El atentado contra Sergio Torres y Elizabeth Montoya, diputados locales de MC, es una ruptura de los últimos límites que todavía no brincaba la delincuencia organizada. La pregunta del momento es “¿qué sigue?”.
En Culiacán se ha vivido de todo: la ciudad dinámica que hace año y medio era imposible transitar, tiene hoy ejes viales fantasmas en que la soledad es casi tan intimidante como las amenazas cotidianas derivadas de asesinatos, enfrentamientos, bloqueos. Lo de estos diputados es a pesar de todos los antecedentes, una situación extraordinariamente impactante.
Desde el momento del acontecimiento, las llamadas cruzaron todo el estado, primero para confirmar, después para conocer la evolución de Sergio Torres, y finalmente para expresar la indignación. Muchos ciudadanos revclamando cabezas, en un encabritamiento que se ve pocas veces. Ni siquiera los dos casos registrados en derredor de la familia del gobernador, provocaron tantas reacciones. Tal vez porque afortunadamente en estos no hubo víctimas directas de la propia familia, salvo el guardaespaldas de un hijo del gobernador, que perdió la vida después de ser “rescatado”.
El mandatario local, Rubén Rocha Moya, estuvo al pendiente de todo, desde la atención a las víctimas, hasta los anuncios de rigor sobre la persecución de los agresores. Por desgracia ni él ni los demás responsables han podido conseguir la paz que tanto demanda la sociedad.
A lo largo de esta guerra, Rocha Moya ha sido criticado, señalado y hasta pronosticado en su salida prematura, que siempre termina por desdibujarse conforme se diluía la sorpresa de cada caso. Es previsible que hoy de nuevo se reanuden las exigencias que por cierto, han sido impulsados por elementos de su propio partido.
¿Qué puede motivar un intento de asesinato como este? Las especulaciones irán y vendrán, pero algo es claro: esta vez las autoridades no podrán argumentar el famoso intento de robo de la camioneta, ni intentarán un video falso como el que todavía no terminan de castigar por la muerte de Héctor Melesio Cuén Ojeda.
Lo que sí pasó fue el compromiso de las autoridades, desde el gobernador hasta el gabinete de seguridad del gobierno federal, para resolver el caso. No es por instigar la desconfianza, pero lo que no da resultados inmediatos tiende a quedar en la impunidad.
Hasta el cierre de esta entrega, el único resultado ofrecido fue la localización de un automóvil en que presuntamente operaron los agresores. Aquí vamos a ver qué tan preparados estamos. La zona del crimen y la del encuentro del coche debe estar equipada con cámaras de videovigilancia. ¿Con qué nos va a salir la Fiscalía? La de Sara Bruna salió con un video chafa. A ver qué pasa con la de Claudia Zulema López Kondo.
No sé si sea una falla de reportero, pero en toda la información que circuló ayer, no me tocó ver un pronunciamiento del Congreso del Estado, que debió ser el primero en exigir justicia. La doctora Tere Guerra cuidó más a su jefe político que a la institución a su cargo.
Sobre todo, queda la advertencia hecha y clara: si este caso queda impune, ni las autoridades ni el estado tendrán salvación.
