En Nafta No Hay Daño, es una Resolución Excesiva del Tribunal

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*Un negoció que no se construyó

*El soporte para parar los 300 mlls.

No se puede señalar a nadie si no se tienen las pruebas suficientes porque se afectan derechos humanos y se exponen a la contrademanda; toda denuncia debe presentarse ante las instancias adecuadas quien debe o no determinar si hay culpabilidad, dijo el abogado Jesús Antonio Sánchez Solís, presidente del PAN en Mazatlán, ante acusaciones del alcalde porteño Guillermo Benítez Torres.

Dijo que es muy extraño que se pretenda pagar una cantidad enorme, 300 millones de pesos, cuando la demanda inicial fue por pocos millones. ¿Dónde estuvo el análisis jurídico, el juicio de los magistrados para emitir una sentencia por un negocio que nunca se construyó; cuál es el soporte de la demanda para que se pague una cantidad tan alta? Jurídicamente no hay daño, es una resolución de un Tribunal.

Dijo que el ex alcalde de Mazatlán, Carlos Felton, no puede ni debe reparar un daño patrimonial por omisión porque había un Departamento Jurídico que no actuó en su momento. También hay otros funcionarios responsables como el Síndico Procurador.

Sánchez Solís, experto en el Derecho, insistió en por qué el monto es muy alto del daño, en intereses; en función de qué pruebas por escrito, facturas u otros documentos, se pueden basar para exigir una cantidad tan grande de algo que no existió.

Los magistrados en que se afianzaron para dictaminar o emitir esa sentencia; puede haber un acto excesivo y se puede demandar al Tribunal para que revisen ese expediente; no se puede hablar de un perjuicio cuando no funcionó esa empresa y no se sabe con certeza cuánto iba a ganar y no se puede partir de supuestos o especulaciones, agregó el especialista.

Agregó también que hay muchos abusos de abogados, también de los Tribunales por omisiones que no actúan bien y hay muchos ejemplos en la CFE y que puede ser un simil en el caso con la empresa Nafta y Lubricantes, en donde los magistrados no hicieron bien su trabajo. Los 300 millones de pesos a pagar puede ser producto de un “peritaje inflado” en donde los funcionarios judiciales deben tener o no un amplio criterio, análisis y juicio”, puntualizó.

Sánchez Solís indicó que al parecer la nueva administración está entrampada en algunos temas y no saben por dónde darle. Es difícil que alguien vaya a la cárcel, además que sería un juicio jurídico muy largo y desgastante.