DOMINGRILLA POR FRANCISCO CHIQUETE

Ni la secretaria de Turismo se animó a venir; que los empresarios pidan silencio a Feliciano; Que AMLO debió ganar el Nóbel de la Paz

FRANCISCO CHIQUETE

En una entrega de media semana comentábamos la necesidad de que la secretaria de Turismo del gobierno Federal, Josefina Rodríguez Zamora, trajese algún programa de apoyo a Mazatlán, por las graves condiciones en que nos ha puesto la inseguridad.
Pues cómo será ese factor, la inseguridad, que la propia secretaria prefirió suspender su visita, sin que se hubiese conocida una causa importante para ello.

Claro que un día antes habían atentado contra un alcalde -el de Elota-, que le habían robado su coche a una diputada local, que se elevó el número de asesinatos, y que el escándalo por la desaparición de un joven duranguense en un antro mazatleco, alcanzaba sus máximos niveles con la invitación de las autoridades de ese estado, para que no vengan a visitarnos.

Pero uno espera que las autoridades tengan arrojo y valor, que ejerzan el liderazgo que les da el cargo, y se pongan al frente de las situaciones que les competen, como hizo la presidenta Claudia Sheinbaum al presentarse en las zonas de desastre generadas por las lluvias. Por lo visto, esos ejemplos no les sirven a los funcionarios de alto nivel.

La situación de Mazatlán es grave. Está iniciando la temporada alta de turismo extranjero, incluyendo a los residentes temporales que vienen de Estados Unidos y Canadá, y la mala imagen que se nos está generando podría ser fatal.
Pero la secretaria estuvo muy ocupada en asuntos importantes.

¿QUÉ HACER?
Precisamente por ese ambiente, un grupo de empresarios se reunió este sábado, para analizar lo que le toca hacer al sector privado y en la medida de las posibilidades, a la ciudadanía en general, de manera que se rescate, primero la temporada invernal de turismo, que suele ser la más atractiva, y luego para que Mazatlán recupere sus flujos tradicionales y su atractivo para los visitantes potenciales, incluyendo a los habitantes de los estados circunvecinos.

 

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Por supuesto, el punto principal es el de la violencia, pero ahí están muy definidas las potestades, y es el gobierno el que debe y puede aplicar los operativos y protocolos que nos devuelvan la paz.

Por supuesto, nunca está de más la gestión para que se atienda el renglón y para que se resuelvan los casos pendientes, como el del joven Carlos Emilio, desparecido de uno de los antros más conocidos en la localidad. Y está la necesidad de que se impulsen nuevos atractivos, que se afinen los servicios para que resulten más llamativos. A esto se avocaron en la reunión. Habrá que ver qué propuesta resulta de ese encuentro que fue en serio de alto nivel entre quienes manejan la economía mazatleca.

UNA PROPUESTA
Los empresarios y sus equipos podrían empezar por hacer una atenta petición al gobernador Rubén Rocha Moya, para que le haga a Mazatlán el gran favor de evitar que sea su secretario general de gobierno, Feliciano Castro Meléndrez, el que dé las respuestas y desmentidos por casos como el de Carlos Emilio.

Imagínese usted la terrible desventaja en que se coloca a Mazatlán, y a Sinaloa en general, cuando a las vehementes exigencias de una madre dolida, que dice a todos los medios nacionales e internacionales que su hijo fue secuestrado y desaparecido sin que ls autoridades den una respuesta; que a las declaraciones de funcionarios de Durango, que haciendo eco del sentir de su gente, recomiendan no venir a Mazatlán, se conteste con el tono cansino de un burócrata insensible que no sale de su misma cantinela de siempre: “hay condiciones” para que vengan a Mazatlán y a Sinaloa a pasearse con toda tranquilidad.
¿Lo repetiría así, tan campante, si Carlos Emilio fuese su hijo o su sobrino? Desde el poder, las cosas se ven muy diferentes.

UAS. EL DESMEDRADO
DERECHO DE AMPARO
Entre los jubilados de la UAS empieza a perfilarse un movimiento promotor de amparos contra la “reingeniería financiera” de la institución, con una certeza: los derechos laborales son irrenunciables y ninguna consulta popular o impopular, puede justificar el recorte de ingresos que ya están asegurados por una relación laboral o contractual.

Bajo semejante tesis jurídica, los viejos maestros y trabajadores universitarios creen poder sacar la vuelta al corporativismo con que los apabullaron en la votación de la reciente consulta.
En otros tiempos, esa tarea se habría facilitado porque la Ley de Amparo permitía que un juicio ganado por tres demandantes (por separado) hacía jurisprudencia y generaba aplicación general, pero hoy, gracias a la Reforma de Morena, cada trabajador deberá promover su propio amparo, con lo que ello signifique de gastos y de tiempo transcurrido.

También habría sido fácil localizar un despacho jurídico de confianza, con experiencia y exitoso en los menesteres de demandar laboralmente a la UAS y ganar prácticamente todos los casos, pero hoy se da la mala circunstancia de que ese despacho no está operando o si operase con otros encargados, seguramente no aceptaría los casos, porque su titular, la doctora Tere Guerra, hoy está del otro lado de la raya. Tras años de pelear contra el cuenismo y contra los intentos gubernamentales de acabar o disminuir la famosa jubilación dinámica de los universitarios, hoy forma parte del equipo que impulsa la rasurada.

Sobre todo ahora que ya se tomó en serio la posibilidad de aspirar a ser candidata de Morena a la gobernatura de Sinaloa.

PRESUMIDO
Los diputados federales de Morena, además de alinearse del lado de Gerardo Vargas Landeros, se han ocultado para no evidenciar su participación en las fuertes reformas recientes, especialmente la del amparo y las pesadas alzas impositivas que contiene la Ley de Ingresos del año próximo.

El que sí salió a presumir es el dirigente formal del Partido Verde en Sinaloa, Ricardo Madrid, quien le mandó decir a los sinaloenses que votó para “brindar certeza jurídica, combatir la impunidad y alcanzar una verdadera justicia fiscal en México”. Si cuando era “opositor”, ya era más papista que el papa, hoy desde las entrañas de la cuatroté, es más morenista que Fernández Noroña.

PREMIO NOBEL
DE LA PAZ
A nadie en Morena le gustó que el Premio Nobel de la Paz se le hubiese otorgado a la dirigente opositora venezolana María Corina Machado. A la presidenta no le mereció ni un comentario y luego todos en el gobierno y el partido siguieron el ejemplo. Pero hubo uno que se fue de paso: Arturo Ávila, diputado federal morenista y vocero de su fracción parlamentaria, dijo durante una entrevista que ese premio se debió entregar a Andrés Manuel López Obrador, quien tenía más merecimientos para alcanzarlo.

Ávila es el diputado metido en escándalos por tener una residencia en Rancho Santa Fe, California, una de las zonas más exclusivas, con valor de 4.8 millones de dólares. Desde esa justa medianía juarista, opina que su exjefe AMLO merecía en preciado Premio Nobel de la Paz, por el que han suspirado varios presidentes mexicanos.
Sólo una duda nos deja esa tardía postulación del diputado morenista: ¿el premio lo debió recibir AMLO por los 200 mil muertos que dejó su gobierno como saldo de la violencia, o por los 800 mil muertos por la pandemia que él y su equipo manejaron con terrible desatino?