme expectativa en la sociedad al ventilar abiertamente el asunto de los bonos y otras irregularidades encontradas en las cuentas públicas de los municipios y el estado. Sobre todo, llamó poderosamente la atención el que haya endurecido su discurso con quienes entregaron y recibieron bonos especiales al finalizar el trienio anterior.
Por eso desilusiona un poco que la conclusión aprobada por los diputados haya sido en realidad una recomendación para que los ayuntamientos actuales, a través del correspondiente síndico procurador, “hagan esfuerzos para recuperar el dinero entregado indebidamente” a funcionarios de elección pública.
Una sociedad tan agraviada como la nuestra, tan ávida de que un día sean los otros quienes paguen, esperaba algo más contundente. A veces la justicia debiera tener cara de venganza social para que tuviese el sabor, la intensidad y la calidad suficientes. Los agravios son tantos.
Seguramente habrá que esperar a que se cumplan los plazos, a que los síndicos procuradores se quiten La resistencia, el prejuicio político, el compromiso partidista, el terror al dicho métrico decimal que reza “con la vara que midas serás medido”. Después habrá que ver qué hace la propia ASE, cuando un alcalde ordene a su síndico procurador que atienda aquella vieja conseja de que “perro no come perro”.
Ya el hecho de haber ventilado públicamente los casos es una ganancia excepcional, pero la sociedad espera y exige más. Ya es hora de pasar de las palabras a los hechos. En varias ocasiones nos hemos referido aquí al caso paradigmático de Zenén Xochihua, el que se ordenó un bono de 260 mil pesos, quien al verse copado por la opinión pública intentó una salida “elegante” anunciando un donativo por esa cantidad a favor del DIF municipal, no sólo para quitarse el problema de encima, sino para hacer sentir que el dinero no era lo que le importaba. Hoy que le dicen que debe ir a devolver el dinero, no a hacer un donativo, monta en cólera y asevera que el dinero ya lo devolvió y que el recibo que le extendieron no tienen nada que ver con su generoso anuncio del donativo fantasma.
Son muestras de cómo reacciona una clase política cegada no sólo por la ambición, sino por el patrimonialismo.
Ayer por la mañana entrevistábamos a Juan Nicasio Guerra Ochoa, el secretario de agricultura, Ganadería y Pesca, a quien indignaba que el Congreso le fuese a rechazar la cuenta pública del Fofaes, un fondo de apoyo a productores que está bajo su conducción. Ya resolvimos la mayor parte de las observaciones, el rechazo no tiene razón de ser, dijo y dejó ver su molestia por lo que pudiera ser una actitud política.
Explicó que las observaciones son sobre productores beneficiados que no firmaron las cartas correspondientes, pero que la firma no es necesaria porque hay muchos modos de ver si el dinero se entregó o no. Si no se los entregáramos, dijo (tendríamos que ir a la cárcel, pensé que iba a decir, pero no): tendríamos que regresarlo.
A estas alturas, en un funcionario de ese nivel, está mentalmente establecido que el único castigo posible es regresar el dinero y ya.
¿A cuántos de los que entran a la plaza Ley a robar calzones, desodorantes o comida los perdonan cuando entregan de regreso la mercancía? A ninguno. Todos van a dar a la cárcel bajo proceso penal, aunque el daño frustrado hubiese sido por treinta, cincuenta o setenta pesos y lop sabe cualquiera, excepto un funcionario público si se trata de una sanción por responsabilidad oficial.
El presidente de la Junta de Coordinación Política, Jesús Enrique Hernández Chávez, ha sido enfático y reiterativo en su compromiso de que el Congreso no será tapadera de nadie. Esta es una gran oportunidad para comprobarlo. Las cuentas públicas podrán ser un mecanismo técnico-administrativo, un trámite que no necesariamente perdona a los aprobados ni necesariamente condena a los rechazados, pero la realidad está a la vista. No se necesita ser auditor formado en Harvard o en el MIT para saber que una obra no ejecutada no tendría por qué estar pagada íntegramente como pasa en Sinaloa de Leyva con el polideportivo; o que un trabajo de dragado tendría que contar con documentos y testigos múltiples, cuando se trata de una de las zonas urbanas más pobladas de la entidad, como en el sistema Jabalines-Infiernillo, donde nada se puede hacer clandestinamente, mucho menos sacar toneladas de lodo para profundizar los cauces.
El propio Hernández Chávez ha establecido que los políticos están entre el grupo social con menor credibilidad entre los mexicanos, por lo que se ha propuesto que esta LXI Legislatura cambie esa percepción. Conforme se vayan desarrollando las investigaciones y auditorías resultantes de las observaciones a las cuentas públicas, se irá viendo si lo logra o no.
