*Insta Gobernación a resolver muerte de Sandra Luz
*La Procuraduría se quedó chiquita ante semejante reto
*Las tranzas fabulosas en el sector educativo nacional
FRANCISCO CHIQUETE
La intervención de la Secretaría de Gobernación en el caso de Sandra Luz Hernández es un elemento muy fuerte. Para cualquier gobierno, procedente de cualquier partido político, que la Segob condene un crimen y que inste a las autoridades locales –de cualquier localidad- a resolver el caso a la brevedad posible, constituye un hecho político costoso y doloroso.
La Segob emitió ayer un comunicado en que se expresa en esos términos:
“ La Secretaría de Gobernación condena el asesinato de la señora Sandra Luz Hernández, madre activista que buscaba a su hijo Edgar García Hernández desde febrero de 2012.
“A partir de ese momento, Sandra Luz inició una búsqueda para localizarlo y coadyuvó en las investigaciones de la desaparición de su hijo, contando con la solidaridad de otras madres en la misma situación. Sin embargo, el pasado lunes 12 de mayo, fue asesinada en la ciudad de Culiacán, Sinaloa.
“Edgar García, quien era empleado de la Procuraduría General de Justicia de Culiacán, Sinaloa, en febrero de 2012 fue sustraído de su domicilio por personas armadas que irrumpieron en su hogar, por lo que desde ese instante su madre Luz Hernández se ocupó de su localización.
“La Secretaría de Gobernación exhorta a las autoridades del estado de Sinaloa a iniciar una investigación exhaustiva para lograr la captura de los responsables de este delito.
La Secretaría de Gobernación respalda a la familia de Sandra Luz Hernández por esta pérdida”.
En tiempos de Vicente Fox Quezada, el secretario de Gobernación Santiago Creel Miranda podía haber dicho eso y hasta pudo haber dicho misa, pero nadie, absolutamente nadie le hacía caso, ni a la condena emitida ni a la misa oficiada, de modo que podía haberse ahorrado una y otra, sin que el país tuviese una merma mínima.
Con Felipe Calderón ni Francisco Ramírez Acuña, ni Juan Camilo Mouriño, ni Francisco Blake, ni mucho menos el cerrador, Alejanro Poiré, quien empezó como vocero del programa de seguridad, habrían tenido el menor resultado con una intervención como ésta, que las tuvieron en muchos estados de la República.
Hoy sin embargo las cosas son diferentes. La Secretaría de Gobernación ha estado haciendo cosas importantes, fuertes, en los estados. Michoacán es el ejemplo más claro, donde no sólo se nombró a un comisionado que lleva el peso de la gobernabilidad en ese territorio, sino que además metieron a la cárcel a un recientísimo gobernador interino, sin importar que fuese del mismo partido que el secretario y el presidente.
A partir de esas acciones, y de la detención y enjuiciamiento del exgobernador de Aguascalientes Luis Armando Reynosa Femat (que siendo una decisión estatal tuvo que haber sido avalada por la federación), muchos gobernadores empezaron a decir que en sus reinos no eran necesarios los comisionados ni operativos especiales, que ya estaban muy bien coordinados con las fuerzas del orden adscritas a la federación y que sus entidades marchaban a las mil maravillas, y si es posible, todavía mejor.
En la entrega de ayer señalábamos la escasa capacidad de los funcionarios de la PGR para ofrecer a la sociedad sinaloense explicaciones, satisfacciones y sobre todo resultados, así fuese parciales, que nos dieran la confianza de que las cosas van por buen camino, lo que terminaría por obligar al gobernador Mario López Valdez a dar la cara no sólo por su gobierno, lo que es normal, sino también por sus funcionarios.
Ayer el Ahome el gobernador se comprometió a que el caso será investigado a fondo, adelantó que se van a asignar más hombres, los mejores, para que realicen esta investigación y den con el responsable o los responsables. Por supuesto, reconoció la gravedad de este hecho, pero reiteró que se ha avanzado de manera importante en la seguridad, citando las cifras y las comparaciones de este año con las del 2010, que fueron las más altas que se hayan registrado.
El problema es que la PGJE no parece haber considerado la gravedad del asunto. Que maten a una persona que además no andaba en malos pasos, ya es muy malo. Que esa persona sea una activista que luchaba por obtener información sobre el paradero de su hijo, levantado de su propio domicilio y trabajador de la misma Procuraduría, ya es un cuadro de dificultades sin igual, pero eso no llevó al procurador y sus subalternos a salir de la parálisis en que se estacionan cada vez que hay un caso sonado.
