-Integrantes del sindicato en Mazatlán exigen al Comité de Vivienda 2025 la lista completa de participantes y testigos, mientras continúa el proceso judicial contra el secretario general, Raúl Portillo Molina.
Trabajadores sindicalizados de la Universidad Autónoma de Occidente (SUTAUO), denunciaron irregularidades financieras y manipulación en el proceso de asignación de créditos de vivienda dentro del Sindicato de Trabajadores de la institución, ya que los líderes resultaron beneficiados.
Juan Francisco Rochín, delegado sindical académico en Mazatlán, pidió transparencia en el proceso llevado a cabo por el Comité de Vivienda 2025.
Los inconformes señalan directamente al secretario general del Sindicato Único de Trabajadores Académicos y Administrativos de la Universidad Autónoma de Occidente, Raúl Portillo Molina, a quien acusan de participar en un sorteo de vivienda y ser beneficiado, pese a tener una denuncia penal por el presunto desvío de 5.3 millones de pesos del fondo de vivienda.
«Este dinero no es de una persona, es de más de mil trabajadores».
Durante una conferencia de prensa realizada esta mañana, integrantes del sindicato en el puerto solicitaron la relación nominal oficial de los integrantes del comité, especificando los cargos y la representación que ostentan dentro del mismo.
También exigieron la copia del acta en la que se acordó el método del sorteo, en el cual únicamente se utilizaron los nombres de pila de los participantes, excluyendo los apellidos, decisión que, aseguran, debe justificarse formalmente.
Asimismo, pidieron la lista de las personas presentes en el evento de insaculación realizado el pasado 10 de octubre, para conocer en qué calidad asistieron —ya sea como testigos, autoridades, miembros del comité o invitados—.
En un comunicado, los agremiados recordaron que el secretario general del SUTAUO, Raúl Portillo Molina, enfrenta una demanda penal por presunta administración fraudulenta, enriquecimiento por favorecimiento y otros delitos relacionados con el manejo de recursos sindicales, por un monto de 5.3 millones de pesos.
El caso continúa en proceso judicial; sin embargo, señalaron que Portillo ha faltado reiteradamente a las audiencias, presentando incapacidades médicas emitidas por clínicas privadas y no por el ISSSTE, situación que ha generado malestar entre la base trabajadora.
