10 reflexiones después de la barbarie de Ayotzinapa
ELIO EDGARDO MILLÁN VALDEZ.
1.- Enrique Peña Nieto al presentar los reglamentos de la reforma energética (4 de octubre de 2014), aprovechó la ocasión para dar la bienvenida a los posicionamientos de los partidos políticos y organizaciones de la sociedad civil sobre los hechos Iguala, Guerrero, y se solidarizo con las propuestas sobre la necesidad de hacer un pacto contra la corrupción. A propósito respondió: «Para que unamos esfuerzos en favor del Estado derecho, combatir la corrupción y cerrar el paso a la impunidad, independientemente del curso de las investigaciones a cargo de la Procuraduría General de la República por el caso de Iguala. Reitero además que “Convocaría a los representantes del Estado Mexicano, a las fuerzas políticas y a las organizaciones civiles para asumir el compromiso de emprender cambios de fondo, fortalecer nuestras instituciones y, sobre todo, asegurar la vigencia plena del Estado de derecho en nuestro país”. Esta propuesta se ha reiterado en el curso de los días.
2.- La barbarie de Iguala ha hecho a entender a medias a nuestra clase política que se requiere un punto de inflexión en las formas de hace política, porque sin ese “cambio de terreno” se corre el riesgo de que México se convierta en una fuente permanente inestabilidad. Esta convocatoria –en el supuesto caso de que no sea un señuelo, como veremos- llega después de que se han derramado ríos de de sangre. Después de la muerte de 60 mil personas –cuarenta mil para los aquiescentes; 100 para la oposición recalcitrante. La mayoría de los muertos pertenecen a la delincuencia organizada. También nutrieron esa roja fuente los elementos de seguridad: soldados, marinos, judiciales federales y estales y policías municipales. Asimismo han mordido el polvo políticos de todos los niveles, ah, y por supuesto ciudadanos inermes que no la debían ni la querían, a los que el ex presidente Calderón denominó daños colaterales provocados por su Yihad. No debo omitir que en esta absurda guerra han asesinado a periodistas y a defensores de los derechos humanos, al tiempo que ha provocado millares de desplazados de sus tierras a los que se aúnan miles de desaparecidos. Y en este interregno la sociedad toda ha vivido años de zozobra.
3.-. Desde hace muchos años la delincuencia organizada se ha apropiado de territorios, ha usurpado funciones del Estado como cobrar impuestos. Han amenazado y extorsionado a millones de ciudadanos bajo la infalible amenaza de plata o plomo. Se ha apropiado de gobernadores y presidentes municipales, por colusión, medio o simple omisión. El narco además ha ganado elecciones y ha podrido con su manto corruptible innumerables instituciones del país. Esta inimaginable corrupción es potenciada en los últimos cinco años por el mal endémico de la violencia. Dicho de otra forma: entre corrupción y violencia existe un proceso de recursividad, a tal punto que ambas de potencian y crean un infierno que coagula a los espíritus más líquidos. Solamente la corrupción le cuesta a los mexicanos el 10% del PIB.
4.- Y por si fuera poco, en la guerra contra narco emprendida inicialmente por el ex presidente Felipe Calderón costó en su sexenio 2,320 mil millones de pesos, como lo revelan cuatro estudios elaborados por el Centro de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados. La continuación de la Guerra por Enrique Peña Nieto a través de los mismos medios, ha constado hasta hoy 470 mil millones, incluyendo la suma que aprobó el Congreso para combatir la
inseguridad el próximo 2015, según distintas fuentes consultadas. Esta friolera de millones, casi el 10 % de nueve presupuestos de igual número de años, desgraciadamente ha sido disparada como una un boomerang que pegado en el corazón del alma nacional. Después que han quebrado al país, hoy tenemos como colofón de ese gasto innecesario lo ocurrido en Tlatlaya e Iguala, que son las heridas más recientes infringidas al ser nacional. Pero seguramente este leyenda negra continuará sino de cambia de timón.
5.- Pero esta larga fila de cruces ha ocurrido en el marco de un puñado de pactos; claro, por la justicia, por la legalidad, contra la impunidad. Carlos Puig nos los recuerda no sin la fina ironía que le caracteriza: ¿El acuerdo de la justicia y legalidad que firmaron todos en 2008? ¿Los compromisos que hicieron todos los candidatos frente a Javier Sicilia en Chapultepec? ¿Los compromisos del Ejecutivo de aquellos tiempos frente al Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad? ¿Los diálogos con académicos y sociedad civil en Campo Marte? ¿Los acuerdos firmaron frente a las organizaciones de la cumbre ciudadana? ¿El Consejo Nacional de Seguridad Pública, todos incluidos: representantes de la sociedad civil y gobernadores? (Cfr. Carlos Puig. Diario Milenio. 4/11/14). Y después de aquellos fracasos o aquellos “buenos” engaños, se editará un nuevo pacto, ahora con el insigne nombre de Pacto contra la Corrupción y la Impunidad.ç
6.- Algunos analistas, activistas y gente de bien no creen en esos cantos de sirena, han tomado esta convocatoria pactista del gobierno y los partidos como otra forma de ganar tiempo para que las aguas incandescentes que ahora nos queman, se enfríen y adquieran la indeleble turbiedad en la que han nadado nuestros políticos como peces en su tinta. No niego que este llamado pueda ser otra estratagema, una nueva pretensión de darnos como siempre gato por liebre. Esa es una posibilidad, pero depende de nosotros que esto no ocurra. Denise Dresser, por ejemplo, ha convocado a conformar un frente ciudadano que empuje a la clase política a reformar las instituciones de justicia y de gobernación a profundidad, para terminar con el gatopardismo que siempre arroja las mismas inequidades, los mismos crímenes y la misma corrupción. Pero como Dresser hay decenas de convocatorias y programas para transformar de una vez por todas al país.
