*¿Por qué habrán reprobado a nuestros policías?
*Por supuesto, lo de Atilano sigue sin solución
*Tres nuevos partidos; menos dinero a los viejos
FRANCISCO CHIQUETE
Faltan dieciséis días para que las autoridades sinaloenses den de baja a tres mil ochocientos elementos de las corporaciones policíacas. Se ha anunciado mucho la búsqueda de una segunda oportunidad para presentar el examen de control y confianza que aplica el gobierno federal, pero hasta este momento no se ha concretado nada.
Este viernes los alcaldes se reunirán con el secretario estatal de seguridad pública para unificar criterios y determinar qué se hace con este reto, que es uno de los más fuertes que han enfrentado las corporaciones, después –por supuesto- del problema que significa en sí mismo el estado de violencia, delincuencia e inseguridad que se ha tratado de someter a control.
El presidente municipal de Culiacán, Sergio Torres Félix, reveló un dato que es interesante, revelador: hay municipios de otros estados que presentan índices de reprobación mucho menores que los registrados entre los agentes de Culiacán. ¿Por qué un municipio con el mismo número de elementos, tiene en otros lados reprobaciones de cincuenta a doscientos, y con nosotros hay hasta seiscientos? ¿Cuáles son los elementos para esa disparidad? Se pregunta.
Aunque haya estados con mayor escolaridad que Sinaloa o con mejores niveles de aprovechamiento (es uno de los renglones en que andamos por la calle de la amargura), la realidad es que no tendrían por qué registrarse diferencias tan abismales como las que menciona el alcalde. Y por extrapolación, podríamos hablar de condiciones similares para las corporaciones policíacas sinaloenses en general.
La única explicación podría ser el prejuicio que se tiene con nuestra entidad por nuestra condición de estado-cuna de casi todos los cárteles más importantes del país.
A los conductores sinaloenses se les considera sospechosos en muchos estados de la República, sólo por las placas de su vehículo (en Querétaro los han seguido patrullas en convoy sin que haya una violación al reglamento de tránsito; en Michoacán llevar esas placas equivale casi casi a un suicidio, o por lo menos lo equivalía hasta hace pocos meses).
Si eso pasa con un vacacionista o un hombre de negocios que tiene que ir a otros rumbos, imagínese usted cómo verán las autoridades capitalinas a los policías sinaloenses.
En su momento el entonces gobernador Juan Sigfrido Millán Lizárraga reconoció que Sinaloa sufría el estigma de ser cuna del narcotráfico en el país. No necesitaba ser tan explícito: los principales capos detenidos y en libertad eran oriundos de esta entidad. Casi todos venían de una misma organización y de ella salieron para organizar la propia. Sus guerras han ensangrentado al país y llenado de zozobra a buena parte de nuestras ciudades.
Bajo esas circunstancias, lo que en otros estados puede ser una homonimia por apellidos connotados en el mundillo del crimen organizado, en el caso de los policías sinaloenses bien puede ser considerado como parentesco. En estos casos deben acentuarse las sospechas de cualquier cosa, como consta incluso a abogados experimentados que han acudido a hacer las pruebas para acceder a puestos de mando en alguna corporación, y son regresados con cajas destempladas a pesar de sus blasones.
Muchos de los agentes se han quejado del intenso nivel de acoso sicológico del que se les hace objeto cuando los examinan y concluyen que hay en el examen una buena porción de sadismo.
Ayer sin embargo el investigador universitario Gonzalo Armienta Hernández consideró que una parte importante de la sacudida a las corporaciones es la necesidad de tener elementos capacitados para solventar los nuevos términos del sistema penal acusatorio, en que la recolección de pruebas empieza desde la intervención de las corporaciones policíacas, y si no se hace bien, el sistema se cae.
Al final, pero no por ello menos importante, está el hecho de los que efectivamente son culpables, que están involucrados en los grupos criminales que sin las estridencias de otros estados, cuentan con quintacolumnas que les permiten operar con impunidad.
AVANCES COMO LOS DE
AQUEL PROCURADOR
El procurador general de Justicia, Marco Antonio Higuera Gómez, tan refractario a dar información, hizo públicos los avances que hay en la investigación del crimen que segó la vida de Atilano Román Tirado, ocurrido el sábado pasado.
Los avances se concretan a un hecho específico: la identificación del carro en que viajaban quienes participaron en el asesinato, aunque en sus expresiones, el procurador habló sólo de “el asesino”.
Normalmente el primer avance del que se informa es la ubicación del vehículo en que se ejecutó un crimen o en que viajaban quienes lo ejecutaron. Usualmente el hallazgo no sirve de nada porque son los delincuentes quienes lo abandonan parta cortar cualquier rastro que permita identificarlos. En este caso ni siquiera es el hallazgo, sino la identificación, vía las cámaras de videovigilancia que hay en las calles.
