*El Congreso no ampliará garantías, sólo precisará
que saldrán del Fafef; nos satanizan por Salinas, pero
“no nos han dado mucha obra en este gobierno”
FRANCISCO CHIQUETE
La empresa Gía advierte: el tiempo corre y fijar de julio en adelante para autorizar las obras sería ya muy tarde: tendría que replantearse el proyecto y sí, acepta José Iturbe Gutiérrez, podría resultar más caro de lo que es hasta este momento.
La empresa encargada de la construcción del hospital en Mazatlán envió a un grupo de ejecutivos a defender su posición ante la fuerte polémica, de la que se manifiestan extrañados. En realdad, indican, el gobierno del estado podría crear ya el fideicomiso correspondiente, pues ya la legislatura anterior le dio la autorización necesaria.
Admiten sin embargo que para ellos eso no es suficiente, porque Banobras exigió una corrección al decreto. No es, aseguran, una ampliación de garantías, sino una precisión, nada más que eso. Detallan que en el decreto original el gobierno señala que podrá utilizar cualquiera de sus recursos para entregar esas garantías, nada más que el Banobras pidió que fuese específicamente el Fafef (Fondo de Fortalecimiento a Entidades Federativas) el que se viese comprometido.
Tanto Jorge Iturbe Gutiérrez como Miguel Rico se muestran extrañados de esta situación, pues el decreto está bien, está en los mismos términos en que han sido autorizados otros proyectos, y no se sabe por qué ahora se exigió precisamente el Fafef.
Sobre todo Rico insiste en que el punto principal a analizar es la situación de los pacientes mazatlecos. En un año, con cifras de la Secretaría de Salud de Sinaloa, ocho mil doscientos pacientes fueron regresados sin consulta médica especializa porque no había espacio para ellos. En el mejor de los casos, tuvieron que esperar tres meses para que les dieran atención; sus otras opciones eran ir a otro lugar del estado o del país, o ir a una institución privada, lo que no es posible para cualquier persona.
Eso es lo que debemos ver y analizar. La condición de la salud en Mazatlán. El hospital está colapsado, superado por la demanda, de modo que no se entiende este rechazo de algunos sectores, cuando urge dar una solución a estas carencias. El cálculo es que en estos momentos se llevaría ya un avance de obras de al menos un veinte por ciento.
Circulan por la mesa láminas con espectaculares dibujos de un hospital amplio, moderno, elegante, con las especificaciones de cualquier nosocomio privado. Los ejecutivos señalan incluso al Hospital Ángeles, de Polanco, del que terminan por decir que en realidad es ya un hospital viejo.
De entrada admiten que sí hay precios inferiores para construir lo mismo, pero advierten que no es costeable. Una de las quejas de los opositores es precisamente esa: que el hospital proyectado por Gía es muy caro. ¿Qué caso tiene comprar con materiales de ínfima calidad si habrá que reponerlos como parte del mantenimiento? Eso terminaría por costarle al estado mucho más de lo que ahora se tiene pensado invertir, y no le conviene a nadie, ni al estado ni a nosotros.
En cambio ofrecen materiales y equipo de última generación. Está especificado que se dispondrá de lo más adelantado que haya en medicina y que nosotros como operadores lo mantendremos en las mejores condiciones, mientras dure su vida útil.
Precisan, ante la acusación de que el hospital costará cinco veces más que con los precios indagados por los organismos inconformes, aclaran que no se trata sólo de la construcción, sino también del equipamiento, del mantenimiento y de la operación. Nosotros tendremos exigencias muy fuertes, como la e mantener perfectamente limpio, perfectamente seguro, con ropa limpia y suficiente, con comida y con todo lo necesario. Cualquiera de esos y otros rubros en que se falle, generará penalizaciones muy fuertes que debemos pagar, indica Iturbe Gutiérrez.