En los recientes acontecimientos de la agresión de que fue víctima el director del periódico Noroeste, la reacción fue muy distinta. Es cierto que había un elemento que m ucho auxiliaba: un vehículo con geolocalizador, pero en términos generales se hizo un buen trabajo de localización que por primera vez en mucho tiempo fue más allá de recoger el carro robado y abandonado, para llegar a la detención de prácticamente toda la banda.
Los delincuentes no traen geolocalizador y en las colonias no hay cámaras de videovigilancia, pero toda la sociedad está convencida de que en las corporaciones policíacas se sabe siempre lo que pasa, sobre todo en crímenes sonados. Hay territorios, prácticas, tendencias y acciones que permiten establecer un patrón de conducta delictiva y muchas veces hasta determinar qué grupo, que ala y hasta qué sujeto “se echó el jale”, pero aquí la procuraduría salió con las manos vacías, de modo que la mismísima Secretaría de Gobernación tuvo que aparecer a urgirlos por resultados.
En el momentum mexicano que el presidente ha buscado aprovechar con una buena proyección internacional, uno de los puntos difíciles ha sido la calificación de los derechos humanos. Los diagnósticos de los grupos internacionales de esa especialidad han sido negativos, y si estados como el nuestro le echan más leña a la hoguera con un crimen de estas características, las dificultades seguramente serán mayores, de modo que el procurador y sus muchachos deben tener claro que si no tienen mucha prisa por atender las exigencias de la sociedad sinaloense, de una opinión pública que convirtió el sepelio de Sandra Luz Hernández en un público reclamo de justicia, la Secretaría de Gobernación no parece dispuesta a esperar a que se le echen más frijolazos internacionales.
MÁS DESCUBRIMIENTOS Y
MÁS GOLPETEO ANTIPROFES
Con los datos del Inegi, divulgados por la Secretaría de Educación Pública en respuesta a las demanda de la sociedad, aparecen nuevas irregularidades, graves y escandalosas, en el sector educativo del país. Y estos son verdaderamente costosos, a juzgar por un par de datos elementales.
Una agrupación afín a Mexicanos Primero, que responde al acrónimo de IMCO, dice que hay escuelas inexistentes, creadas sólo para asignarles nóminas de gente que no trabaja porque además no tiene a dónde hacerlo. Las escuelas fantasmas cuestan nada más y nada menos que trescientos veinticuatro millones de pesos ¡mensuales!
Hay además otro dato que de no ser tan grave, resultaría cómico: la mitad de las telesecundarias del país no tiene servicio de energía eléctrica, de modo que cómo pueden trabajar ahí maestros y alumnos? ¿Qué clase de educación pueden recibir esos chamacos, en el supuesto caso que el profe a cargo intente trabajar?
Las desviaciones, por lo visto, son inagotables. Ya se había visto el caso de los profesores que están en las nóminas de sus correspondientes escuelas, pero jamás se presentan a trabajar, y ahora ya ni siquiera por el cheque, pues los medios modernos de pago les evitan hasta esa mínima fatiga.
Imagínese usted lo que podría hacerse con 324 millones de pesos mensuales: cuántas escuelas no estarían ya solucionando sus problemas de dotación de agua, de drenaje, de instalaciones sanitarias dignas, hasta de transformadores o subestaciones eléctricas que permitan el servicio de los aires acondicionados. Es muy posible que esa cantidad no alcance para satisfacer todas las necesidades –tan atrasadas están las cosas en el país- pero la aventajada sería maravillosa.
Ahora que una cosa es que lo sepamos, y otra que se vaya a proceder automáticamente. Todavía es necesario que la sociedad presione, que se venzan las resistencias y los cotos de poder.
En contrapartida vemos a estos organismos que en nombre de la sociedad lanzan señalamientos, invectivas, acusaciones que tienen la base real de estas cifras y casos. Ayer el director en Sinaloa de Mexicanos Primero, Juan Alfonso Mejía López Lizárraga, posteó en Facebook “Reportan estados, en promedio, 153 prestaciones adicionales para maestros. ¿Cuántas y cuánto cuesta esto en Sinaloa?
Es absolutamente legítimo y hasta obligatorio perseguir las irregularidades, pero llegar al grado de pretender ir contra los derechos de los trabajadores de la educación ya es un exceso. Que les quiten los beneficios a aquello maestros que ganan sin trabajar, o que tienen sueldos absurdos como ese de seiscientos y tantos mil pesos mensuales que se dio a conocer nada menos que en Oaxaca. Pero ir a perseguir los beneficios de la gente que sí trabaja y que no tiene más que el salario normal, aderezado con prestaciones, ya es tratar de volver a los tiempos de la tienda de raya.