7.- Pero hay quienes también rechazan el pacto por razones de “credo”. Es posible que estos liderazgos “antisistémicos”, por su movilidad y arrojo, pudieran tomar el mando de la movilización e intentar convertir a México en una pira, como ya empieza a ocurrir en Guerrero; seguramente los ciudadanos -de todos los rangos sociales- que buscan una salida de fondo a la rampante corrupción y a la vergonzante impunidad, progresivamente irían retirándose del movimiento hasta convertirlo en un páramo. Y siempre que ocurren este tipo de fenómenos, los radicales se vuelven más radicales, hasta que la sociedad agraviada por la destrucción “revolucionaria” pide mano dura al gobierno para salvaguardar sus vidas y su patrimonio y… (Cfr. Jorge Zepeda Paterson. Noroeste (16/11/14). Si ello ocurriera seguramente se habría arado en el mar.
8.- A pesar de la renuencia de los ciudadanos y los riesgos de ser “rebasados por la izquierda por el vanguardismo, creo que una buena parte del movimiento tiene el potencial para erguirse como el catalizador de una reforma profunda de las instituciones de justicia y de la gobernanza. Este movimiento tendría contornos pacíficos, pero muy radicales en sus propuestas; pacífico para no darles armas al gobierno y sus aliados para descalificarlo y, en su caso, reprimir a los miles de ciudadanos que colmarán las calles con demandas muy específicas. Sus propuestas deben ser radicales porque deben ir a la raíz donde se halla el fango que hace que a nuestra república tengamos que maquillarla todos los días para que lo parezca.
9.- Una de las demandas del movimiento debe ser arrancar de tajo la corrupción que pudre a las instituciones. Esta particular circunstancia crea políticos de doble y hasta triple moral que “gobiernan”, a un tiempo, para abusar del poder y para usar sus potencias al servicio del mejor postor. Asimismo para enriquecerse y enriquecer a su grey y empobrecer a los ciudadanos a través del corporativismo, el abandono de sus obligaciones, la amenaza y, no pocas veces la amenaza cumplida. La doble moral que prima en la cosa pública permite la evasión de responsabilidades y para armar un escudo de impunidad para la doble contabilidad del presupuesto público. Debemos emprender la movilización para erradicar este “unto” que mueve la maquinaria de nuestra desvencijada república, entre otras cosas. De manera concreta se requiere que la PGR se independice de Gobernación, y se convierta en una Fiscalía que al tiempo que persigue y erradica la corrupción; persigue y erradica la que se produzca en su seno. Se dirá, y con razón, que este organismo independiente sería tragado por el hoyo negro de la corrupción. Es posible, pero para que ello no ocurra se requerirá una sociedad permanentemente informada y movilizada.
10.- Existe sin embargo un paso que nos hemos rehusado a caminar por una moralina que nos pinta como palomas blancas, pero esta transformación creó también cuervos asesinos, esos que han hecho de México, dicho sea patrióticamente, sea hoy un gato con los pies de trapo y los ojos al revés. México tiene que completar el proceso de legalización de las drogas. Hasta ahora se ha legalizado su consumo –que podría ampliarse-, pero hacerse lo mismo con la producción y su distribución, resolviendo de un plumazo un galimatías jurídico que creó el Congreso de la Unión. Pero además el Estado debe legislar para tener el monopolio legítimo de los estupefacientes, arrancándosela de tajo a los narcotraficantes porque ello les permite un poder de fuego superior al del Estado en muchas regiones del país. Esta “mercancía” que en manos de los sicarios compra, amedrenta o colude a políticos, funcionarios, policías. El Estado debe tener el monopolio de las “drogas” porque en poder de los delincuentes siembra la muerte, el terror y la desesperanza. Es urgente cambiar esta política de criminalización por una política pública dirigida a la salud, especialmente a la prevención y al combate a las adicciones. En tal sentido los presupuestos millonarios contra la inseguridad se utilizarían para crear hospitales y más escuelas. Pero este cambio de política erradicaría para siempre los casos como Tlataya e Iguala. Pero esto vale la pena luchar…
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