Ocho afectados esperan que las autoridades se pronuncien sobre los abusos y determinen los grados de afectación para lograr reparaciones por lo que consideran daños morales.
Tras más de una década de lucha legal infructuosa para encontrar justicia, ocho víctimas del sacerdote Marcial Maciel acudirán en enero a las autoridades mexicanas para exigir la reparación por los abusos cometidos por el fundador de los Legionarios de Cristo, la congregación católica que ha admitido a través de un informe interno hecho público el fin de semana, que el cura abusó sexualmente de al menos 60 menores.
Las víctimas —la mayoría de ellas personas mayores a los ochenta años— acudirán a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) del Gobierno de México para que se pronuncie sobre estos casos de abuso y determine los grados de afectación de cara a lograr reparaciones por lo que consideran daños morales cometidos por Maciel.
México aprobó en 2012 una Ley General de Víctimas, que obliga al Estado a dar asistencia y protección y reparar a quienes hayan sufrido violaciones a sus derechos humanos o sean víctimas de violencia. Bajo ese paraguas legal es la CEAV el organismo encargado de atender las denuncias, dar seguimiento a los casos y gestionar la reparación a las personas afectadas.
Es por lo que quienes sufrieron atropellos del fundador de la Legión acudirán a esta instancia con la esperanza de que se reconozcan públicamente los abusos sufridos cuando eran niños y puedan hallar justicia, explica Sergio Méndez, abogado de ocho víctimas de Maciel y coordinador del Litigio Constitucional de Justicia Pro Personas A.C.
“Son estas instancias federales las que pueden determinar los grados de afectación y que se logre una reparación por parte del Gobierno”, explica.
El abogado argumenta que en la legislación mexicana se consideran imprescriptibles los delitos relacionados a la tortura y considera que sus representados sufrieron una forma de tortura con los abusos cometidos por el cura Maciel cuando eran menores. Méndez afirma que el Estado, al reconocer estos abusos, podrá exigir que se pidan disculpas públicas y que se pague una indemnización a las víctimas.
Dijo que la estrategia que desarrollará a partir de enero incluye presentar una queja ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) de México, porque hasta ahora sus gestiones legales no han encontrado eco entre los juzgados federales a los que ha acudido, que han alegado que no tienen competencia para tramitar sus denuncias.
Para el exsacerdote Alberto Athie, uno de los primeros en denunciar los abusos sexuales de Marcial Maciel, ha habido una complicidad de parte del Estado mexicano en relación con la impunidad que afecta a las víctimas de pederastia clerical. «Las autoridades judiciales desconocen los casos o han buscado neutralizarlos hasta acabar con ellos. Hay una complicidad civil», afirma Athie, quien durante décadas ha estudiado este tipo de abusos en el seno de la Iglesia.
Athie explica que el informe presentado por los Legionarios es incompleto, porque no da los nombres de los sacerdotes acusados de pederastia, dónde están actualmente o si han sido entregados a las autoridades. Para él, además, es grave que en el documento preparado por una comisión interna de la congregación, «no se maneja adecuadamente» la pederastia clerical. «La reducen a abusos sexuales y dejan de lado todo lo que implica: sí, depredadores sexuales de niños y niñas, pero también el encubrimiento, porque todos los casos han sido encubiertos y protegidos». El caso de Maciel, agrega, «es emblemático, porque lo protegió su congregación mintiendo y descalificando a las víctimas, hasta que ya no tuvieron la oportunidad de hacerlo. Y todo con el apoyo del Vaticano. Desarrollaron todo un mecanismo de protección y encubrimiento que permitió que estas personas siguieran abusando de niños y niñas».
