Bertha Alcalde Luján, titular de la Comisión de Operación Sanitaria de la Cofepris, reconoció que recibieron una serie de denuncias cometidos presuntamente por verificadores estatales contra establecimientos de salud en Quintana Roo.
La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) quitará a todos los estados sus facultades de verificación sanitaria, como sucedió recientemente con Quintana Roo, en caso de detectarse actos de corrupción, extorsiones, mordidas y sobornos cometidos presuntamente por verificadores estatales contra establecimientos dedicados a la prestación de servicios de salud.
“Desafortunadamente esto es algo histórico, era común que las comisiones que tienen que ver con riesgos sanitarios en las entidades (las llamadas Coespris, creadas por decreto el 5 de julio de 2001) funcionaban como cajas chicas de gobiernos locales, y decidimos, como parte de una estrategia más general de combate a la corrupción, ser más estrictos, tomar acciones preventivas, aun no podemos hacer conclusiones (de las denuncias), pero es importante que en Quintana Roo se sepa que únicamente los funcionarios federales pueden hacer verificaciones en laboratorios, en hospitales, en los distintos establecimientos de salud, en farmacias”, explicó Bertha Alcalde Luján, titular de la Comisión de Operación Sanitaria de la Cofepris.
Alcalde Luján reconoció que recibieron una serie de denuncias de corrupción, extorsiones, “mordidas” y sobornos, cometidos presuntamente por verificadores estatales contra establecimientos de salud en Quintana Roo, lo cual ameritó abrir una investigación por parte de la Secretaría de la Función Pública (SFP) y se encuentre en curso la de la Fiscalía General de la República (FGR).
Ahí, el 21 de octubre, tras posibles irregularidades reportadas en las acciones de vigilancia sanitaria llevadas a cabo por la Dirección de Protección contra Riesgos Sanitarios (DPRIS), del estado de Quintana Roo, la Cofepris determinó retirar sus facultades de verificación en establecimientos de salud, asumiéndolas para garantizar la protección de la salud de las personas en la entidad.
“Es importante que la ciudadanía de Quintana Roo sepa que únicamente los funcionarios federales pueden hacer verificaciones en laboratorios, en hospitales, en los distintos establecimientos de salud. Los verificadores estatales no tienen las facultades para aplicar medidas de seguridad. No pueden ni suspender labores ni multar ni asegurar productos. Eso lo va asumir por completo la Cofepris”.
Por secrecía a la investigación legal, la funcionaria aseguró que no puede dar detalles. “Sí, se detectaron ciertas prácticas irregulares en Quintana Roo que se están ahorita investigando. No puedo dar detalles (…) pero sí puedo adelantar que se tratan de presuntos actos de corrupción, de mordidas como lo conocemos comúnmente, que se piden a ciertos sectores relacionados con salud. Por eso se decidió que la Cofepris vuelva a asumir las facultades originarias de verificación de los establecimientos de salud, de los insumos de salud” de manera preventiva, haya o no una sentencia.
Quintana Roo, aclaró, fue la primera entidad en la que aplicó el “Acuerdos de coordinación”, publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 3 de junio de 2016, pero aplicará, en breve, las mismas medidas a otros estados en los que haya presunción de prácticas ilegales y de corrupción relacionados con las verificaciones de operación sanitaria.
“Hablamos de mordidas, extorsión y complicidad. Eso es lo que detectamos en el caso de Quintana Roo y estamos viendo otras entidades federativas. Este es el primer ejemplo de las acciones que vamos a tomar y es probable que lo hagamos en otros estados. Vamos a ser muy estrictos en este combate contra la corrupción”, subrayó.
La decisión fue informada a Quintana Roo a través de un oficio y con base a lo estipulado en el “Acuerdo de coordinación” donde la Cofepris plasma su derecho a “reasumir” el control cuando se presenten asuntos que, por su magnitud, ameriten su intervención. Desde la notificación “no ha habido una reacción en específico” por parte del gobierno estatal.
