EN LA GRILLA

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*Por fin los síndicos procuradores hicieron algo

*Una historia reciente de inactividad legal y política

*Martha Tamayo rompe o pospone la unanimidad

 

FRANCISCO CHIQUETE

 

Las denuncias presentadas por los gobiernos municipales de Sinaloa y Guasave en contra de las anteriores administraciones constituyen sendos hitos en la historia política y administrativa de Sinaloa. De paso constituyen el debut de los síndicos procuradores, esas figuras que empezaron a existir a partir de la elección del 2004, y de cuyas tres generaciones anteriores nunca se dijo nada relativo a la función que se supone tienen encomendada.

El síndico procurador de Sinaloa, Gustavo Sepúlveda Ochoa apareció públicamente y presentó una denuncia contra la administración de Saúl Rubio Ayala, por el pequeñísimo detalle de haber expedido partidas para la construcción de un polideportivo y una carretera que hasta este momento no se ha terminado, y como dijo don Teofilito.

Luego el de Guasave, José Luis de Anda Mata, presentó una denuncia contra la administración anterior, por un boquete financiero en la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado.

Fuera de eso, no ha habido síndico procurador sinaloense que haya hecho algo por justificar su existencia administrativa. La única explicación sería que todos ellos han vivido en un mundo de absoluta decencia en que nadie, ni los anteriores ni los compañeros de administración, nadie, cometió la mínima incorrección con los recursos que estuvieron bajo su responsabilidad.

En 2004, los síndicos procuradores electos en los principales municipios: Jorge Emeterio Letamendi Líe, de Mazatlán, Josefina García Ruiz, de Culiacán, y  Juan Francisco López Orduño, de Ahome, pasaron inéditos. Letamendi es un hombre de gran prestigio y de convicciones firmes. Incluso se pensó que podría radicalizar sus acciones y meter a Alejandro Higuera en berenjenales políticos, pero no fue así. Obviamente pudo más la prudencia del alcalde que el empuje de Letamendi para meter mano a los resultados de la administración previa, iniciada por el innombrable, seguida por Gerardo Rosete Ramírez y terminada por Ricardo Ramírez González. Josefina García Ruiz fue más famosa en el segundo trienio del sexenio aguilarista, cuando fue secretaria de seguridad pública y de paso llegó a procuradora, pero como procuradora no estrenó los bártulos. De López Orduño, sólo los mochitecos podrían recordar algo, que seguramente no será ni de la menor trascendencia.

Para 2007 los electos fueron César Javier Carvajal Tirado en Mazatlán, Sam Sotero Gatzionis Torres en Culiacán y Mario Arturo Ruiz Soto en Ahome. Si Jorge Abel López Sánchez se opuso a que quemaran a un funcionario panista como mal humor del carnaval, menos iba a permitir que Carvajal, un enérgico abogado cortejado por la izquierda, pudiese hacer algo legal. Jesús Vizcarra Calderón, desde la alcaldía culiche, no dejó que nadie hiciese nada. Todo tenía que salir de él, así que lo de Gatzionis fue una especie de beca. No se diga lo de Ruiz Soto, el síndico procurador de Ahome.

En 2010 Carlos Francisco Angulo Márquez, el síndico procurador de Mazatlán, logró lo que nunca de sus compañeros o colegas: pasó a la historia, no por haber encarcelado a nadie, sino por haber sido alcalde interno mientras Alejandro Higuera iba por su fallida aventura electoral. Angulo Márquez, dicen sus cercanos, cruzaba todos los días de palacio a catedral, a rogar porque Alejandro no fuese a acabar con la imagen que le quedaba regresando a la alcaldía, pero no se le hizo el milagro, como tampoco él hizo absolutamente nada en materia de fiscalización, a pesar de que Higuera pasó todo su trienio hablando de tropelía y media supuestamente cometida por Jorge Abel López Sánchez y sus colaboradores, sin que se procediese bajo ninguna circunstancia.

