Se animó el gobierno y los declaró muertos
*La difícil decisión sobre “el municipio 19”
*Paro magisterial: ¿lucha justa o forcejeo?
FRANCISCO CHIQUETE
El gobierno federal dio ayer un paso trascendental en torno al caso más doloroso que ha vivido el país en los últimos años: declaró jurídicamente muertos a los cuarenta y tres estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos en septiembre anterior. La polémica seguirá porque hay una fuerte corriente que no cree en la verdad oficial, pero al menos hay ya algo en torno a qué discutir, coincidir o disentir.
Durante todos estos meses, la Procuraduría General de la República daba datos, dirigía a la opinión pública hacia la teoría del asesinato inmediato, pero sin atreverse a establecerlo como la conclusión definitiva, seguramente por la presión social, la solidaridad generada por las exigencias de justicia de parte de los padres de los desaparecidos.
Al menos dos cosas pueden reclamarse a la federación en este caso: un inicio tardío de las investigaciones, atendiendo a las áreas jurisdiccionales de los niveles de gobierno, y sobre todo al respeto de los espacios de un partido que había sido aliado en buena parte del proceso de reformas de la actual legislatura: el PRD, que gobernaba a la entidad y al municipio donde se dieron los malhadados acontecimientos; la otra es esa actitud vacilante, que no le servía a nadie, pues terminó por carecer de una respuesta concreta a un problema mayúsculo.
Hoy el gobierno nos ha dicho que según sus investigaciones, los estudiantes fueron asesinados desde el primer momento en que se produjo la entrega de parte de las policías municipales a los sicarios del grupo delictivo y que eran ciertas las versiones que corrieron desde el principio, y por tanto las detenciones realizadas han sido las adecuadas, aunque todavía faltan personajes.
Por supuesto, los padres de familia prefieren insistir en que “vivos se los llevaron y vivos los queremos”. Han sido cuatro meses de un sufrimiento atroz para el que cualquier versión benigna tiene altos niveles de credibilidad, sobre todo aquella en que los muchachos se encuentran con vida, retenidos por el ejército.
Hay quienes acompañan a estos padres de familia por convicción, porque la vida en sus comunidades ha sido siempre difícil, dura, con actos de represión oficial, con actos de abuso de las delincuencias protegidas o de sobrevivencia propia; hay quienes los acompañan para establecer públicamente sus puntos de vista políticos, y dentro de éstos, quienes ven aquí una oportunidad para ascender en sus aspiraciones de movilidad social o de hacer carrera en la vida pública.
Todos tendrán ahora un punto para converger o para combatir por la vía legal o por la vía política. El gobierno tiene ahora una posición en la que muchos creen, pero que no defendían porque ni era políticamente correcto, ni contaban con un asidero jurídico.
El establecimiento de esta verdad legal oficial no significa que todo ha terminado. Debe continuarse con la investigación hasta donde dé, y con la flexibilidad suficiente para asimilar nuevos cursos, si es que éstos se presentan. A nadie le conviene un gobierno blandengue, temeroso de tomar una posición porque se siente solo en medio del debate.
Sobre todo, a todos conviene que haya una capacidad de respuesta que evite la impunidad en este y en otros casos, que siente un precedente legal, fuerte, para que no ocurran nuevos casos que sacudan a la república, a los ciudadanos de la república.
¿MUNICIPALIZAR ES
DEMOCRATIZAR?
Entre las muchas promesas que arrojó la campaña electoral del 2010 está la de municipalizar a Eldorado, una importante porción de la municipalidad de Culiacán. Era una oferta atractiva. Las porras se elevaban como globos en cada mitin en que se planteaba el tema, y no eran tiempos de andarse con sutilezas o con aclaraciones sobre los procedimientos.
Ya en el poder, los impulsores de la municipalización se dieron cuenta de que no todo era prometer. Un nuevo municipio siempre trae complicaciones, y los estudios financieros eran negativos, pero estaba la palabra empeñada, de modo que se le envió la responsabilidad al Congreso, que por supuesto, le mandó la pelota a la gente y armó una consulta.
Si se leen los resultados de manera simple, la creación del municipio eldoradense es inevitable. Los votos por el sí fueron muy superiores a los que arrojó el “no”. Por los tiempos de la consulta, el gobernador tenía consigo a la mitad de los diputados por identificación partidista (o coalicionista) y había varios más que ansiaban quedar bien con él para reivindicarse por la militancia vizcarrista, de modo que la declaración de procedencia estaba a la mano.
Pero como ya está dicho, a esas alturas la creación de nuevos municipios ya no era vista con buenos ojos en el tercer piso, de modo que la decisión se fue postergando hasta estos días.
Ayer el Congreso fue “visitado” por simpatizantes del nuevo municipio, que literalmente boicotearon la sesión exigiendo el resultado que ya sienten en la mano. Lo que obtuvieron fue una fecha: Jesús Enrique Hernández Chávez, presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso, ofreció que este jueves se discutiría el dictamen.
La consulta, en efecto, resultó positiva en número de votos, pero resulta que de las ocho sindicaturas consultadas, el “sí” ganó sólo en Eldorado, que por ser la localidad de más población impuso su decisión a las otras siete, en que arrolladoramente se pronunciaron por el “no”.
¿Podrá el Congreso imponer la decisión de una sindicatura a las otras siete? ¿Podrán los diputados decir que no ante una manifestación tan intensa como la de ayer, o quizá más enardecida por la oportunidad que se les escapa? Por lo pronto esto está resultando más peliagudo que la mismísima decisión sobre los hospitales, que va a seguir de vacaciones por unos meses.
¿QUIÉN TIENE LA RAZÓN EN EL
PAGO AL MAGISTERIO FEDERAL?
Maestros de educación básica del llamado sistema federalizado anuncian paros de labores para hoy y mañana, y una manifestación para el viernes, cuando no hay clases por obra y gracia de los consejos técnicos escolares. Protestan porque a muchos de ellos no les han pagado aún la primera quincena de enero y las autoridades locales no quieren atender porque le toca a la federación, según la versión que dicen, e les ha hecho llegar.
El viernes pasado estuvo aquí el secretario de Educación Pública y Cultura, Francisco Frías Castro, quien dijo que ya se había solucionado todo, que estaba por pagarse hasta el último cheque. En lunes y martes se hicieron anuncios en el sentido de que ya todo estaba pagado. Luego entonces ¿quién está faltando a la verdad?
Está advertido que en el magisterio sinaloense prendió ya la llamita de la inconformidad, que había permanecido soterrada a pesar de las evidentes inconformidades por los términos de la reforma educativa. Con deuda o sin ella, estos paros de labores responden más a esa liberación de ls ataduras tradicionales de los profes federales en Sinaloa.
