El secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, aseguró que pese a que la política ayudó a reducir la migración en la fronteras con México pero con «costos humanos sustanciales e injustificables» para los solicitantes de asilo.
San Diego.-
El gobierno de Biden lanzó el viernes un segundo intento para poner fin a la política «Permanecer en México» de la era Trump de hacer que los solicitantes de asilo esperen en México para las audiencias en un tribunal de inmigración de Estados Unidos, al tiempo que reafirmó el compromiso de restablecerlo por orden judicial.
El secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, dijo que la política de «Permanecer en México» probablemente contribuyó a una caída en los cruces fronterizos ilegales en 2019, pero con «costos humanos sustanciales e injustificables» para los solicitantes de asilo que estuvieron expuestos a la violencia mientras esperaban en México.
“El MPP tenía fallas endémicas, impuso costos humanos injustificables, apartó recursos y personal de otros esfuerzos prioritarios y no abordó las causas fundamentales de la migración irregular. No sólo socava la capacidad de la Administración para implementar cambios fundamentales en el sistema de inmigración, sino que no brinda el proceso justo y las protecciones humanitarias que las personas merecen según la ley «, abundó al respecto al hacer el anuncio este viernes.
El anuncio se produjo más de dos meses después de que un juez federal ordenó que se restableciera la política «de buena fe», dejando una oportunidad para que la administración intentara nuevamente justificar su finalización.
La administración dijo a principios de este mes que esperaba restablecer la política, conocida oficialmente como Protocolos de Protección al Migrante (MPP), a mediados de noviembre, sujeto a la aprobación del gobierno mexicano. México quiere que los casos concluyan en general en seis meses, acceso oportuno y preciso a la información del caso y mejor acceso a asesoría legal para los solicitantes de asilo.
Lamentó que los migrantes que esperaban en México una determinación en su caso por parte de las autoridades estadounidenses fueron objeto de extrema violencia e inseguridad a manos del crimen organizado que ronda en la frontera, según con «evidencia significativa» con la que cuenta su dependencia.
Mayorkas destacó que México ha dejado en claro que no está dispuesto a aceptar a los migrantes que Estados Unidos buscaba deportar a México bajo el programa Quédate en México, a menos que se realizarán mejoras sustanciales al mismo sin detallar más al respecto.
Algunos de los aliados pro-migración más prominentes de la administración dicen que la opinión del viernes estaba atrasada y que Mayorkas carecía de sentido de urgencia. Los funcionarios estadounidenses niegan la marcha lenta y señalan la investigación que se llevó a cabo para producir el memorando de 39 páginas.
Muchos grupos de asistencia legal con sede en Estados Unidos que han representado a solicitantes de asilo que esperan en México dicen que ya no aceptarán casos de este tipo, lo que plantea dudas sobre cómo Estados Unidos puede satisfacer la insistencia de México en un mejor acceso a un abogado. Los funcionarios de la administración dicen que creen que hay suficientes otros abogados que representarán a los solicitantes de asilo enviados de regreso a México.
Cerca de 70 mil solicitantes de asilo están sujetos a la política, que el presidente Donald Trump presentó en enero de 2019 y su sucesor, Joe Biden, suspendió en su primer día en el cargo. Mayorkas puso fin a la política en junio después de una revisión interna, diciendo que logró una «eficacia mixta».
Los cruces fronterizos ilegales se redujeron drásticamente después de que México, que enfrenta la amenaza de Trump de aplicar aranceles más altos, accedió en 2019 a la rápida expansión de la política. Los solicitantes de asilo fueron víctimas de una gran violencia mientras esperaban en México y enfrentaron una serie de obstáculos legales , como el acceso a abogados e información del caso.
Mayorkas dijo el viernes que su segunda revisión asumió que la política causó una caída significativa en los cruces fronterizos, calificándola como el argumento más fuerte para mantenerla. Aún así, dijo que los beneficios no superan los costos en términos de relaciones con México, recursos y riesgos asociados con la exposición a la violencia mientras se espera en las ciudades fronterizas mexicanas.
«(Hay) problemas inherentes al programa que ninguna cantidad de recursos puede solucionar suficientemente. Otros no se pueden abordar sin restar valor a las prioridades clave de la Administración y las soluciones más duraderas», añadió.
Un panel de tres jueces de la Corte de Apelaciones del Quinto Circuito de Estados Unidos está programado para escuchar los argumentos el martes en una demanda presentada por los estados de Texas y Missouri. Se espera que la administración solicite que el caso sea devuelto al juez federal de distrito Matthew Kacsmaryk, designado por Trump en Amarillo, Texas, quien ordenó en agosto que se restableciera la política.
La administración está reconstruyendo las canchas de carpas en las ciudades fronterizas de Texas de Laredo y Brownsville para manejar los casos de «Permanecer en México».
El regreso de la política y otras medidas recientes orientadas a hacer cumplir la ley han puesto a prueba las relaciones históricamente sólidas de la administración con los grupos pro-migración. Para protestar, varios defensores terminaron abruptamente una llamada el sábado por la mañana de este mes con funcionarios de la Casa Blanca para discutir «Permanecer en México».
Los defensores de la migración en general dieron la bienvenida al renovado esfuerzo de la administración. El senador demócrata, Bob Menéndez, dijo que esperaba que aborde las objeciones legales y ponga fin a una política que, según él, está «deliberadamente diseñada para castigar y disuadir a los refugiados de buscar legalmente la seguridad en los Estados Unidos».
Información por MILENIO
