*Lámparas led: no le entran al fondo del asunto
*Gerardo Vargas y las pintas que está borrando
*Protestan contra ley de niños y buscan otra cosa
FRANCISCO CHIQUETE
El asunto de las lámparas con tecnología led ha terminado por convertirse en el más grave dolor de cabeza del gobierno municipal. Los cuestionamientos encabezados por los regidores Esperanza Kazuga y Humberto Becerra han influido de manera importante en la opinión pública, sin que el alcalde Carlos Felton González logre contrarrestar los señalamientos.
Ayer se produjo un encuentro convocado por el alcalde para explicarse ante uno de los organismos en que se siente más cómodo: la intercamaral, donde participan dirigentes de todos o casi todos los organismos privados de la localidad. Al final, Felton declaró que todas las dudas estaban zanjadas, que la gente quedó convencida de las bondades del proyecto que está empujando.
La realidad es que algunos de los líderes, en efecto, se pronunciaron a favor. Felton tiene cartel entre los organismos privados y dirigentes de agrupaciones como el caso de Coparmex, que en prácticamente todos los casos de polémica, se ha pronunciado por dar al alcalde la oportunidad de sacar adelante sus proyectos, por polémicos que resulten.
Pero también hay quienes salieron con las mismas dudas o incluso con una actitud todavía más escéptica de la que llevaban al principio de la reunión, y eso, es muy importante cuando se trata de un compromiso por 353 millones de pesos a un plazo de diez años, y que compromete al futuro inmediato y de mediano plazo del municipio.
El desacuerdo parte de un punto fundamental: el alcalde defiende su proyecto hablando de las bondades del proyecto. Se trata de una mejoría en diversos aspectos, explica. En el ecológico, porque se consume menos energía y por tanto se contribuye menos a la contaminación; se encuentra mayor eficiencia en el servicio del alumbrado, gracias al salto tecnológico que existe entre las lámparas de vapor de sodio a las de tecnología led.
Pero sobre todo, explica que la reducción en el consumo de electricidad permite que con el dinero que hoy se paga por consumo de energía eléctrica, se puede pagar el costo del nuevo sistema de alumbrado público, sin que la parte operativa de la columna se vea afectada para la prestación del resto de los servicios que el ayuntamiento está obligado a prestar.
En términos generales tiene razón: el consumo de energía con lámparas led es mucho más barato, como lo hemos vivido muchos consumidores con los más modernos aparatos de televisión, que tienen esa tecnología.
Pero aunque hay quienes se meten a cuestionar la efectividad de ese tipo de iluminación y hasta se meten a hablar de daños a la salud, el problema no está en eso.
Los cuestionamientos tienen que ver sobre todo con un presunto sobreprecio del equipó y la sospecha de que puede haber ahí un acto de corrupción; y la prioridad que se da a un programa que a ojos de los profanos, no aparece como necesario o por lo menos, no aparece como urgente, pues las prioridades sentidas por la población son otras.
Y tienen que ver, esos cuestionamientos, también con el problema de endeudamiento que a querer y no, significa este proyecto.
Los críticos han encontrado que existen vías para sacar adelante este proyecto con un pago mucho menor y que no se debió haber abandonado, en caso de insistir en la sustitución del alumbrado, el programa impulsado por la reforma energética a través de Banobras, pues aquí las condiciones de precios y financiamiento son mucho más benévolos.
Y aunque se insista en que no hay un endeudamiento, porque el programa se paga con los ahorros de electricidad, el hecho es que formalmente se entrega como garantía una parte importante de los ingresos correspondientes a las participaciones federales. Esto implica, a querer y no, que está comprometida la capacidad de pago del ayuntamiento mazatleco. En los hechos, ese dinero está embargado para garantizar aquellos pagos, y no se les puede aplicar una segunda hipoteca ni siquiera para un caso de necesidades emergentes o prioritarias.
El alcalde debe entrar al debate en estos renglones, garantizando más allá de la palabra que nadie se beneficiará ilegalmente con este contrato, y que no se compromete la capacidad crediticia, de modo que no se entorpecen proyectos futuros, ni mucho menos la operatividad cotidiana del gobierno.
Sólo así podrá convencer a los críticos y sólo así podrá satisfacer a la ciudadanía. ¿Podrá?
SALIÓ DE GANE CON EL
BORRADO DE PINTAS
Gerardo Vargas recibió todo tipo de comentarios por su decisión de despintar personalmente las pintas que le promocionan en la capital del estado. Hubo hasta un elogio, y eso ya es mucho cuando se trata de un tema tan sensible para la opinión pública como es la sucesión gubernamental, sobre todo cuando se habla de adelantamientos.
