Carlos Calderón Viedas
El problema
Uno de los problemas más serios que enfrenta la Universidad Autónoma de Sinaloa es sostener la jubilación dinámica de sus trabajadores. La prestación, junto a otras conquistas laborales importantes, fue plasmada en el Contrato Colectivo de Trabajo en los tempranos setentas. Consiste en que los jubilados de la UAS sigan percibiendo un nivel de ingreso igual al del salario integral de los trabajadores activos. La situación se volvió problemática en los últimos años debido a que la dinámica de esta obligación contractual, no ha sido acompañada con recursos financieros específicos para solventarla. Al contrario, en primer lugar, debido a que el gobierno federal ha particionado en programas específicos el subsidio que entrega a las universidades públicas, lo que reduce los fondos destinados a pagar la nómina y los servicios personales, que es donde se obtienen los recursos con los que se cubre la prestación, si es que no se cuenta con una reserva especial para estos fines. En segundo lugar, por los reducidos incrementos del subsidio anual que la SEP entrega a las instituciones de educación superior públicas. Finalmente, de manera particular, a que el Estado conoció pero no reconoció el costo de la jubilación como parte de sus compromisos financieros con la institución, de tal guisa que la UAS tuvo que asumir la obligación contractual distrayendo recursos del subsidio regular.
El rector Juan Eulogio Guerra Liera, sindicalista por aquellos años, admite que nunca se previó quién iba a cargar financieramente con la jubilación, el acuerdo contractual fue nada más entre la Administración universitaria y el Sindicato, seguramente, aunque no lo diga, él y sus compañeros de lucha, imbuidos con la pedagogía del Estado providencial, esa confusa idea de un ente político benefactor y opresor al que, mientras no cayera, cabía exigirle todo tipo de apoyos para que la universidad cumpliera sus funciones, creyeron que era cuestión de tiempo para que el Estado se rindiera ante las demandas sociales que consideraban justas. Ha pasado poco menos de medio siglo y tal expectativa no se ha cumplido. Por cuanto al colapso estatal, no parece que esté a la vuelta de la esquina, por contra, lo que sí colapsó fue el carácter benefactor de ese Estado que tanto presumió hasta antes de los años ochenta.
A partir del año 2000 el problema de la jubilación se volvió una seria preocupación para las administraciones universitarias, buena parte de la planta de trabajadores estaba alcanzando los 25 años de antigüedad laboral, requisito para hacer efectivo el derecho a jubilarse. Fue en el período rectoral de Jorge Guevara Reynaga (1997-2001), cuando los universitarios decidieron conocer con mayor precisión el problema financiero de la jubilación dinámica. El número de trabajadores que demandaban el cumplimiento de la prestación crecía sostenidamente. No así los recursos para atenderla con eficacia y prontitud. El problema se mostraba tal cual era, pero se desconocía la fuerza de su evolución. Los estudios actuariales la revelaron.
En ese momento, el pasivo contingente causado por la prestación ascendía a 8 mil millones de pesos, 6.5 veces el presupuesto anual de la Universidad. Solamente para ese año, el costo de un plan de pensiones propio era poco más de mil millones de pesos, lo que significaba el 203% de la nómina, prácticamente el total del subsidio de ese año. Sostener el pasivo únicamente con recursos de la Universidad hubiera significado un gran esfuerzo para la institución y los trabajadores, tanto en los beneficios a lograr como por los costos sobre el salario y el presupuesto de la Universidad, variables que se mueven de forma directamente proporcional, altos beneficios futuros altos costos presentes, y viceversa. Entre las opciones de financiamiento que presentaba un estudio actuarial realizado en ese año (William Mercer), la que más se acercaba a los términos establecidos en el Contrato Colectivo de Trabajo costaba el 53% de la nómina anual.
La preocupación tomó lugar. El XI Congreso General Ordinario del Suntuas, Sección Académicos, celebrado en noviembre de 2003, acordó apoyar la constitución de un fideicomiso con carácter estrictamente preventivo, es decir, no condicionaba el cumplimiento del derecho al fondo financiero, puesto que la responsabilidad seguiría en manos de la Administración universitaria.
