PREVENCIÓN DEL DELITO.
HECTOR MELESIO CUEN OJEDA.
El problema de inseguridad pública es uno de los temas que más preocupa a la sociedad en general, sus sectores y organizaciones, ya que afecta enormemente su convivencia y el desarrollo en las distintas esferas de la actividad humana. Produce incertidumbre y genera enorme descrédito y desgaste a las instituciones públicas.
En 1995, a partir de la reforma hecha al artículo 21 de la Constitución Federal, se instituyeron las bases de todo un complejo sistema nacional de seguridad pública. De esta han derivado diversas leyes y profundas reformas al sistema de justicia; instrumentado múltiples planes y programas; gastado e invertido enormes cantidades de recursos financieros y materiales; creado grupos policiales especiales; construido y mejorado instalaciones; adquirido equipamiento moderno; creado instancias de participación ciudadana, y establecido diversos mecanismos de coordinación interinstitucional de los tres órdenes de gobierno.
No obstante, el fenómeno sigue creciendo, aún cuando se juegue selectivamente con las estadísticas para dar la sensación mediática de que en algunos delitos han disminuido.
El enfoque institucional ha sido más de reacción que de prevención del delito. Hace falta en esta última una bien diseñada y sistematizada política de Estado.
La orientación de las políticas públicas en este renglón ha sido fundamentalmente policial; incluso, a la prevención del delito se le ha circunscrito más al campo de la barandilla y a la disuasión policial, a través de la fuerza de tarea. Aunque hay que reconocerlo, se han hecho esfuerzos en los ámbitos educativo y social, pero no han sido profundos ni suficientemente sistemáticos, con apoyo científico y técnico como debiera.
En el ámbito institucional se adolece de modelos, métodos y técnicas de investigación de la criminalidad y de los problemas estructurales y funcionales adecuados de todo el Sistema Nacional de Seguridad Pública. Los que han existido y se aplican hasta ahora desde que se creó dicho sistema, no han sido suficientes ni eficientes, mucho menos adecuados.
Además, observamos que en el ámbito institucional hay una visión reducida y poco objetiva del fenómeno y de su tratamiento. Existe una enorme tendencia a justificar la situación y circunstancias, a veces sólo por mantenerse dentro del aparato gubernamental. Así es muy difícil avanzar y obtener buenos resultados.
Esto se debe, entre otras múltiples causas, a que hoy no se cuenta con un organismo que se encargue de la investigación científica de las conductas antisociales; del diseño de políticas y programas articulados y coherentes en materia de prevención del delito; de la instrumentación y evaluación sistemática y permanente de las acciones y estrategias en la citada materia; de la participación auténticamente coordinada, sistemática, intensiva, extensiva y efectiva de las instituciones públicas, de la sociedad y sus agrupaciones. Hay enormes evidencias que lo demuestran, y no tiene caso atiborrar de cifras esta colaboración.
Desde hace tiempo hemos planteado la necesidad de crear una institución ad hoc, que tenga una estructura y diseño adecuado, previendo que la integren recursos humanos altamente calificados, y de distintas disciplinas vinculadas al fenómeno de la criminalidad. Congruentes con ello, y bajo ese perfil, el grupo parlamentario del Partido Sinaloense (PAS), propuso ante el Congreso del Estado, una iniciativa para crear el Instituto de Prevención del Delito del Estado de Sinaloa; muy útil y necesario para establecer una auténtica política de Estado en la materia, sustentada en investigaciones profundas, sistemáticas y permanentes del fenómeno criminalidad y de los problemas estructurales y funcionales del Sistema Estatal de Seguridad Pública, y todo lo que ello implica. De aprobarse sería único en su género a nivel nacional, y podría tomarse como modelo a seguir por otras entidades federativas, así como por la misma federación. En la actualidad en México no existe una institución con el perfil y las características propuestas. Ahí está la aportación que hace el Partido Sinaloense para todo el país y para Sinaloa en particular. Todo para beneficiar a la sociedad.