Con minuciosidad de escasa utilidad, Higuera Gómez detalla que Atilano fue seguido por los asesinos desde su casa hasta las instalaciones de El Sol de Mazatlán, de modo que bien pudieron asesinarlo en cualquier otro lugar. ¿De qué se trató entonces? ¿De demostrar hasta dónde son capaces de llegar, de enviar mensajes adicionales al crimen?
Esperemos que la falta de información más contundente sea porque es necesario guardar los datos para no entorpecer los avances reales de la investigación, y no simplemente porque no existen más cosas de las qué informar.
CUATRO CANDIDATAS:
DE LA NECESIDAD VIRTUD
Durante el Foro Estatal Gobernabilidad y participación política de la mujer en el ámbito estatal, que organizó la Organización Nacional de Mujeres Priístas en Sinaloa, la dirigente estatal Martyha Tamayo Morales reiteró, para que ya nadie lo dude, que su partido tendrá aquí cuatro candidatas a diputadas federales en la elección del año próximo.
Se trataba por supuesto de enaltecer los beneficios que ha recibido la mujer en ese partido, de los logros alcanzados, de las acciones que se vienen, como las candidaturas. Qué importa que el fin de semana pasado, el Consejo Estatal Electoral hubiese multado al PRI con mil salarios mínimos por no invertir al menos el cinco por ciento de su financiamiento operativo a la capacitación y desarrollo de la mujer. En todo caso, dijo la señora Tamayo, Culpas son del Chuquique y no de Martha, porque fue en aquel tiempo que se produjo el incumplimiento.
El caso es que serán cuatro candidatas y todos se felicitan por eso, pero la realidad es que ahí el PRI hace de la necesidad virtud, pues se trata de un ordenamiento legal, no de una opción que tome la organización. Avance sería alcanzar cinco de ocho diputaciones, aunque la verdad es que al preocupación es cómo dejar fuera a cuadros varones que se consideraban ya indispensables para mantener elevadas las posibilidades de triunfo y los equilibrios entre corrientes.
Hay que decir que no se trata de un problema exclusivo del tricolor, sino que se repite en cada partido, con l diferencia de que fuera del PAN, a ninguno de los pequeños le daña lanzar mujeres, pues las posibilidades de victorias generalizadas son mínimas.
MÁS PARTIDOS,
MENOS DINEROS
Ayer Se oficializó la inclusión de los tres nuevos partidos nacionales en el espectro electoral sinaloense. A los siete que ya existían con registro federal, y el local que opera y que el año pasado fue una sorpresa, se suman el Partido Encuentro Social, el Partido Morena y el Partido Humanista.
Por supuesto, no sólo se les dio entrada como opciones electorales, sino también como acreedores de los recursos públicos que por ley se reparten como financiamiento a los partidos políticos. Y como se trata de redistribuir de una misma bolsa, y no de aumentar dinero para cada una de las nuevas organizaciones, Los que ya estaban terminarán recibiendo menos de lo que ya tenían calculado.
En agosto del 2012, cuando el Consejo Estatal Electoral otorgó su registro al Partido Sinaloense, fue necesario sacar dinero de la bolsa general para otorgarle a la nueva organización por los últimos meses del año, hasta que llegara un nuevo presupuesto. El PAN, a través de su dirigente de entonces, Francisco Solano Urías, puso el grito en el cielo exigiendo que su dinero no fuese tocado porque ellos ya tenían un presupuesto armado y no podían aceptar la reducción.
Hoy no hubo protestas. Cada uno de los tres nuevos registrados recibirá 597 mil 373 pesos con 30 centavos.
Así, al PAN se le reducen las asignaciones estatales a “sólo” 17 millones 430 mil 573.76; al PRI lo bajan a 22 millones 403 mil 372 pesos con 80 centavos; al PRD a cinco millones 986 mil 454.68; al PT, a tres millones 639 mil 735.64; al Verde Ecologista, cuatro millones 901 mil 419.48; al Movimiento Ciudadano, a tres millones 413 mil 796.52, al PANAL a ocho millones 686 mil 339.48, y al PAS, a 10 millones 599 mil 403.48.
Con todo y las rebajas, los partidos políticos siguen siendo buenos negocios, pues todavía hay que sumarles subvenciones municipales a los que tienen regidores en los ayuntamientos, y una partida adicional a quienes hacen fracción en el Congreso del Estado, además que el PANAL y el Verde alcanzan sus jugosos presupuestos como premio por haber sido damos de compañía del PRI en la elección local del 2013. Se cree que el PRD alcanzó su porcentaje gracias a que iba en la derrotada alianza con el PAN. Sólo el PAS se ganó sus diez millones con casi seiscientos mil pesos, en un esfuerzo en solitario.