Héctor Melesio Cuén Ojeda, rector en el período 2005-2009, decide actualizar la información del pasivo laboral y encarga la realización de un nuevo estudio actuarial con información de nómina de 2006. Los resultados confirmaron las tendencias conocidas. En 2006, el pasivo se había multiplicado por tres al alcanzar 24 mil 134 millones de pesos. Su costo anual, en términos de nómina, ascendía a 323 por ciento. En el nuevo estudio (Valuaciones Actuariales, S. C.), no se consideraron los jubilados como aportantes al fondo de reserva, pero sí a las generaciones futuras, lo que permitió bajar el costo anual a 92%, aunque en un plazo de 175 años. Un abuso de la aritmética, o algo así.
A menos de la mitad del período de Cuén Ojeda, con el apoyo de la dirigencia sindical -sin respetar los acuerdos sobre la constitución del fideicomiso, aprobados en el onceavo Congreso y ratificados en el siguiente, celebrado en 2007-, se modifican los términos en que se otorga la prestación. En julio de ese año firman un convenio rectoría y el Comité Ejecutivo mediante el cual se modifican los requisitos para tener derecho a la multicitada prestación. En ese mismo año se deposita el convenio en la Junta de Conciliación y Arbitraje local y se instala el Fideicomiso pro jubilación.
La insostenibilidad del fideicomiso
La estrategia de Cuén Ojeda fue un éxito en el corto plazo. Acostumbrado a sacar adelante sus proyectos políticos a cómo sea, sin preocuparse por alcanzar los consensos necesarios, logró implantar el fideicomiso y un nuevo esquema de jubilación. Sin embargo, las prisas y los intereses políticos lo hicieron cometer errores que ahora están pesando sobre la sostenibilidad de la jubilación dinámica en el mediano y largo plazo.
El fideicomiso es insostenible por varias razones, financieramente, en primer lugar. Las referencias que hemos hecho sobre los dos estudios actuariales, los únicos que conocemos en este caso, muestran con toda objetividad que mientras el Estado no asuma ninguna responsabilidad en el problema, la comunidad universitaria no podrá resolverlo. Las opciones de financiamiento calculadas oscilan entre el 50 y 100 por ciento de la nómina mensual, hoy apenas se cotiza el 9% de la nómina salarial -incluidos jubilados- más un tanto igual de la Administración.
No parece que el apoyo del Estado vaya a ocurrir si tomamos en cuenta cómo se han dejado a la vera del camino instituciones tan importantes para la seguridad social como son el Seguro Social y el ISSSTE, sin olvidar que eso mismo significa, precisamente, el aliento que se da a las Afores.
El Fideicomiso es insostenible socialmente debido a que un esquema de jubilación que se basa en el sacrificio presente con la promesa de un beneficio futuro, al que no se le tiene confianza en su estabilidad financiera, genera dudas sobre si servirá para lo que fue creado, pende sobre él, en consecuencia, la amenaza del derrumbe, más todavía si en su entorno circulan versiones sobre malos manejos.
Un problema no tanto genérico sino muy concreto, pero que juega un papel importante sobre la estabilidad del Fideicomiso pro jubilación, es la demanda laboral que un grupo de jubilados interpuso contra el descuento que se les aplica en las mismas condiciones que a los trabajadores activos. El recurso legal data de abril de 2008 y a la fecha han logrado resolutivos judiciales que les favorecen plenamente. El último ocurrió el 21 febrero en el Primer Tribunal Colegiado de Circuito con sede en Mazatlán. El fallo ratificó otro anterior dado en junio del 2013, al que la Administración se opuso mediante un amparo que luego sería rechazado.
Todo indica que el último fallo es a la vez el último recurso jurídico que le quedaba a la Universidad. Por lo que las autoridades deberán suspender el descuento a los demandantes, 2200, y regresarles el dinero que les habían descontado. El impacto sobre el fideicomiso no será desdeñable, si se considera que en siete años de operación apenas ha acumulado mil 400 millones de pesos. De aquí se agarran algunos para responsabilizar a los jubilados de la suerte del fideicomiso. ¿Qué decir?
