*Primer golpe con alza a los camiones
*Ya nadie quedó para defender al usuario
*El segundo paquete de cuentas públicas
FRANCISCO CHIQUETE
Elevar las tarifas del transporte público nunca ha sido una medida popular: es mover un mecanismo de defensa social tan acendrado, que el funcionario que dé el sí definitivo debe tener conciencia que –literalmente-le está quitando la comida de la boca a mucha gente.
Según las cuentas que anoche sacaba Marcial Liparoli, durante la entrevista con Guardianes de la Noche, una familia en promedio gasta el 12.5 por ciento de sus ingresos en el pago del transporte urbano. Reconoce que esas cifras dan, siempre y cuando el padre o madre de familia use una sola vez al día (ida y vuelta) el camión que le corresponda, y tenga sólo un hijo en edad de ir a una escuela lejana a su domicilio.
Si esta persona tiene que hacer dos viajes, o tiene dos hijos en escuelas lejanas, incluso si es sólo la señora que tiene que ir a comprar su mandado en otras colonias o al centro, ya se disparó el gasto en ese renglón.
Así de exactos y previsores son los estudios socioeconómicos que hace el gobierno para tomar decisiones tan delicadas para la economía popular.
Cualquiera podrá decir que cincuenta centavos al camión urbano popular es muy poco a como está la vida, a como van los gasolinazos de cada día primero, o de acuerdo con el costo de las refacciones, las llantas, las reparaciones en general, sobre todo ahora que todos los vehículos traen computadoras.
Debe ser fuerte el gasto de mantenimiento de esas unidades, pero como comentábamos en otras entregas, hasta el momento no ha habido un solo permisionario que deje la concesión, que la venda o la traspase por incosteabilidad. Todos siguen ahí, naturalmente indignados por la reducción de sus utilidades, pero con la convicción de que sus familias seguirán viviendo de esa actividad.
Solícitos, los hombres del sector público atienden el llamado de las organizaciones transportistas para romper con la contención tarifaria que se da desde hace veintidós meses. Comprensivos, advierten que el servicio está en peligro, que de otro modo no se puede exigir calidad y atención, por lo que debe aumentarse la tarifa “mínimamente para que no lesione a la economía del pueblo”.
¿Cuántos de los que están en el ajo de la decisión sacaron cuenta sobre lo que han aumentado nominalmente los salarios ya no digamos en décadas, sino sólo en esos veintidós meses transcurridos desde el último aumento (piadosamente hablan de la última revisión tarifaria, porque suena muy violento)?
El decremento en la capacidad adquisitiva del mexicano, excluyendo a los carloseslimes que de tarde en tarde generamos, es evidente. Las tiendas de abarrotes de la ANTAD registran una caída en el consumo de alimentos y las tiendas de la esquina están desapareciendo no sólo porque las grandes cadenas las están ahogando, sino porque además sus clientes tradicionales ya no pueden ir a comprarles ni siquiera con cargo a la tradicional y onerosa libretita de fiado.
Lo peor de todo es que las malas noticias no han acabado. El alza de cincuenta centavos corresponde a los camiones sin aire acondicionado. La semana próxima tendremos la revisión para los que en teoría sí cuentan con el equipo de refrigeración, y que en los casos de Mazatlán y Culiacán son una cantidad muy grande, superando incluso a los que van sin aire y que cobrarán siete pesos. Los concesionarios esperan un peso más para esos, y también para los llamados turísticos de lujo, que ya sólo viven de viejas glorias.
Por supuesto, después del golpe vendrá una ofensa todavía mayor: el anuncio de que los señores concesionarios se comprometen a mejorar sustancialmente el servicio, a mejorar las unidades y a evitar el mal trato de parte de los choferes, mientras que la autoridad se compromete a su vez, a vigilar que ese compromiso se cumpla y el usuario reciba un mejor servicio por el nuevo precio que va a pagar. Después, unos y otros se olvidan para revivir el mismo guión en la siguiente vez que les autorizan alzas tarifarias.
YA SE LOS DIJO NERUDA: “NOSOTROS, LOS
DE ENTONCES, YA NO SOMOS LOS MISMOS”
Como de costumbre, la decisión se tomó precisamente cuando las escuelas están de vacaciones, porque son los estudiantes universitarios los que se organizan y movilizan en protestas. Para cuando regresen el asunto ya es palo dado, aunque ahora tuvimos un triste precedente: los representantes de la Universidad Autónoma de Sinaloa ante la Comisión Interdisciplinaria que analiza el asunto de las tarifas, nos anuncian gozosos que se abstuvieron de aprobar.
Abstenerse, señores, es no participar, pero no es condenar, no es rechazar. Hoy ni siquiera esa satisfacción testimonial le dieron a la sociedad.
IMPERA EL CRITERIO DE LA SEP EN LA
CALIFICACÓN DE LAS CUENTAS PÚBLICAS
Después de todo ¿por qué hemos escandalizado tanto? En la Secretaría de Educación Pública, y su sucedáneo sinaloense, la Sepyc, impera el criterio de que en primaria no hay niños reprobados. Luego entonces los diputados tampoco tienen porqué reprobar a las inocentes y albeantes cuentas públicas que les mandaron los señores exalcaldes.
Obras pagadas y sin ejecutar o sin terminar, facturas falsas para soportar cuentas, gastos sin comprobación y otras chuladas, no son suficientes para rechazar las famosas cuentas, pero nos explican los diputados que a pesar de la aprobación, los funcionarios y exfuncionarios quedan obligados a cumplir con las disposiciones, a satisfacer las observaciones y por supuesto, sujetos a la aplicación de la ley. Por el contrario, cuando una cuenta es rechazada, no implica que los funcionarios involucrados vayan a ir a la cárcel. Tienen la posibilidad de solventar las observaciones que se les hayan hecho y ver cómo se limpian sus nombres.
Entonces, se pregunta uno ¿para qué sirven las calificaciones? ¿Son un mero trámite heredado de las viejas prácticas legislativas que ya quedó rebasado? ¿Es sólo que siguen siendo más fuerte la cultura del acuerdo por debajo de la mesa para que los partidos puedan defender a sus alcaldes uy exalcaldes, incluso sin son pillados con la mano tras la puerta?
Los casos de Saúl Rubio, Eleazar Rubio Ayala, José Manuel Valenzuela y por supuesto, Zenén Xochihua, van a mostrarnos para dónde va la justicia.
Por cierto que hoy aparece el segundo paquete de cuentas públicas. Las anteriores administraciones de ocho municipios quedan sujetos al juicio de los diputados que ya aprobaron las diez anteriores.
De antemano se ha adelantado una serie de situaciones como los bonos para personal de seguridad pública y para algunos regidores de Mazatlán, o la falta de soporte de una obra de dragado por 35 millones de pesos y otras linduras que adornan el caso de Mazatlán.
Ya de antemano se sabe que los treinta y cinco millones fueron solventados con una convocatoria publicada para licitar la obra. ¿Y los comprobantes de su ejecución? ¿La extraviada bitácora de labores es un elemento prescindible?
Hoy empieza el proceso legislativo para que sepamos qué va a ocurrir con los restos de la fama pública del exalcalde Alejandro Higuera Osuna.
