Sinaloa, embarrados y embroncados todos; que sacudirán a la FGS; ganar el poder y perder los ideales
Sinaloa, su sociedad y su gobierno van a sufrir durante los próximos meses a raíz del caso Zambada y su indiscutible secuela, la muerte del diputado federal electo Héctor Melesio Cuén Ojeda, cuyo asesinato se enreda cada vez más en el ámbito oficial.
Desde el jueves negro del 25 de julio. Sinaloa está en la mira internacional y se le escudriña con ojo crítico, a veces hábilmente, pero en muchas otras con conclusiones simplistas que nos colocan como un estado bajo sospecha.
No es fácil asimilar que aquí se siguen desarrollando los grupos delictivos que impactan en el país y en muchos otros territorios, aunque ahora existan más competidores. Todo personaje que directa o tangencialmente aparezca en esta trama tan similar a una escabrosa serie televisiva, se convierte en reo de sospecha y se escudriña no sólo su supuesta o real participación en el caso, sino su pasado y sus antecedentes familiares. Ahí está el escándalo en torno a Jesús Vizcarra, por facilitar un avión.
Al gobernador Rubén Rocha Moya no lo han soltado sus enemigos políticos de Sinaloa, pero tampoco los que nacionalmente se asoman a dilucidar lo que aquí pasó. Hay un concierto de voces -informadas y desinformadas- que en tres patadas deshacen cualquier explicación, desechan cualquier prueba ofrecida y sueltan no sólo condenas, sino sentencias severas, y adelantan las consecuencias que bajo esas miradas, tendrá el episodio.
En contrapartida hay también quienes por interés político o de cualquier otro, o por convencimiento, se lanzan a la defensa del ejecutivo estatal, con avales directos como el del presidente Andrés Manuel López Obrador, la presidenta electa Claudia Sheinbaum y los gobernadores morenistas que en bloque firmaron una carta exonerando a Rocha Moya de las acusaciones que no se le han hecho formalmente (por cierto, no se ha movilizado así el morenismo sinaloense, quizá en una medida inteligente que trate de evitar la intensificación del debate, o quizá porque los rivales internos prefieren callar para no verse involucrados).
Parece viable la explicación de que a Ismael Zambada lo engañaron diciéndole que participaría en una reunión con el gobernador y con Cuén, ya que para ello no se necesitaba tener ahí al funcionario; si el propósito real no era dirimir diferencias, sino llevarse el Mayo como se lo llevaron, según la explicación que da él mismo y que avala el gobierno de los Estados Unidos, Rocha no era necesario. Eso, sin embargo, no debe impedir que la autoridad encargada del caso (hoy, la Fiscalía General de la República), investigue por qué el nombre del gobernador fue utilizado.
Sinaloa no sólo es mencionado como lugar de narcos y gatilleros. Además de eso, o por eso, los más destacados analistas advierten el riesgo de una guerra entre las facciones del cartel del Pacífico o de Sinaloa, como indistintamente se le llama. Si efectivamente se desata esa guerra, la sociedad se verá gravemente lesionada, como ha pasado en otras épocas, no tan lejanas, como la del cierre de la primera década del siglo y la primera mitad de la segunda, cuando la lucha por las plazas nos llevó a colocar a nuestras principales ciudades sinaloenses entre las más violentas del mundo.
Ya ayer los reportes hablaron de siete ejecuciones en diversas partes del estado, contando entre las víctimas a un personaje cuya captura tenía precio en los Estados Unidos.
Esperemos que haya cordura. Deberíamos esperar también capacidad de respuesta de las autoridades estatales y federales, pero ya vivimos la amarga experiencia de los Culiacanazos uno y dos, cuando la movilización del ejército ilegal llegó a superar a las fuerzas del orden.
Ahora bien, no son esos los únicos problemas generados por el affaire Zambada. También está el frente internacional, en que Estados Unidos hace reconocimientos hablados cada vez más enfáticos a la colaboración de México, pero en la práctica cierra las vías de información para asuntos ya ocurridos, como el que nos ocupa, y lo más seguro es que también para cualquier otro caso que esté en proyecto o en proceso de ejecución.
Por otra parte el cuestionamiento no se queda en Sinaloa. El presidente López Obrador volvió a arreciar sus ataques contra los enemigos conocidos, diciendo que usan dinero de los Estados Unidos y que ese dinero se utiliza para alimentar el hashtag #narcopresidente, que tanto le ha dolido desde la campaña electoral y que él creía ya superado.
Sólo una investigación de altos vuelos puede determinar si en efecto, hay una gran inversión para conseguir que ese lema siga siendo trending topic, o si los comentarios negativos hacia el gobierno y el propio AMLO vienen de una corriente orgánica, es decir, de personas que no están satisfechos con el derrotero de la lucha contra la inseguridad y así lo manifiestan en ese enorme foro que son las redes sociales, esas que hace seis años fueron llamadas “las benditas redes sociales”.
LA FUERON, PERO
AMIGABLEMENTE
El papel de la señora Sara Bruna Quiñónez como fiscal general en Sinaloa fue tan malo, que debió irse al año de su nombramiento, pero nadie en el tercer piso lo quiso ver así. El desorden que ya existía en la Fiscalía desde su creación y sobre todo desde su antecedente legal, la Procuraduría General de Justicia de Sinaloa, se mantuvo y se incrementó.
La versión oficial de que presentó su renuncia honorablemente duró poco. El propio gobernador admitió que si bien no le pidió la renuncia porque no tiene facultades para ello, sí le aconsejó esa medida, consejo que aceptó y aplicó inmediatamente. Para efectos prácticos, no se fue, la fueron, aunque amigable y respetuosamente.