José Manuel Osuna Lizárraga, el síndico procurador de Culiacán con Héctor Melesio Cuen Ojeda y con Moisés Aarón Rivas Loaiza, no apareció en los periódicos ni por la sección de sociales, mucho menos en las páginas de justicia. Y lo mismo fue con José Ildefonso Medina Robles, el síndico procurador de Ahome que acompañó a Zenén Xochihua Enciso hasta con las autoliquidaciones.

En la generación actual, Javier Ernesto Magaña Lizárraga, en Mazatlán, está más que amarrado. No puede hacer nada contra el gobierno de Alejandro Higuera Osuna, quien tiene un efectivísimo seguro político, y los actuales funcionarios también, pues el alcalde Carlos Felton salió en defensa de los que aparecieron publicados conduciendo autos oficiales sin usar cinturón de seguridad y hablando por celular. Imagínese usted cuando los agarren en una maroma más jugosa.

Irma Guadalupe Moreno Ovalles, la síndica procuradora de Culiacán, no ha hecho más que seguir las incidencias de su jefe Sergio Torres en la lucha contra los circos que usan animales, y Carlos Alberto Achondo Verdugo nomás vegeta. Las autoliquidaciones eran su gran oportunidad, pero a Arturo Duarte se le frunció el ceño a la hora de tocar el asunto y prefirió litigarlo en los medios, sin llevarlo a la Procuraduría General de Justicia (al final, dicen, hubiera sido la misma).

En todos los casos es obvio que la decisión final sobre hacer o no algo respecto de las corruptelas y pillerías de exfuncionarios y funcionarios, está en manos de los alcaldes y que los señores síndicos sólo están dispuestos a hacer o no hacer. Por eso se ha dicho mucho que ese cargo debe ser votado por separado de la planilla del alcalde y regidores, como está propuesto para la siguiente reforma electoral; pero también hay quienes advierten contra la parálisis que puede generar la llegada de un opositor a un puesto de semejante importancia administrativa.

Por lo pronto habrá que preguntarse qué espera Marco Vinicio Galaviz Serrano para mandar a Carlos Misael Romano Valdez a hacer algo contra Eleazar Rubio, del que se ha quejado más que un deudor bancario acosado telefónicamente. O qué espera el Pitón José Ángel Castro Rojo para que su síndico Silvano Castro López vaya a hacer algo contra el exalcalde José Manuel Valenzuela López, el famoso Chenel, quien hace unos meses pedía clemencia, humanidad, para que le aprobaran las cuentas públicas del penúltimo semestre de su último año de gobierno, y hoy se pasea retador pensando que ya se olvidaron todas sus poco graciosos yerros administrativos.

FIDELIDAD ETERNA, PERO

PRIMERO ES LO PRIMERO

En la mesa de concertación Compromisos por Sinaloa todos juraron amor eterno a los lineamientos establecidos. La reforma del estado era, según los dichos, la única meta que todos aspiraban a alcanzar, desde los institucionales y revolucionarios hasta los recién instaurados del PAS, que destacaron el ejemplo que Sinaloa daba al mundo. No se diga los neoinstitucionales del PAN y del PRD, que olvidaron por completo las veleidades de una ruptura que nomás no fue.

Ayer la presidenta estatal del PRI, Martha Tamayo, advirtió que la reforma del estado es importante, pero tiene que esperar a que se concrete la armonización de las leyes sinaloenses con las reformas que se han acordado recientemente a nivel federal, especialmente en lo que tiene que ver precisamente con la materia política.

De paso Tamayo insistió en dejar fuera de la legislación local la tan acariciada redistritación con la que han soñado ininterrumpidamente panistas y priístas. No le toca al Congreso Local ni al federal, les dijo la dirigente priísta. Es tarea que compete exclusivamente al Instituto Nacional Electoral, reiteró, como había dicho en otras ocasiones en que sus aseveraciones fueron tomadas como táctica evasiva para no cumplir con esa exigencia.

A como están los jaloneos en el Congreso de la Unión, no tardarán panistas y perredistas en protagonizar debates más encendidos, aunque aquí parecen estar más metidos en el asunto del diálogo, la convivencia y la hermandad electoral, que en defender sus posiciones primigenias.