El Juzgado Tercero de Distrito, con sede en la capital sinaloense, concedió suspensión al amparo presentado por la defensa del Rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS), doctor Jesús Madueña Molina, en contra del auto de vinculación a proceso que se dio el pasado 14 de septiembre en su contra, imputado junto con el Comité de Adquisiciones de la Casa Rosalina, informó el abogado Milton Ayala Vega.
En dicha audiencia, la vinculación se dio aun cuando se demostró que en la Ley no existe la licitación para adquirir los bienes objeto de investigación por tratarse de alimentos perecederos, además de otras pruebas como fue la cancelación de 703 facturas, que las compras hechas no excedían el monto para realizar licitación pública, entre otras pruebas.
La defensa de los funcionarios universitarios argumentó que los imputados no son servidores públicos, que la UAS no es un organismo paraestatal y que por su autonomía se rige bajo otras normas, que los recursos que recibe la Universidad de Gobierno del Estado son de procedencia federal, que no se compraron tortillas con un costo de 60 pesos el kilo, entre otros aspectos que demostraban que no se tenían los datos de prueba suficiente para vinculación.
Milton Ayala señaló que esto confirma que la Fiscalía General del Estado, en esa audiencia de imputación, abusó del poder conferido por el Estado para investigar hechos con apariencia de delitos, y se dice que abusó porque, en primer lugar, los recursos involucrados son federales y la normatividad que debería de aplicar en los procedimientos de adquisición de esos bienes es la Ley de Adquisición y Arrendamiento del Sector Público Federal y no la Estatal.
En ese sentido, al no ser competente, es claro que el órgano procurador de justicia abusó, aunado a que el Rector ni siquiera participó en esos hechos, no se configuran dichas imputaciones porque el tema de la Fiscalía fue que, en esas adquisiciones se había rebasado en demasía el monto para licitaciones.
“Lo que no sucedió porque, como quedó demostrado en la audiencia del 13 y 14 de septiembre, en el periodo del Rector ni siquiera esos montos fueron superados, lo que va a ser resuelto por un juez federal y creemos que tenemos la razón en el amparo que se promovió y que fue radicado en el Juzgado Tercero de Distrito con sede en Culiacán, Sinaloa”, indicó.
Con ello, el juez penal Adán Alberto Salazar no podrá dictar el auto de apertura a juicio hasta en tanto no se resuelva en definitiva el juicio de amparo. Esto tendrá que ocurrir en una audiencia constitucional en la que se va a resolver en definitiva ese amparo y ahí es donde el Juez de Distrito establecerá si la UAS tiene la razón de manera provisional o la tiene el Juez Penal que le dictó el auto de vinculación.
Cabe recordar que el pasado 22 de septiembre, el mismo Madueña Molina logró la suspensión definitiva en relación a la vinculación a proceso que se dio el 21 de agosto en contra del líder universitario, por el presunto delito de abuso de autoridad. Fue el Juzgado Primero de Distrito, con sede en Culiacán, quien otorgó la suspensión definitiva en contra de ese auto de vinculación.
Asimismo, el pasado 05 de octubre el Juzgado Octavo de Distrito concedió suspensión provisional al amparo presentado por la defensa del Rector, por lo que las autoridades estatales no podrán violentar su presunción de inocencia. Por ello, las autoridades responsables se tendrán que abstener de realizar declaraciones que conlleven la transgresión del principio de inocencia a fin de no transgredir la regla de trato como inocente y guarden el sigilo correspondiente. Asimismo, se hizo extensivo para que las autoridades responsables adscritas a la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sinaloa guarden el sigilo de las denuncias de marras seguidas en contra del Rector.
“El amparo está en el Juzgado Tercero de Distrito, ahí en Culiacán. Es el mil 070 del 2023 y es contra el auto de vinculación a proceso que se dio el 14 de septiembre, de la carpeta 2 del 2023, en cual se le concedió la suspensión”, indicó el abogado.
Es de destacar que en abril del 2021 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley General de Educación Superior, la primera en su tipo, en ella se reconoce la Autonomía Universitaria entre otros aspectos relevantes para este nivel educativo. Las entidades federativas iniciaron con la armonización de sus leyes locales.
En Sinaloa, el 14 de febrero de este 2023, el área jurídica de la UAS detectó graves violaciones al principio de Autonomía Universitaria en el dictamen sobre la Ley de Educación Superior del Estado de Sinaloa y pese a la solicitud del Rector, doctor Jesús Madueña Molina para que fuera observada, entró en vigor el 1 de marzo.
La Universidad promovió amparos firmados por consejeros universitarios ya que el Artículo 3ro Párrafo Tercero y Cuarto, Artículo 51 Fracción Octava y Artículo 59 de dicha Ley violaban flagrantemente la Autonomía y las atribuciones que la Ley Orgánica de la UAS concede a su H. Consejo Universitario.
Desde ese momento se desató una constante embestida mediática y expresiones de denostación por parte de autoridades locales, primero por legisladores y después por el propio Gobernador del Estado Rubén Rocha Moya, en una evidente respuesta a que 40 amparos indirectos obtuvieron suspensión provisional para que no se aplicaran los artículos antes citados.
Una vez que se empezaron a generar las suspensiones por los jueces federales contra la Ley de Educación estatal se endurece y evidencia la embestida política pues incursiona la Auditoría Superior del Estado (ASE) con la intención de auditor a la UAS el 30 de marzo, lo que para el secretario General de la Universidad, doctor Robespierre Lizárraga Otero, es la primera intención de fabricar un delito al Rector y al Abogado General.
Y es que la Universidad en todo momento con fundamento legal manifestó que la ASE no tiene facultades legales para auditarla, pese a ello acudieron los auditores y contra toda lógica, y en evidente fabricación de un delito, dos horas antes de terminar la diligencia ya estaba en los medios de comunicación la denuncia presentada por la Auditoría ante la Fiscalía General del Estado en contra del Rector y del Abogado General, constituyéndose así una persecución política producto de la defensa de la Autonomía Universitaria.
También inició un asedio por parte de la Fiscalía a través de su Unidad de Inteligencia Patrimonial y Económica (UIPE) la cual solicitó información que se generó a partir de pesquisas ilegales, por ello la Universidad siguió promoviendo amparos y en la medida que éstos tenían éxito en contra de las actuaciones de la ASE y la Fiscalía se decide, ilegal y arbitrariamente, judicializar carpetas con temas como la compra de tortillas y carne.
La comunidad rosalina, por instrucción de H. Consejo Universitario, ya habían iniciado una defensa de la Autonomía Universitaria con una ruta legal y otras acciones para informar a la sociedad la embestida y atropellos que sufría la institución y sus autoridades, salieron a las calles, a los cruceros y casa por casa en todo el estado.
La lucha está puesta y decidida, la comunidad universitaria está convencida de su lucha por la defensa de la Autonomía Universitaria, sostiene una batalla digna porque la razón legal y la victoria al final serán de la Universidad Autónoma de Sinaloa.
