*Privatización del agua, un gran negocio
*El PRI decide el método, pero sin fechas
*¿Qué le conviene a cada aspirante?
FRANCISCO CHIQUETE
Alejandro Higuera Osuna durante dos años y medio fue de la solución encontrada al problema del agua. Durante muchos meses, los últimos del trienio de Jorge Abel López Sánchez, el agua fue notoriamente insuficiente. La sociedad estaba indignada por la ineficiencia, que se prolongó unos meses. Al primer trienio del periodo, el asunto del agua estaba prácticamente resuelto.
Así lo dijo a todos. “La Picachos en tu casa”, rezaba el slogan con que trabajó más allá del primer año. El caso se nos vendió como asunto resuelto, pues apenas unos cuantos sabían que se trataba apenas de una solución parcial, temporal, que aprovechaba agua de la Picachos almacenada en una zona cercana a donde ya estaba construida una planta potabilizadora.
Curiosamente, cuando el trienio está por terminar, Higuera Osuna emprende un proceso al que siempre se opuso: privatizar los servicios públicos. Las empresas no son hermanitas de la caridad ¿eh? Vienen a llevarse lo que puedan, decía a los que le escuchaban, sobre todo en tiempos de campaña electoral, la municipal de hace tres años y la federal de hace tres meses. Lo decía en declaraciones periodísticas, pero sobre todo lo decía en las reuniones con trabajadores de Aseo y Limpia, de Servicios Públicos, de la Jumapam, los más amenazados con la figura de los contratos público-privados que aprobó la Legislatura actual del Congreso Local y que permite privatizar servicios públicos sin los prolongados trámites que se requerían antes.
Hoy sin embargo la posición es otra. Para empezar su solución al abastecimiento del agua potable es breve, tan breve, que advierte con un nuevo colapso en un periodo no mayor de dos años. Higuera argumenta que el crecimiento en las inversiones preocupa a la Comisión Nacional del Agua, que manifiesta la necesidad de hacer la licitación inmediata de esta obra.
Hay quien sostiene que en el primer año se tuvo a la mano la posibilidad de lanzar la licitación para construir el acueducto, pero lo impidió una feroz diferencia de criterios sobre el destino de la licitación.
El propio Higuera habla hoy de una inversión de trescientos noventa millones de pesos que haría el gobierno federal a través de Conagua y de otro fondo relacionado con estas obras, y que los cien millones restantes los aportaría la iniciativa privada a través del marco jurídico que proporcionan los contratos público-privados.
Este esquema permitiría que una empresa privada se quedara con la construcción de la obra y la operación de la planta potabilizadora, mediante una inversión de cien millones de pesos.
Casi subrepticiamente han corrido por diversos mentideros políticos las corridas que hablan de un negocio multimillonario, que le generaría a la empresa ganadora ingresos por mil doscientos millones de pesos.
Se trata de que la empresa produciría y vendería a Jumapam 750 litros de agua por segundo, a precio de dos pesos con sesenta y un centavos el metro cúbico, lo que implica un ingreso bruto de cinco millones de pesos mensuales durante 20 años, es decir, un total de mil doscientos millones de pesos.
La empresa por supuesto, tiene sus costos de operación, con la cloración y el proceso de potabilización en general. Habrá que ver si, tratándose de instalaciones de la junta, no es ésta la que paga la electricidad y otros gastos de producción.
Al margen de que hay gente a favor de la privatización de los servicios, el hecho es que esta prisa por licitar, a dos meses de que termine una administración, ha generado dudas y desconfianzas incluso entre quienes forman parte del aparato de gobierno, así como incomodidad en la cancha del alcalde electo, Carlos Felton González, e quien se dice que ya ha externado su preocupación.