La Iglesia mexicana también ha criticado el informe de los legionarios. En un mensaje pronunciado en Monterrey, al norte del país, Rogelio Cabrera López, presidente de la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM), dijo que el informe es incompleto y que “llega tarde”. Para el arzobispo “es inexplicable que esta historia delictiva no se haya dado a conocer en más de 70 años” y dijo que hay un “silencio delictivo muy grave” que involucra “a las autoridades en el Vaticano, los gobernantes que tuvieron noticias de estos, los mismos miembros de la Legión que no informaron o que no les permitieron informar”.
Saúl Barrales es uno de los representados por el abogado Méndez. Sufrió abusos de parte de Maciel cuando tenía 13 años. Recuerda que en 1946 él y otros 30 chicos —15 de ellos entre 11 y 13 años— viajaron con el sacerdote hasta España, con una estancia de unos días en Cuba. Después de embarcarse hacia Europa, el sacerdote lo llamó una noche a su camarote. “Me dijo, ‘ponme la mano aquí en el pecho porque siento dolor’ y luego la bajaba hacia sus partes íntimas. Pronto empecé a notar sus insinuaciones. Veía quién le caí bien. Él sentía simpatía por la gente güera [de piel blanca], de ojos azules, chamacos [chicos] de 10, 11 y 12 años”. Barrales tiene ahora 88 años y asegura que el Vaticano conocía de los abusos de Maciel, pero que imperaba el silencio entre los jóvenes que estudiaban para sacerdotes y las autoridades de la Iglesia en todos los niveles. “Yo mismo me decía: No puede ser que enjuicie a un ser que ha hecho tantas cosas buenas. Lo considerábamos un santo, un enviado de Dios para transformar la Iglesia”.
El anciano no esconde su ira al conocer el informe publicado por los Legionarios de Cristo. Dice que es “una lavada de cara” del organismo. “No es suficiente” —afirma— “la institución debe desaparecer”.
El informe de los Legionarios llega en medio del estallido del caso Fernando Martínez en México, un sacerdote que abusó de al menos seis víctimas y al que la congregación encubrió durante 50 años. La publicación de una investigación interna que admitía los esfuerzos por ocultar los abusos sexuales en un colegio de la orden en Cancún —al sur del país— ha creado una tensa situación entre una parte de la Iglesia mexicana con la Legión. La Arquidiócesis de Monterrey, liderada por el presidente del Episcopado en México, acompañó el pasado noviembre un pedido de las víctimas para remover de la curia a quienes encubrieron al cura. En el documento se les acusa además de una «incapacidad para asumir decisiones apropiadas a favor de la infancia» y se señala que sus acciones «han acabado con la esperanza de una Legión renovada». La negativa de la congregación, hasta el momento, a expulsar al español Eloy Bedia, uno de los acusados de acallar las denuncias contra Martínez y recientemente ascendido en la escala legionaria, abre más dudas que certezas sobre el proceso de limpieza interna que procura el último informe.
Para Saúl Barrales, a pesar de las décadas pasadas y de la muerte de Maciel, no es tarde para que la Iglesia reconozca lo ocurrido e indemnice a las víctimas. Esa es la batalla que ha librado desde hace 12 años. “Queremos ser reconocidos. Queremos que la Iglesia haga el esfuerzo profundo de remover a sacerdotes que tengan esas inclinaciones a cometer abusos, queremos que, si se sabe que le han desbaratado la vida a alguien, como a mí, que haya una restitución económica para poder vivir”, dice el anciano antes de hacer una pausa para sorber un poco del ponche caliente que bebe para aplacar el frío que envuelve a Ciudad de México. “El Vaticano sabía todas estas cosas, ¡es el colmo que no lo quieran reconocer!”, comenta Barrales, que sufre cáncer de próstata y vive con una pensión de algo más de 150 dólares. “Ya se murió Maciel, pero este es un caso que no prescribe, es un delito y se debe aplicar la ley. No nos han hecho caso, por eso ahora vamos a acudir al ámbito civil… Pero sobre todo queremos que el Vaticano y la Iglesia cambien completamente”.
Fuente: El País