Por cierto, en el equipamiento hay una circunstancia: el equipo médico será mantenido en óptimas condiciones hasta que concluya su vida útil. La reposición correrá por cuenta del gobierno del estado. Asumir la reposición por parte de la empresa dispararía los costos, y además nadie puede saber a ciencia cierta qué aparatos serán los vigentes dentro de siete, de diez años, quizá ya no sean necesarios los tomógrafos y amarrarnos a ellos en un contrato sería contraproducente, indican Iturbe Gutiérrez y Rico.
En cambio el equipamiento del hospital como tal (calderas, lavadoras, climatización y todo lo que implica el funcionamiento de las instalaciones, sí serán mantenidas durante todo el tiempo en que dure la administración, y entregados en óptimas condiciones cuando, al final de los 23 años del contrato, se escriture al gobierno del estado.
EN DEFENSA DE LAS APP
Los ejecutivos coinciden en que las Asociaciones Público Privadas son la solución para momentos como éste, en que el estado no tiene suficientes recursos. “Para nosotros es una oportunidad”, porque al no haber recursos, nosotros entramos a un área de negocios importante.
En realidad, delimita Iturbe Gutiérrez, el estado tiene tres obligaciones básicas qué atender: la salud, la seguridad y la educación, pero no tiene tiempo, y ahora ni recursos, para construir, limpiar vidrios de un hospital, cosas de las que nos podemos encargar nosotros u otros empresarios. Por ello les parece muy raro que existan estas manifestaciones de oposición, que haya organizaciones que no hayan visto aún el futuro no sólo en México, sino en todo el mundo, porque ésta es una solución global. Los estados que todavía no cuentan con ellas -las APP-, se están perdiendo de grandes oportunidades de avanzar, sentencian.
Entre las cosas que aligerarán al estado con la operación del hospital, está el manejo de personal. El gobierno seguirá manejando al área médica, con su equipo de apoyo, aunque hará ahí un recorte importante. En cambio la nueva administración se entenderá con el personal de apoyo, que tendrá que terminar su relación laboral con la institución y luego reiniciar una con la nueva figura legal, “y seguramente serán los mismos o casi, porque no se trata de perder la experiencia que ellos tienen”.
SOMOS DESCALIFICADOS PORQUE UN
SOCIO ES CUÑADO DEL EXPRESIDENTE
Quienes nos descalifican, dicen, no se ponen a pensar que somos una empresa grande, con un staff de más de cuatrocientas personas, con más de tres mil obreros; descalifican el trabajo de una empresa que ha hecho grandes cosas, que ganó una licitación en Chile, contra las grandes empresas del mundo.
Su información institucional muestra torres en la capital del país, en Chiapas, ciudades administrativas, espacios deportivos, un hotel en Punta Mita, una ciudad de gobierno en Zacatecas y sobre todo el hospital de especialidades en el municipio de Ixtapaluca, Estado de México, que resultó tan exitoso, que luego le extendieron sus servicios al rango de hospital general.
“Es un edificio tan moderno y equipado, que la primera impresión de la gente es que le van a cobrar mucho dinero, pero no es así. Es el Seguro Popular el que paga por los servicios que se les prestan, como ocurrirá en Mazatlán, donde se aplica ese programa y se hacen estudios socioeconómicos, de modo que el que no puede pagar, no paga.
En medio de los señalamientos contra la empresa, citan la aseveración de que Gia tiene contratos por mil millones de pesos en la SCT. “Es falso, tenemos obras por tres mil millones de pesos”, aclara Iturbe, quien señala sin embargo que para el tamaño de la empresa, el número de contratos que han obtenido es demasiado bajo, con un índice de apenas el siete por ciento de efectividad.
En realidad, indican, debiéramos tener más contratos.
Y lo peor es que nos descalifican porque uno de los socios, el señor Hipólito Gerard, es cuñado del expresidente Carlos Salinas. Debemos aclarar que la empresa inició en 1996, cuando ya él no era presidente, y los mejores años han sido aquellos en que han sido presidentes Vicente Fox y Felipe Calderón, quienes son del PAN. En este gobierno, que es del PRI, como les hemos dicho, no nos ha ido del todo bien”.