Lo primero, si Cuén Ojeda hubiera atendido las propuestas de los trabajadores haciendo a un lado su inclinación autoritaria que lo conduce a imponer sus proyectos particulares y políticos sin importar la naturaleza de los medios utilizados, por lo menos hubiera evitado transgredir los acuerdos tomados en los Congresos sindicales, máxima instancia de decisión del gremio de los trabajadores. Segundo, el estudio actuarial que encargó siendo rector, no consideraba a los jubilados como aportantes del fideicomiso, sin embargo los incluyó sin tomarlos en cuenta. Seguramente que muchos jubilados habrían estado de acuerdo, por solidaridad, en participar en el fondo de reserva. Error jurídico elemental mediante el cual los diferentes juzgados que han conocido el caso, han fallado a favor del grupo demandante, no podía ser de otra manera. Finalmente, sin que esto signifique que la torpeza con la que se condujo Cuén Ojeda aquí se agote, los resolutivos de los congresos del Suntuas sobre la problemática de la jubilación, aprobaron la creación de un fideicomiso como fondo de reserva preventivo o complementario. Cuén Ojeda, sin embargo, contando con la complicidad de la dirigencia sindical, cambió ese carácter al otorgarle al fideicomiso la exclusiva y absoluta responsabilidad del manejo financiero de la prestación. El plazo previsto para esa función se cumple en 2018.
La solución
Evidentemente que la UAS no puede resolver por sí sola el problema de la jubilación dinámica, situación que saben los gobierno federal y estatal. Culpar al populismo ideológico del problema, no debe ser excusa para dejar que la Universidad se ahogue o para que la prestación sea suprimida. Lo primero sería un despropósito para una institución que tiene una matrícula superior a los 100 mil alumnos. Lo segundo no es, como algunos afirman, un privilegio inmerecido que goza una supuesta elite de trabajadores. Efectivamente, no todos los trabajadores universitarios del país gozan de esta prestación, pero tal hecho no significa que aquellos que la tienen deban renunciar a ella.
Los reclamos off the record que se hacen por la prestación, se enmarcan en la marcada tendencia a disminuir el valor del trabajador, sea por el alto desempleo y los bajos salarios o por el angostamiento de los canales de acceso a los sistemas de seguridad social. El fenómeno no es exclusivo de México, pero es en países con menor desarrollo como el nuestro, en donde esta tendencia mundial del anti empleo y el trabajo precario se suma a los obstáculos económicos y sociales estructurales que históricamente hemos padecido.
La visión que domina a los políticos de ahora es la que los empresarios han tenido desde siempre, el interés privado por encima del interés público. A esa mirada clasista obedece el deterioro que han sufrido las instituciones estatales encargadas de la seguridad social, creadas para incentivar el desarrollo de México. Es así que el proceso de desmantelamiento del Estado benefactor ha corrido junto con la creciente pobreza material y social de la gran mayoría de las familias mexicanas, cuya fuente principal de ingresos proviene de los salarios. Algunas cifras lo demuestran: de los años 80 para acá, la distribución funcional del ingreso se ha vuelto más sesgada a favor del capital. La masa salarial pasó de 36 a 30% del ingreso nacional entre 1980 y 2004. En las últimas seis décadas se ha mantenido alrededor del 33 por ciento. Como punto de comparación, baste decir que los ingresos salariales en los países desarrollados llegan a alcanzar el 50 por ciento. El efecto de los bajos salarios en el ingreso de las hogares es igualmente dramático, para el año 2010, los siete grupos de familias con niveles de ingreso más bajos sumaron el 35.7% del ingreso nacional, todavía por debajo de lo que concentra el grupo más alto, 37 por ciento. Como se observa, la desigualdad en la distribución del ingreso en México es brutal.
En este contexto de inequidad económica y por tanto social, es de toda justicia moral luchar para que la población menos favorecida logre arrancar de los grupos sociales privilegiados la parte del producto social que se apropia por medio de su fuerza económica y con el apoyo de un régimen político a favor de sus intereses particulares.
El reconocimiento del problema de la jubilación dinámica por parte del Estado es determinante para que el problema pueda ser resuelto sin lastimar los derechos laborales. Dicho sin ambages aunque pudiera mal interpretarse ahora que lo laboral naufraga en el mar neoliberal. Si las autoridades no prestan atención al problema y sólo se dedican a presionar para que la prestación sea eliminada, quien naufragará será la Universidad. Si ese es el criterio, que la enfermedad se acabe junto con el enfermo, la Universidad sería una víctima más del modelo desarrollista y depredador que tiene sometido al país desde hace más tres décadas.
