Miembros del gabinete de Claudia Sheinbaum, durante su gestión como jefa de Gobierno de la CDMX, podrían enfrentar restricciones para viajar a Estados Unidos debido a su presunta participación en la contratación de médicos cubanos, quienes habrían sido víctimas de trabajo forzado.
Si la restricción de visas anunciada por el senador estadounidense Marco Rubio —dirigida a funcionarios de gobiernos que han contratado médicos cubanos— se llegara a aplicar en México, integrantes del actual gabinete de la presidenta Claudia Sheinbaum, así como miembros de su equipo durante su gestión como jefa de Gobierno de la Ciudad de México y funcionarios del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, podrían enfrentar la prohibición de viajar a Estados Unidos.
Entre los nombres que podrían verse afectados figuran Luz Elena González Escobar, actual secretaria de Energía y cercana colaboradora de la mandataria federal; Oliva López Arellano, exsecretaria de Salud de la Ciudad de México; Juan Antonio Ferrer Aguilar, exdirector del Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi); y Jesús Antonio Garrido Ortigosa, exdirector general de Administración y Finanzas de la Secretaría de Salud capitalina (Sedesa).
De acuerdo con documentos oficiales, estos funcionarios firmaron acuerdos que permitieron la llegada de médicos cubanos a México a partir de 2020. Según diversas denuncias, el programa de colaboración médica estaría vinculado con prácticas de trabajo forzado, situación que ha motivado sanciones y restricciones por parte del gobierno estadounidense en otros países.
El pasado martes 3 de junio, el senador republicano Marco Rubio —figura clave de la política exterior estadounidense y aliado del expresidente Donald Trump— anunció la imposición de restricciones de visas para funcionarios de gobiernos centroamericanos involucrados en la contratación de médicos cubanos para misiones internacionales. La medida también contempla sanciones para los familiares de dichos funcionarios.
Rubio, de ascendencia cubana, argumentó en un comunicado que estas misiones constituyen un esquema de “trabajo forzoso” que explota a los profesionales de la salud cubanos, en beneficio del “corrupto régimen” de la isla, y limita el acceso de su población a servicios médicos. Según el senador, la política busca exigir cuentas a quienes perpetúan estas prácticas y reafirmar el compromiso de Estados Unidos con la defensa de los derechos humanos y laborales.
Cabe recordar que el 6 de noviembre de 2019, la organización Prisoners Defenders presentó una denuncia ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y la Corte Penal Internacional contra el gobierno cubano, acusándolo de violaciones a los derechos humanos de los médicos enviados a estas misiones. Pese a ello, México decidió sumarse al programa.
Sheinbaum, la impulsora
Documentos en poder de Proceso revelan que fue la entonces jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, quien promovió la llegada de médicos cubanos a la capital, argumentando la necesidad de reforzar la atención hospitalaria durante la emergencia sanitaria por Covid-19. El semanario documentó este hecho en su edición 2277, publicada en junio de 2020.
El llamado Acuerdo de Cooperación Bienal —del cual Proceso posee copia— fue firmado el 23 de abril de 2020 por la entonces secretaria de Salud capitalina, Oliva López Arellano, y el director de Administración de la dependencia, Jesús Antonio Garrido Ortigosa, en representación del gobierno de la Ciudad de México. Por parte de Cuba, el documento fue rubricado por el entonces embajador en México, Pedro Núñez Mosquera, en representación del Ministerio de Salud Pública de la isla.
El acuerdo contempló un pago cercano a los 136 millones de pesos para que 585 médicos cubanos de distintas disciplinas y especialidades colaboraran durante tres meses en hospitales de la Secretaría de Salud de la Ciudad de México, atendiendo a pacientes infectados por el virus SARS-CoV-2.