Durante su periodo no hubo mejoría real en la dolorosa impunidad que campea sobre los casos de crímenes dolosos, y aunque se presume de una importante disminución en el número de delitos, la verdad es que hay una cifra negra de casos que no son denunciados por falta de confianza o por franco temor a que de las oficinas públicas salgan las informaciones que expongan a los denunciantes a una venganza.
Hoy se asevera que incluso antes que haya un nuevo titular o una nueva titular en la institución, se producirá “un cambiadero” e incluso un corredero de elementos que no cumplan con los requisitos y con los niveles de confianza requeridos. Medida imprescindible que siempre será bienvenida, pero que en este caso llega tarde. Se fue ya medio sexenio, un tiempo desaprovechado.
Por cierto empiezan a mencionarse nombres salidos de quién sabe dónde, como barajas para la sustitución de la fiscal. Son especulaciones probablemente sin fundamento, pero frecuentemente esas terminan por volverse realidad. Todos los nombres son de personas conocidas y sin tachas públicas graves, pero con la característica de ser mencionados por cercanía al poder y no por cualidades y capacidades tan específicas como las que exige un puesto de esa naturaleza.
ES INEVITABLE LA
SOBREREPRESENTACIÓN
Una vez calificada la elección presidencial y avalada por la autoridad correspondiente, lo que sigue es definir la integración de los órganos legislativos. Están pendientes los doscientos elementos que llegan a la Cámara de Diputados por la Vía Plurinominal, y los treinta y dos senadores que llegan también como pluris.
Aunque los partidos de oposición y la opinión pública insisten en rechazar que Morena y sus partidos satélites obtengan suficientes espacios de representación proporcional como para alcanzar un 75 por ciento en la Cámara de Diputados y un 60 por ciento de escaños en el Senado, habiendo alcanzado sólo el 54 por ciento de la votación, no parece haber disposición en el INE ni en el TRIFE como para echarse un boleto tan grande como detener esa amenaza.
Tener mayoría calificada le permitiría a Morena concretar el ambicionado Plan C del presidente: tirar la actual estructura de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, desaparecer los órganos autónomos constitucionales, disminuir y reorganizar los órganos electorales a la medida de sus antojos y en fin, tener vía libre para gobernar sin oposición efectiva y sin contrapesos.
La perspectiva más pesimista para la gente del gobierno habla de que obtendrían sobradamente la mayoría calificada en la Cámara Baja (diputados) y se quedarían sólo a tres de lograrla también en la de Senadores.
Una diferencia tan pequeña como esa (tres senadores) podría ser la diferencia entre derrumbar el sistema jurídico actual, o evitar el colapso, pero no hay que guardar muchas esperanzas. Dice un analista derechoso, muy neoliberal, que a partir del primero de septiembre se va a poner muy barato el kilo de senadores de oposición, porque serán muchos los que quieran negociar con el gobierno de Claudia Sheinbaum para obtener prebendas personales o políticas. O sea, que habrá mucho de dónde comprar esos tres votos necesarios.
EL RECERDO DE
LUIS H. ÁLVAREZ
Cuando estaba en ascenso el PAN entró en una dinámica de enfrentamientos internos en que los grupos se peleaban la dirigencia, olvidando la mística de ideales y militancia que los sostuvo mientras fueron una organización casi testimonial. Entonces dos Luis H. Álvarez lanzó una convocatoria para que los panistas pudieran “ganar el poder sin perder el partido”.
Hay quienes atribuyen esta sentencia a Carlos Castillo Peraza, pero el caso es que la advertencia no fue oída, on Vicente Fox se ganó el poder, pero el partido se fue a la deriva. Felipe Calderón usó la idea para publicar un libro llamado Ganar el gobierno sin perder el partido y ganó el gobierno, enfrentado al presidente Fox, a quien sucedió.
Pero desde entonces el partido, que dio entrada a todas las taras de las organizaciones en el poder, asumió el modelo priísta de gobernar y de militancia, y se fue yendo para abajo hasta terminar en las condiciones actuales, siendo una minoría muy disminuida que no pudo repuntar ni mediante la alianza con sus enemigos históricos, los priístas y los perredistas.
Morena se enfrenta hoy a un dilema muy similar. Primero, con Andrés Manuel ganó el gobierno y él retuvo al partido; después, con López Obrador y la candidatura de Claudia Sheinbaum, retuvo el gobierno y se lanza mediante una sobrerepresentación legislativa, a ganar el poder, el poder definitivo.
No sabemos si López Obrador soltará el partido (aunque hay indicativos que lo niegan), pero lo que sí están perdiendo son los principios que animaron la lucha de aquella oposición de izquierda que siempre reclamó al gobierno el autoritarismo, el mayorieto irracional, la cerrazón frente a las ideas y propuestas ajenas, el apropiamiento de las instituciones y las maniobras legalistas para poder seguir hablando en nombre del pueblo de cosas que el pueblo no ha puesto en el debate nacional.
Con el arrasamiento a las oposiciones y los contrapesos legales, Morena se apropia del modelo priísta que provocó las luchas electorales, gremiales y sociales de los grandes hitos posrevolucionarios, incluyendo el movimiento estudiantil del 68. Un partido que pierde sus ideales y postulados por retener el poder, se pierde a sí mismo, como finalmente pasó con el propio PRI, al PAN y al PRD. La diferencia es que difícilmente habrá una sociedad que aguante otros setenta años, por más eficaces que sean los repartos de ayudas sociales.