EL PRI DA SEÑALES,
PERO NO LUZ VERDE
Muchos esperaban que el Consejo Político Estatal del PRI reunido ayer conociese la convocatoria para elegir a nuevos dirigentes, aunque fuese con los candados que todos o casi todos pronostican, y aunque fuese con la salvedad de los tiempos, pero no pasó nada de eso. Simplemente se dio paso a la decisión más conocida que las mañanitas, de que el proceso de elección será a través de la votación de consejeros políticos. Los delirios de la consulta directa a las bases y a la sociedad civil quedaron atrás. El PRI parece haber encontrado su camino en los restos de aquellas viejas prácticas que les garantizaron unidad por muchos años, con la sola excepción del 2010, cuando el conejo que querían guisar se les salió del cajón.
Hoy, al revés de aquellas fechas tan recordadas, la decisión fue unánime. Nadie pensó que el relevo de los actuales dirigentes podía realizarse por la vía del experimento democrático, ni mucho menos lo reclamó, como pasó en aquella ocasión.
Después de este paso, las cosas seguramente esperarán por varias semanas. La única persona beneficiada por un lanzamiento de la convocatoria en estos momentos sería el diputado Jesús Valdez, quien mantiene encendida las veladoras para que el asunto sea rápido. Su tarea como diputado federal no le impide ser dirigente y su participación no es indispensable, de modo que incluso pueden llamar a su suplente.
Valdez tiene un buen padrino en el comité ejecutivo nacional y cuenta con el apoyo y gusto del gobernador Mario López Valdez, aunque no está en la primera línea de la sucesión del Chuquique. Una postulación suya sería lo que en las carreras se llama “la chica” y de alguna manera hasta un riesgo para proyectos de varios aspirantes a la gubernatura o por lo menos a la candidatura priísta a la gubernatura de Sinaloa.
Por el contrario, una convocatoria inusualmente tardía estría dedicada al presidente municipal de Culiacán, Aarón Rivas, quien entre broma y serio pide que se la guarden para enero. Tampoco Rivas parecer ser una salida viable. Aunque tiene más que simpatías del tercer piso, los grupos priístas no están pensando en él.
El aspirante más visible es Heriberto Manuel Galindo Quiñones, también necesita que le den tiempo. No desea dejar la coordinación de la diputación priísta por Sinaloa, al menos no mientras falten por concretarse las reformas fiscal y energética y de paso la política, que ha sido puesta en el ínter por los partidos Acción Nacional y de la Revolución Democrática.
También está antes de cualquier movimiento la aprobación del presupuesto de egresos de la federación, que está íntimamente ligado a la reforma fiscal, que todavía deberá enfrentar una inesperada alianza en el Senado entre el PAN y el PRD. Inesperada porque los perredistas ya habían accedido a acompañar al PRI en la Cámara de Diputados, como finalmente ocurrió.
Galindo Quiñones tendrá que soportar las presiones de las demás corrientes y de los partidos opositores. Sus tiempos se cruzan con los de Jesús Enrique Hernández Chávez, quien necesitaría estar desocupado de la dirigencia para asumir el manejo y control de la bancada priísta y del Congreso en general, pues en este trienio el tricolor va a manejar sólo y por su cuenta el gobierno y la economía del Congreso, sin ceder la presidencia de la Junta de Coordinación Política.
También la diputada Rosa Elena Millán Bueno necesita tiempo. La actual representante popular tiene un buen lugar en la lista de aspirantes, pero no está en condiciones de participar en el transcurso del mes de noviembre, pues en ese lapso estará trabajando en el proceso de entrega-recepción.
Finalmente quedaría la abogada del PRI nacional, Martha Tamayo Morales, quien podría encarnar al dedazo centralista para sacar al presidente del CEN tricolor, César Camacho Quiroz, de un atolladero político derivado de posibles enfrentamientos entre locales y metropolizados o entre los que tienen la simpatía del tercer piso y los que no la tienen, o no la tienen íntegra.
Como se ve, aparecieron las primeras señales formales de la sucesión, pero todavía no hay luz verde. La sesión de consejo de ayer sirvió sólo para alborotar el panal.
