Con empresa fantasma, García Cabeza de Vaca duplicó costo de penal femenil

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El gobierno de Francisco García Cabeza de Vaca duplicó recursos para la construcción de un Centro de Justicia para las Mujeres, a través de una de sus firmas fantasma. 

Usando recursos estatales y federales, el gobierno de Francisco García Cabeza de Vaca duplicó recursos para la construcción de un Centro de Justicia para las Mujeres, a través de una de sus firmas fantasma.

A quien es identificado por las autoridades como su prestanombres, Baltazar Higinio Reséndez Cantú le dio un contrato por 25 millones, a Gobernación, le pidió otros 25 millones de pesos y cuando la obra costaría 24 millones, informó a la autoridad federal que había una segunda parte y que el costo había alcanzado 66 millones de pesos.

En el expediente del gobernador de Tamaulipas que se analizará en la Cámara de Diputados para resolver si procede su desafuero, se da cuenta de que la Policía Federal Ministerial incluyó el hallazgo del contrato SOP-IF-EEP-065-17-P en diciembre de 2017 para construir dicho Centro, que apenas fue abierto el 11 de febrero pasado, luego de que la Secretaría de Gobernación le entregó los recursos el año pasado.

El gobierno de Tamaulipas no le informó a Gobernación de dicho contrato firmado en 2017 y de hecho, dio cuenta de que la primera parte del Centro de Justicia se construyó precisamente con recursos federales y la aportación estatal había ascendido a 1.5 millones de pesos.

En las pruebas aportadas dentro de la denuncia integrada contra Cabeza de Vaca por la Fiscalía General de la República, se señala que Inmobiliaria RC de Tamaulipas S.A. de C.V., cuyo apoderado legal es Baltazar Higinio Reséndez Cantú, recibió un contrato con una ampliación de plazo el 26 de febrero de 2018 por parte de la Secretaría de Obras Públicas de Tamaulipas.

De hecho, la FGR ubica a RC de Tamaulipas como una contratista que recibió dos contratos en 2017, que suman 48 millones 600 mil pesos, uno correspondiente al Centro de Justicia, por 25 millones 499 mil 993.20 pesos (porque al ampliarse el plazo subió en 1.5 millones de pesos el monto) y el otro por 24 millones 999 mil 997.84 pesos para un Centro Integral de Prevención y Participación Ciudadana también en Reynosa y a pesar de ello, la empresa declaró en ceros ante el fisco entre 2014 y 2018.

Tuvieron que pasar cuatro años para que casi medio millón de mujeres que viven en la zona de mayor violencia de género en Tamaulipas pudieran contar con una instalación que sirve de refugio temporal y lugar de ayuda psicológica y hasta legal para garantizar el acceso a la justicia en la zona más agreste, apartada y bajo el asedio del crimen organizado que incluye a Reynosa, Nuevo Laredo, Guerrero, Mier, Miguel Alemán, Camargo, Gustavo Díaz Ordaz y Río Bravo, sin considerar a las migrantes que pretenden cruzar por ahí a Estados Unidos.

En el convenio mediante el cual el gobierno de Tamaulipas recibió los 25 millones de pesos para construir la segunda fase del Centro de Justicia para las Mujeres en Reynosa, declaró que la primera parte de la obra también había provenido de recursos federales entregados en 2017 y 2018.

Para esa obra, el gobierno de Tamaulipas echó mano de 14.5 millones de pesos del Fondos de Aportaciones a la Seguridad Pública (FASP), 9 millones 499 mil 993.20 pesos de la Comisión Nacional para Erradicar la Violencia contra la Mujer (Conavim), 1.5 millones de pesos del ramo 28 del fondo estatal de recursos y hasta en 2018 tuvo que utilizar tres millones 384 mil 398.71 pesos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (PAFEF).

Sumado a esos, en el convenio de 2020 con Gobernación y Conavim se planteó que se trataba de la segunda fase de construcción con los 25 millones de pesos recibidos y que el costo total de la obra era ya de 66 millones 31 mil 647.81 pesos.

En octubre de 2017, cuando anunció su construcción, el gobierno de Tamaulipas informó que el Centro de Justicia para las Mujeres en Reynosa costaría en total 24 millones de pesos, de los cuales la aportación federal era de 14.5 millones de pesos y la estatal 9.5 millones.

Tamaulipas era una de las entidades que faltaba de construir un Centro de Justicia para las Mujeres, desde 2010 que Conavim inició el impulso de esas instalaciones.

Información por MILENIO