Por lo pronto las votaciones ayer tuvieron otro rango distintivo: hubo diputados que sufragaron en contra de sus propias bancadas y de las mayorías. Tendría que ser algo normal en un parlamento con tanta pluralidad como la que se vive en el Congreso del Estado, pero no había ocurrido.
Ayer pasó la cuenta del gobierno del estado y hubo tres votos en contra: los dos de la bancada perredista (Imelda Castro Castro y Ramón Lucas Lizárraga, quienes dejaron atrás la actitud de pertenencia a toda costa de la alianza malovista) y el priísta Jesús Burgos Pinto, quien ya en otras oportunidades ha hecho ver su independencia respecto de la línea oficial.
En el caso de Mazatlán hubo otros tres votos en contra de la cuenta de Alejandro Higuera Osuna. Fueron su verdugo electoral Fernando Pucheta Sánchez, quien votó al contrario de lo que votaron sus compañeros de la bancada priísta, y los diputados del Movimiento Ciudadano, Mario Ímaz, y del Partido del Trabajo, Leobardo Alcántar.
Hay que ver cómo en algunos momentos el control político llegó a regresar las votaciones legislativas a los años setentas, cuando nadie osaba disentir. Que ayer no se hayan llevado las cosas al extremo grotesco del 38-1 registrado cuando se eligió al Auditor Superior del Estado es una circunstancia muy positiva para todos, incluso para quienes tiran la línea.
LA DESMESURA SE CONVIERTE
EN SIGNO DE LOS ALCALDES
Municipios tan pobres como Concordia y Escuinapa destinaron cientos de miles de pesos a financiar el desempleo de sus regidores y sus directores de áreas. Ambos se encuentran entre los ayuntamientos más modestos del estado, con presupuestos que compiten entre los más bajos, lo que agrava el crimen de distraer dinero tan necesario para atender los problemas siempre presentes de concordenses y escuinapenses.
Imagínense cómo estarán las cuentas públicas de Alfonso Lafarga, de San Ignacio, y de Ángel Silva, en Rosario, para que no hayan pasado ni siquiera cuando había tanta carne para los leones, que los coordinadores parlamentarios pudieron haberlos negociado como hicieron con otros ayuntamientos más notorios.
Es que a veces la desmesura no permite que haya margen de maniobra. Hasta el Chenel Valenzuela, a quien se perdonaba todo en función de sus gracejadas –bufón de la corte aguilarista y luego de la malovista-, terminó rechazado porque era demasiado lo que se le debía perdonar para que se fuera en paz a su casa.
Pero no es la entrega de bonos o el desastre administrativo lo único que muestra la desmesura.
Navolato es un municipio rico en recursos pero pobre en desarrollo, sometido por la inseguridad y sus oficiantes. En medio de pobrezas ofensivas, el anterior alcalde, Evelio Platas –uno de los “cuatro fantásticos”- empezó a crear su fondo para la construcción de un palacio municipal. Lo dramático es que no le alcanzó el tiempo y el dinero del proyecto, once millones de pesos, desapareció como por arte de magia.
En Ahome el alcalde Arturo Soto, ya lo comentamos en este espacio, trae una revolución entre los mochitecos porque su experiencia de vida, su campaña electoral y sus experiencias como gobernante sietemesino, le empujaron a poner la construcción de un nuevo palacio municipal como la prioridad de su gobierno, tope en lo que tope y enójese quien se enoje.
En Mazatlán Carlos Felton sabe que el mayor riesgo que corre Mazatlán es que los tunos del drenaje revienten masivamente y lancen a las calles las aguas negras que corren por toda la ciudad para ir a ser tratadas al pie del Cerro de Crestón, pero como no hay dinero, va a trabajar en obras modestas, en parches que enfrenten y solucionen el problema de día, el que vaya surgiendo. Eso sí: entre sus grandes proyectos está la construcción de un nuevo palacio municipal, que en el listado de grandes temas aparece como “Centro Cívico”.
Ahora aparece Sergio Torres, el alcalde culiche a quien por su origen modesto y su trato usualmente sin poses le han granjeado el mote de “el cholo”, con la idea de construir un nuevo palacio municipal que por añadidura iría a enchinchar una zona como la del Parque Ernesto Millán Escalante, único gran parque con que cuenta la capital de Sinaloa para disfrute de la gente de escasos recursos y del público en general.
No cabe duda que desde el abolengo de algunos hasta el ascenso de otros, todos los que llegan al peldaño del municipio sueñan con su palacio y de algún modo con su coronación ante la historia. Y todavía algunos mazatlecos nos extrañamos de los alcaldes a los que les da por sumarse al desfile del carnaval.
