La medida, vigente desde el 3 de agosto, paraliza temporalmente la sanción impuesta por la Secretaría de la Función Pública.
El ex secretario de Hacienda, Luis Videgaray, logró detener la inhabilitación de 10 años que le impuso la Secretaría de la Función Pública (SFP), por acreditarse falta de veracidad en sus declaraciones patrimoniales durante el tiempo que desempeñó este cargo.
Esta información fue confirmada por la propia Función Pública, a través de solicitudes de acceso a la información, aunque clasificaron los detalles como reservados por un año para “salvaguardar la imagen de la persona involucrada”.
Sin embargo, a pesar de la negativa a entregar la información, una revisión hecha en el Tribunal de Justicia Administrativa revela que el funcionario peñista obtuvo la suspensión a la inhabilitación el 3 de agosto de este año.
El expediente 16052/21-17-13-6, radicado en el Tribunal de Justicia Administrativa Federal, revela que, el pasado 30 de junio, Videgaray presentó un juicio de nulidad para intentar dejar sin efectos la inhabilitación de 10 años que le impuso la dependencia federal durante la gestión de la ahora ex secretaria Irma Eréndira Sandoval.
Esto quiere decir que el ex secretario de Hacienda tomó acciones apenas unos 20 días después de la que la SFP enviara un comunicado el 8 de junio revelando que lograron acreditar “la falta de veracidad en sus declaraciones patrimoniales de tres años consecutivos, cuando se desempeñó en las más altas funciones del gobierno federal”.
Investigación inició por Agronitrogenados
La investigación patrimonial inició en junio de 2019, luego de conocer su posible participación en la compra irregular de la planta de fertilizantes Agronitrogenados.
Hoy se sabe que fue una planta chatarra comprada por la administración de Enrique Peña Nieto a sobreprecio y en la cual Videgaray habría estado involucrado y que, incluso, devino en una investigación en la Fiscalía General de la República.
“La sanción que hoy se informa es lo máximo que permite la ley dentro del procedimiento de responsabilidades por las omisiones en las declaraciones patrimoniales de un servidor público”, dijeron en ese entonces en la SFP.
Sin embargo, a petición expresa para acceder al expediente de la inhabilitación revelaron que existía un impedimento legal para proporcionar la información ya que Luis Videgaray había interpuesto un medio de impugnación, mismo que hasta ese momento se encontraba en trámite.
El pasado mes de septiembre, el Comité de Transparencia de esta dependencia realizó una sesión en la cual un comité consideró que la información del caso Videgaray en la SFP debería clasificarse como reservada durante un año más, es decir, hasta el próximo mes de septiembre de 2022.
De revelar el expediente 000002/2020 podrían afectar la esfera personal y jurídica del involucrado y se protegería la conducción del debido proceso, la salvaguarda de la imagen de Luis Videgaray y la protección del principio de presunción de inocencia.
Hasta el momento, el Tribunal de Justicia Administrativa concedió la suspensión definitiva a la inhabilitación, lo que quiere decir que se paraliza temporalmente la sanción impuesta por la SFP.
Confirmaron que una vez agotadas todas las instancias legales y una vez que se haya logrado una resolución firme, se podrá entregar una versión pública que ahora consideran podría tardar hasta un año.
Información por MILENIO