“Como Cofepris podemos decidir de manera unilateral cuándo reasumimos y se regresan facultades”, subrayó tras recalcar que aun cuando la Cofepris tiene a su cargo múltiples funciones, la acción de verificación se limita al sector salud; alimentos, bebidas y tabaco sigue bajo la tutela de la autoridad sanitaria estatal.
En el acuerdo publicado en el DOF, el 3 de junio de 2016, entre Cofepris y Quintana Roo se establece en el apartado sexto dedicado al “ejercicio de facultades” de la Secretaría de Salud federal, por conducto de la Cofepris.
“(…) podrá reasumir en cualquier momento el ejercicio de las facultades objeto del presente Acuerdo de Coordinación, cuando ésta lo determine o, en aquellos asuntos y materias cuya magnitud, por el riesgo sanitario que representan, su impacto o importancia, ameriten su intervención. La secretaría, a través de “la comisión”, informará por escrito al “ejecutivo estatal” sobre dicha decisión (…) y el “ejecutivo estatal” se compromete a colaborar”, de acuerdo con el documento oficial.
—¿Tiene que ver con narcotráfico?—se le preguntó.
—“No tenemos conocimiento hasta ahora que, en estos casos, hubiera involucramiento por parte de la delincuencia organizada. No es el caso. No descarto que en otras problemáticas haya esa intervención (…). En efecto está involucrada la comisión estatal, los verificadores, no tengo a la mano cuántos verificadores tiene Quintana Roo. Esta es una acción preventiva de algunas denuncias que se recibieron y todavía se están investigando. Son quejas de los dueños de los locales que se enfrentan a estas prácticas de corrupción (de pagar sobornos para poder operar)”.
Igual, abundó, “no se descarta que en un futuro se puedan dar esas atribuciones (ahora limitadas) de nuevo a Quintana Roo” en el sector salud. “Esta es una de las medidas, el combate a la corrupción tiene que ver con dar mayor transparencia sobre quiénes son los verificadores, cuáles son las actas de verificación que se utilizan. Con cerrar los canales de discrecionalidad y vamos a utilizar mecanismos como videocámaras y otras acciones de combate a la corrupción”.
La Cofepris asume la rectoría de aspectos como “transfusión sanguínea, lugares de trasplantes de órganos; con todas las autorizaciones y verificaciones de laboratorios donde se hacen pruebas clínicas estatales, nacionales o transnacionales que hacen, por ejemplo, pruebas covid, incluyendo sus módulos. También asume la facultad de los insumos médicos.
—¿Cuántos verificadores tiene la Cofepris para asumir estas responsabilidades y cuántos se trasladarían a Quintana Roo?—
—“Tenemos alrededor de 80 verificadores y contamos con un área que dictamina. La idea es enviar verificadores cuando sea necesario y regresar. No habrá, por lo pronto, gente de tiempo completo. Si las acciones continúan se evaluará si se manda o no más personal a las entidades donde tomemos estas medidas rigurosas”.
Para dejar en claro que Quintana Roo ya no tiene “facultades de verificación”, los inspectores asignados por la federación portarán chaleco naranja de la Comisión de Operación Sanitaria de Cofepris; gafete de verificador vigente, con código QR, el cual puede ser escaneado para validar su identidad en línea.
Los verificadores de la Cofepris pasarán por una serie de controles de confianza y serán monitoreados que actúen conforme a las normas y a la Ley General de Salud. “Vamos a designar a verificadores totalmente honestos”.
Por el momento, la funcionaria consideró que no será necesario que los verificadores estén custodiados por la Guardia Nacional, pero en caso de requerirse, se les protegerá.
Se buscó datos respecto a las irregularidades detectadas en Quintana Roo, entre éstas, el uso de “tarjetas de salud” con las que se extorsionan a empresas y empleados; entre 2014 y 2019, 644 personas físicas y empresas fantasmas expidieron 423 facturas apócrifas a los Servicios Estatales de Salud y al IMSS de Quintana Roo.
También desvío de fondos federales y quebranto por más de 4 mil millones de pesos en cinco años; campañas, servicios y pagos a personas “fantasmas” detectados por la Auditoría Superior de la Federación 2011-2018.
Información por MILENIO
