Las versiones y listas de supuestos candidatos de Morena a las alcaldías de Sinaloa muestran que no solamente existe la tensión entre aspirantes y seguidores, sino también facciones enfrentadas que no están dispuestas a ceder al proceso que la dirigencia real ha diseñado.
A los juegos de poder se ha sumado un elemento nuevo: la disposición legal de aplicar la paridad de género.
Una de las careadas más notorias es la de los llamados morenistas puros, que se niegan a acatar los proyectos surgidos del tercer piso, pegando o tratando de hacerlo en uno de los proyectos más cercanos a los afectos del gobernador Rubén Rocha Moya, la reelección o permanencia de Juan de Dios Gámez Mendívil en la Presidencia Municipal de Culiacán.
Una de las medidas más notorias de ese intento de rebelión es la posición de Merary Villegas, la exdirigente estatal de Morena que dejó su puesto y regresó a la diputación federal de la que se ausentó precisamente para ser líder. La señora Villegas, al dejar la presidencia estatal, queda habilitada para buscar una candidatura, sólo que no se apuntó para buscar su tercer periodo en la Cámara de Diputados.
Sus seguidores han dejado correr la versión de que iría por la Presidencia Municipal de Culiacán, y hasta donde se sabe, son las mismas fuentes las que han hecho correr la versión de que si no es Merary, podría ser Tere Guerra, quien colabora con el gobernador y tiene sus simpatías, pero no es el proyecto de éste para Culiacán.
Esos mismos grupos sostienen que las alcaldías de Ahome y Mazatlán serían para mujeres, lo que de entrada provocó un coraje entripado de Gerardo Vargas Landeros, quien hizo de la necesidad virtud y al ver que no estaba en condiciones de competir por la candidatura al Senado, su aspiración real, se “sacrificó” con la reelección y ahora le salen con que “su” lugar sería ocupado por una militante.
En Mazatlán las referencias a posibles mujeres candidatas han sido del gobernador, quien ha hablado más constantemente de la secretaria de Turismo, Estrella Palacios, aunque últimamente se acercó la ex síndica procuradora Elsa Bojórquez, quien trae su aspiración y su grupo, como lo trae la diputada local Celia Jáuregui.
Pero con Rocha y el tercer piso también hay cercanía para Manuel de Jesús Guerrero Verdugo y para Fernando Pucheta Sánchez. Seguramente todos ellos se registrarán en pos de la nominación, para esperar los resultados de la encuesta, cada uno sabiendo qué armas porta.
LOS COSTOS COLATERALES
Esta semana el Congreso tomó varias decisiones importantes. Prácticamente la mitad de los ayuntamientos fueron reprobados en las cuentas públicas correspondientes al 2022, en una buena muestra de independencia para la revisiones, ratificando el buen papel de la Comisión de Fiscalización que encabeza el diputado Sergio Mario Arredondo.
Pero hubo un elemento que echó a perder casi todo lo logrado: la presidencia de la Jucopo, donde Morena controla casi todos los votos, encontró la manera de revertir la reprobación a las cuentas públicas de Mazatlán y Culiacán.
Resulta que el diplomático de la mano de yunque, el poeta del Triángulo Dorado, Feliciano Castro Meléndrez, discurrió que buena parte del periodo auditado correspondía a los exalcaldes defenestrados Luis Guillermo Benítez Torres y Jesús Estrada Ferreiro, era injusto que el señalamiento recayese sobre los sustitutos Juan de Dios Gámez Mendívil y Edgar Augusto González. Así por sus pistolas, la reprobación quedó en el olvido y apareció una aprobación mágica.
En realidad se trataba de quitarle hasta esa sombra a Gámez Mendívil, en el camino por la reelección.
Quizá sea justo para Gámez y para Edgar, pero hay una profunda irregularidad para las sociedades culiacanense y mazatleca, porque la reprobación inicial estaba basada en hechos reales, en “inconsistencias” que ameritaban al menos una investigación y en su caso, sanciones a los responsables.
Y así como aparece la segunda intención de defender al alcalde sustituto en Culiacán, aparece la de irle borrando responsabilidades legales al Químico. Pese a los escándalos del 2021, Benítez Torres tuvo en 2021 una administración sumamente desordenada, por decir lo menos. Luego entonces es válido pensar en una posible exoneración al Químico, que lo deje protegido al terminar el sexenio de su amigo el presidente. ¿Y la indignación de la sociedad? No parece que les importe.
AHORA SÍ SE LE ACABÓ
En cambio a Jesús Estrada Ferreiro sí parce habérsele acabado la buena estrella. Hasta la penúltima visita presidencial siempre había logrado colarse al lugar en que se encontraba López Obrador, aunque sea para un saludo. Fue en una de esas coladas que contra todo pronóstico, consiguió la candidatura a la reelección, pero esta vez fue ostensiblemente rechazado por los guaruras, quienes lo mandaron a hacer bola con la gente que desde la calle frontal del hotel, lanzaba felicitaciones por el cumpleaños del mandatario.
Fue una triste estampa. La crueldad del video narra el momento político de Estrada Ferreiro, quien ya debe haberse despedido de aquella esperanza de una intervención providencial para que lo lancen al Senado de la República.
Por el contrario, su sustituto en la alcaldía, Juan de Dios Gámez Mendoza, que jamás había andado en esos niveles, apareció ancho y sonriente en una foto junto a López Obrador. Los nuevos tiempos.
EL ESCÁNDALO FISCAL
Sinaloa quedó en medio de una feroz disputa entre el SAT y empresas que por razones distintas fueron puestas en el ojo del huracán durante el régimen de López Obrador.
De acuerdo con la narración del gobernador, nuestro estado incumplió el convenio de colaboración con el SAT al auditar inadecuadamente a dos empresas: el Grupo Arhe y el Grupo Coppel.
En efecto: los hermanos Arellano fueron objeto de una fuerte cacería por parte del SAT, que lo consideró seguro objeto de sanciones, sólo que en tres casos distintos se les escapó por muy poco. Cuando ya era tarde, los fiscales se dieron cuenta que les metieron goles con terrenos aparentemente inexistentes en estados como Yucatán, Chihuahua y un tercero. Vieron entonces una nueva oportunidad en Sinaloa, pero en la auditoría los terrenos más sospechosos quedaron validados, lo que inconformó al SAT que encabezaba Raquel Buenrostro. Todavía intentaron rechazar algunos documentos presentados, pero el terreno estaba ahí.
El caso de los Coppel es muy particular: deriva de sospechas sobre un fideicomiso cuyos términos no se debían develar completamente. El pleito de esta administración con los fideicomisos se suma a la gran oportunidad de controlar a una agrupación a la que se identifica como impulsora del frente opositor.
