*Urge Relleno Sanitario, ya que predomina un tiradero a cielo abierto
*Jorge Abel López Sánchez se reúne con Carlos Felton
Con la finalidad de conocer en tiempo y forma la expedición de permisos y saber el padrón oficial de vendedores que hay en zonas federales, el delegado federal de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales –Semarnat-, Jorge Abel López Sánchez anunció que se realizará una auditoría.
Dijo que tienen detectados a varios vendedores que operan sin autorización de la Semarnat y para hacer acuerdos en esta materia, el ex alcalde hoy funcionario federal se reunió con el presidente municipal Carlos Felton González y el Oficial Mayor del Ayuntamiento, encuentro al que también acudió la delegada de Profepa, Patricia Inzunza, donde se hicieron los compromisos correspondientes.
Según información que él tiene, el padrón que data en la delegación de Semarnat es el mismo de hace varios años, para lo que harán una revisión del mismo y coordinar acciones los diferentes niveles de gobierno.
Comentó que en promedio operan de manera permanente más de mil vendedores, ya que es lo que más o menos se sabe que operan a través de los permisos entregados, mismos que están distribuidos entre el área de Olas Altas, Clavadista, zona de la Casa del Marino, Paseo del Centenario y la parte del malecón.
“Son los que permanentemente se otorgan, porque hay permisos fijos y transitorios, además de los ambulantes, estos últimos tienen sus altas y bajas, dependiendo de la temporada vacacional, por lo que tenemos que entrar de evaluación y supervisión, para que no se excedan”, indicó.
Con relación a que Mazatlán requiere un nuevo relleno sanitario y clausurar el que actualmente opera en el ejido de Urías dijo que es urgente, por lo que fue un tema que abordaron con el alcalde.
Pero el problema al que se enfrenta el municipio en esta materia, agregó, es que un tema jurídico relacionado con el terreno, pues para la asignación de recursos para este caso, se requiere que el Ayuntamiento demuestre la legítima propiedad o por lo menos que exista un comodato de no menos de 10 años entre el Ayuntamiento y cualquier propietario, cosa que no se ha logrado.