Inesperadamente, el secretario general de gobierno apareció en diversos puntos de Culiacán, acompañado de su familia, pintando sobre las bardas en las que alguien –“amigos o enemigos”- puso para meter a Vargas Landeros en el juego sucesorio, o para generarle un mejor posicionamiento.
Todavía ayer, los hijos del secretario general de gobierno aparecieron continuando la labor iniciada el domingo, mostrando por un lado unidad de propósitos de la familia, como corresponde a un candidato o precandidato que quiere hacerse ver bien por la sociedad, y por otro lado, que se trata en efecto, de un propósito de limpiar, más que de sólo aparecer públicamente y atraer los reflectores de los medios informativos.
Por supuesto, no faltaron los señalamientos de diversa índole (en las redes sociales hubo quienes subieron fotos diciendo que todavía el sábado se colocaban pintas, o que borradas éstas, seguían las calcomanías en el transporte público); las especulaciones acerca de las causas que motivaron esta decisión, que muchos empatan con el manotazo del presidente para detener los aceleres de la sucesión presidencial y por supuesto, con la preocupación de que los aceleres locales se tomen como indisciplina.
Al final todo mundo se declara consciente de que la decisión sobre el candidato del PRI se tomará en la Ciudad de México, y más específicamente en Los Pinos, como corresponde a la tradición impositiva del tricolor, con la que además casi todos los grupos están de acuerdo, sobre todo a la luz de la experiencia vivida en el 2010, cuando la falta de una mano cohesionadora los llevó a la división y a la derrota del hasta entonces invicto PRI.
UNA POLÉMICA ESTÉRIL
Durante las últimas semanas Sinaloa ha sido escenario de una fuerte polémica que insiste en detener la aprobación de la Ley de niñas, niños y adolescentes que se discute en el Congreso del Estado para homologar las disposiciones legales locales con las federales.
Este enfrentamiento a la intención de legislar ha sido atizado sobre todo por la Iglesia Católica, aunque también otras sectas lo han apoyado, y por las siempre útiles uniones de padres de familia, que salieron a defender su derecho a conservar la patria potestad de los niños, niñas y adolescentes, que según su análisis se encontraba en peligro con los términos de la legislación que está en proceso.
En realidad no hay mucho al respecto, como no sea prever casos extremos de familias disfuncionales sin remedio que pudieran verse privadas de ese derecho por causas muy específicas, algo que ya existe en la ley actual, y que al parecer nadie había visto o valorado.
Ayer vino una comisión de la Unicef que daría una conferencia sobre la protección a los niños y jóvenes y que de alguna manera, dada su especialización, podría servir como sinodal de este proyecto legislativo.
De entrada, la oposición a la ley hizo circular en las redes sociales que no habría tal encuentro porque la Unicef había encontrado que Sinaloa no reúne los estándares requeridos para la protección de la infancia. No sé si exista esa medición y si efectivamente Sinaloa esté debajo de los requerimientos, pero la versión era falsa. De lo que se trataba era de descalificar de antemano.
El hecho es que los oficiales de la Unesco revisaron el proyecto y consideraron que no daña a nadie, que el planteamiento pone a la familia en su centro de interés, y por tanto resulta positivo, de modo que los diputados de todos los partidos quedaron convencidos de que deben votar el texto original, sin hacerle ninguna alteración, ello tras la reunión que legisladores y gobernador del estado tuvieron con aquellos.
Por supuesto, los visitantes reconocieron y alentaron el derecho de las familias en su preocupación por defender a la familia y especialmente a los niños. En efecto, es muy sano que haya una sociedad participativa, que revise todo aquello que se va a hacer, y que esté alerta frente a situaciones en las que piensan que se les puede afectar con decisiones que según su criterio, pueden resultar lesivas y negativas.
Hay sin embargo algunos indicios que dan luz sobre el activismo de algunos de estos sectores (no todos, hay quienes acuden en legítima defensa de lo que son sus derechos): la vieja batalla contra la educación sexual, y la lucha por evitar la legalización de los matrimonios entre personas del mismo sexo y su posible sucedáneo, la posibilidad de que esos matrimonios tengan derecho de adoptar niños.
Son luchas contra el tiempo, contra estos tiempos en que todo mundo tiene derechos, pero al margen de ello, los mismos oponentes tienen a su vez el derecho de oponerse y de exigir un análisis de cada supuesto. Lo que no puede hacerse es imponer un criterio, ni engañar a la gente ofreciendo luchar contra una cosa específica, y aprovechar el envión para meter otras causas de cuya existencia no se advirtió previamente.
