Carlos Calderón Viedas
Uno de los problemas más serios que enfrenta la Universidad Autónoma de Sinaloa es sostener la jubilación dinámica de sus trabajadores. La prestación fue plasmada en el Contrato Colectivo de Trabajo en los tempranos setentas. Consiste en que los jubilados de la UAS sigan percibiendo un nivel de ingreso igual al del salario integral de los trabajadores activos. El rector Juan Eulogio Guerra Liera, sindicalista por aquellos años, admite que nunca se previó quién iba a cargar financieramente con la jubilación, el acuerdo contractual fue nada más entre la Administración universitaria y el Sindicato. Actualmente la UAS debe asumir la obligación de pagar mil millones de pesos a cerca de 4 mil jubilados, debido a que el Estado conoce pero no reconoce el costo de la jubilación como parte de sus compromisos financieros con la institución.
Fue a partir del año 2000 cuando el problema de la jubilación se convirtió en una seria preocupación, buena parte de la planta de trabajadores estaba alcanzando los 25 años de antigüedad laboral, requisito para hacer efectivo este derecho. El pasivo contingente, en ese momento, ascendía a 8 mil millones de pesos, 6.5 veces el presupuesto anual de la Universidad. Solamente para ese año, el costo de un plan de pensiones propio era poco más de mil millones de pesos, significaba el 203% de la nómina, prácticamente el total del subsidio de ese año. Seis años después el costo anual del pasivo había ascendido a 323 por ciento. Era evidente que cubrir ese pasivo con recursos de la Universidad, hubiera significado un gran esfuerzo para la institución y los trabajadores. Las opciones de financiamiento calculadas andaban entre el 50 y 100 por ciento de la nómina mensual, hoy apenas se cotiza el 9 por ciento.
En la administración rectoral de Melesio Cuén Ojeda se modificaron los requisitos para poder gozar de la prestación. Autoridades y dirigencia sindical firman, en julio de 2007, un convenio mediante el cual se modifican los requisitos de jubilación y se crea el fideicomiso que se encargará de la gestión financiera de la jubilación de los trabajadores universitarios a partir de 2018.
La estrategia de Cuén Ojeda fue un éxito en el corto plazo. Acostumbrado a sacar adelante sus proyectos políticos a cómo sea, sin preocuparse por alcanzar los consensos necesarios, logró implantar las nuevas condiciones que rigen el beneficio. Sin embargo, las prisas y los intereses políticos lo hicieron cometer errores que ahora están pesando en la sostenibilidad de la jubilación dinámica en el mediano y largo plazo.
El fideicomiso en su estado actual es financieramente insostenible, los dos estudios actuariales que se han realizado muestran con objetividad que si los gobiernos federal y estatal no asumen ninguna responsabilidad en el problema, la solución definitiva queda fuera de las posibilidades de la comunidad universitaria. Por otra parte, Cuén Ojeda no paró mientes para imponer sus directrices, creyó que las consignas eran suficientes para poner a
un lado los acuerdos. Pudo lograr sus propósitos al principio, pero los avances se están revirtiendo ahora por la manera atropellada como lo hizo, transgrediendo acuerdos sindicales, violando el Contrato Colectivo y haciendo caso omiso de la Ley Federal del Trabajo. Los fallos judiciales a favor de la demanda laboral interpuesta por miembros de la Asociación Civil de Jubilados, son una respuesta inequívoca al autoritarismo y la torpeza con que Cuén Ojeda se condujo en este caso.
El reconocimiento gubernamental del problema de la jubilación dinámica es determinante para que el problema pueda ser resuelto sin lastimar los derechos laborales. Si las autoridades no prestan atención al problema y sólo se dedican a presionar para que la prestación sea eliminada, quien naufragará será la Universidad. Si ese es el criterio, que la enfermedad se acabe junto con el enfermo, la Universidad será una víctima más del modelo desarrollista y depredador que tiene sometido al país desde hace más tres décadas.
