¿Nos van a esperar? Cuestiona el experto y consultor en Energía, Severo López Arana. La respuesta es no, pues en su experiencia toda transformación en el sector toma al menos una década y México ya va tarde en la carrera de la innovación.
López Arana señaló que de acuerdo con los planteamientos de la Agencia Internacional de Energía (IEA por sus siglas en inglés), el mapa para el Net Zero en emisiones hacia 2030 apunta a que el mundo va a instalar anualmente 1,000 Gigawatts en energías limpias como la eólica y la solar; la venta de vehículos va a crecer 18 veces de lo que tiene ahora; la inversión será de 4.3 trillones de dólares en renovables, la generación de empleos se estima en 30 millones.
A la par de esto, los gigantes que se disputan esta innovación tecnológica ofrecen 11,400 millones de dólares de apoyo a países emergentes que cumplan su tarea.
Durante un foro virtual organizado por la Universidad Anáhuac, el especialista resaltó que para resolver lo de Net Zero, es decir no agregar ni una sola molécula de CO2, 50% será a través de tecnologías existentes, y el otro 50% aún no se sabe.
“¿Estos datos qué le dicen a México? Le dicen que tienen que tener preparada su maquinaria de innovación”, comentó López Arana.
México no está en sintonía a la transición energética que ya está demandando el mundo, de hecho va retrasado en el cumplimiento de sus metas de energía limpia.
En la Ley de Transición Energética se planteaba que 30% de la energía en México provendría de fuentes limpias, se encuentra en 28.2%, para 2024 el objetivo es de 35%, algo que se mira difícil de alcanzar
“Estamos dilapidando quizás el activo más importante en el sector energético y no es petróleo, no es electricidad, no es hidrógeno, es tiempo y nos estamos acabando el tiempo”, explicó.
El Gobierno Federal se está enfocando en fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y a Petróleos Mexicanos (Pemex), pero a través de la eliminación de competencia, “¿Qué tenemos en Mexico? Un escenario de judicialización impresionante, hay de todo, hay controversias constitucionales, acciones de inconstitucionalidad, amparos y hay un impasse tremendo”, refirió el experto.
Por su parte, el director de Medio Ambiente de la OCDE, Rodolfo Lacy Tamayo, indicó que México no está definiendo una política energética que se encamine a cumplir su compromiso con el Acuerdo de París.
En ese contexto, aseguró que México ya no necesita de una empresa petrolera y una eléctrica, requiere un ensamble de las dos para crear una de energía que tome en cuenta una matriz energética más diversificada, con nuevas tecnologías porque el país está atrapado en un paradigma de los años 70.
“Requerimos de algo que se hizo en México en el siglo pasado y que tenemos que al menos intentar replicar, es la transferencia tecnológica que ocurrió en la industria automotriz, ahora lo necesitamos en energía”, dijo.
Adrián Fernández, director ejecutivo de Iniciativa Climática de México, alertó que México no sólo no está cumpliendo con sus metas en energía limpia, se perfila a entrar al top 10 de países más contaminantes porque sus emisiones de CO2 siguen creciendo.
“El mundo ya esta preguntando: ¿qué esta pasando en México? Tiene una serie de políticas, de acciones, de frenos, de atropellos y violaciones a su marco legal atacando y sacando de la carretera a la mala a quienes confiaron en el país, invirtieron en renovables, están frenando de tajo nuevas inversiones”, refirió Fernández.
En tanto, Estados Unidos con Joe Biden quiere recuperar el liderazgo de la diplomacia internacional en cambio climático y para él va a ser muy difícil que su principal socio comercial sea de los países con peor desempeño en el mundo en esta materia, coincidieron los especialistas.
A esto se suma la mirada de todas las empresas extranjeras y de la sociedad civil a lo que vaya a determinar la Suprema Corte de Justicia de la Nación con respecto a la constitucionalidad de la iniciativa de AMLO de reforma a la Ley de la Industria Eléctrica.
Las demandas internacionales están listas en espera de si se ejecuta esto, tanto de las empresas para defender su propio derecho como de los ciudadanos que demanda un medio ambiente sano.
