*Adolfo Rojo defiende la “reglamentación”
*La modernidad supera cualquier límite
*No se valora el punto de vista diferente
FRANCISCO CHIQUETE
Hay temas que hacen aparecer el verdadero yo de los políticos, ese que han cuidado durante mucho tiempo y que en un momento dado les gana. Es el caso de la famosísima Ley Mordaza, que ha puesto a patinar a más de uno.
Ya en entregas anteriores analizamos las reacciones de algunos personajes que primero se fueron con la finta y defendieron las disposiciones restrictivas al ejercicio periodístico, y luego se dieron cuenta de lo que habían defendido. Ni qué decir de los que votaron a favor y luego se lanzaron a hacer sentidas protestas de respeto tanto a la libre expresión de las ideas como al gremio periodístico.
Pero hay ya reacciones a toro pasado, de esas que ya no pueden ser atribuidas ni a la premura del trabajo legislativo, ni a la emoción del momento; ni siquiera a una mala interpretación de los propios periodistas, que es una de las justificaciones más frecuentes de los que se metieron en líos por el uso inmoderado o inadecuado de la lengua (a la hora de declarar, por supuesto).
El alcalde de Culiacán, Sergio Torres, es persistente. Dice que los periodistas no deben hacer juicios a priori ni sobre las intenciones de los legisladores ni sobre las disposiciones que aprobaron, como es el caso de la Ley Mordaza. De acuerdo con esta visión, habrá que esperar a que metan a la cárcel a unos quince o veinte reporteros para que se pueda hacer un juicio conveniente.
Pero el que de plano salió del closet del autoritarismo fue el presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Adolfo Rojo Montoya, quien dijo que no estaba de acuerdo con la derogación, sino que prefería alguna corrección del artículo 59 bis, que fue el que generó la grave polémica que rebasó las fronteras del estado y hasta del país.
Más explícito, Rojo Montoya, quien ya ha confesado sus aspiraciones de ser candidato a la gubernatura sinaloense este 2016, considera que el ejercicio periodístico debe reglamentarse.
Por supuesto, la explicación o la justificación es que se debe preservar la escena del crimen porque es un elemento importante para la resolución de los casos, algo que nadie quiere puede rebatir.
En realidad el asunto de la escena de crimen ya quedó resguardado de una violación masiva o sistemática, independientemente de que la Ley Mordaza se derogue o se reforme. El presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado, Jesús Enrique Hernández Chávez, dijo que el tema ya está cubierto por las disposiciones legales del ámbito federal, de modo que no era tan necesaria la disposición que habrá de ser derogada en un periodo extraordinario dentro de diecisiete días.
Hay dos cosas que se alegan a favor de la Ley Mordaza. Una es que las familias de las víctimas han pedido que se limite el acceso de los medios a las escenas del crimen, para que no se utilicen imágenes que golpean a los sobrevivientes y a los familiares; la otra es la ya citada cuestión de la escena del crimen.
Es cierto que el acercamiento cada vez más profundo de los medios a los acontecimientos ha llegado a ser ofensivo. En lo personal me parece lamentable y hasta ofensivo ver a los camarógrafos encima de las familias que se revuelen por el suelo shockeados por la desgracia. Hay en ese dolor un punto de intimidad que se ha transgredido en nombre de la información.
Se ha perdido en efecto, el respeto a cuestiones que en otros tiempos fueron elementales. Durante años, cada vez que un editor necesitaba ilustrar una foto sobre la carrera artística de Beatriz Adriana, o sobre sus conflictos familiares, aparecía una foto en la que llora por la muerte de su hijo secuestrado. Ese puchero inacabable salía una y otra vez por todos lados, como si se tratase de una gracia. Así como esos hay muchos ejemplos, y otros más graves aun.
La preservación de la escena del crimen por supuesto, es indispensable. Cualquier Elemento que sea retirado o cambiado de sitio podría constituir la diferencia entre ubicar o no a algún sospechoso. Aunque a decir verdad, son muy pocos los casos de crímenes en que se haga una investigación real, seria. Aunque todos vemos a los peritos colocando cartoncillos con número donde cayeron los casquillos, es muy posible que no se hagan siquiera las autopsias de cada caso.
La falta de investigación rigurosa y a veces elemental, por supuesto, no es justificación. La escena del crimen debe preservarse,
El problema es que pretender una reglamentación del ejercicio periodístico expone a la sociedad a que sus medios de comunicación sean manipulados, controlados y contenidos por intereses que van más allá de las decisiones empresariales que a veces contaminan la información, o las filias o las fobias que también lo hacen.
Cada vez que a un político o una generación de políticos se les ocurre el asunto de la reglamentación, termina por poner en riesgo la libertad de la sociedad para ser informada. Detrás de un gremio periodístico al que se atan las manos está una sociedad que queda a merced de la manipulación y de los rumores.
Lo peor para los que pujan por reglamentar, es que hoy con las nuevas tecnologías de la información, los intentos de control quedan en fracasos, aunque en casos como estos, insistamos, se corre el riesgo de pérdida en la calidad de la información.
Don Adolfo Rojo, por lo visto, quisiera tener reglamentos hasta para reportear, como se pretendió con el artículo 59 bis, cuya autoría por cierto sería bueno identificar. ¿Habrá quien salga y diga “yo fui”?
CUANDO LA AUTORIDAD
SÓLO QUIERE SER ESCUCHADA
El Viernes, el alcalde mazatleco Carlos Felton González se refirió a su proyecto de construir el edificio para la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, utilizando los ochenta millones de pesos que en principio habían sido autorizados para la remodelación y rescate del Mercado Municipal José María Pino Suárez.
En la defensa de su proyecto, Felton se lanzó a fondo y advirtió que lucharía contra quienes se opongan a que Mazatlán alcance mejores niveles de desarrollo.
El munícipe tiene derecho a defender sus proyectos y puntos de vista, pero no puede declararse contrario a quienes tienen una idea diferente. Algunos locatarios del Pino Suárez, por ejemplo, piden que se respete el proyecto original para que su centro de trabajo quede en mejores condiciones y les permita competir con los modernos centros comerciales. Habrá también quienes se opongan a la construcción de un edificio para la policía, por postura política, pero también por convicción de que el edificio o alguna de sus condiciones no son lo más adecuado.
Pero aun si estuviesen equivocados, el punto de vista de otros ciudadanos debe ser escuchado. Es un derecho para la sociedad y una obligación para los gobernantes.
Esto ocurre con un alcalde panista. Pero también pasa en un ayuntamiento priísta, como el de Ahome, donde el alcalde Arturo Duarte pretende construir un nuevo palacio municipal y su regidora, la exdirigente tricolor en el municipio, Nora Arellano, acusa a los regidores panistas de oponerse al progreso de Los Mochis. La señora Arellano como dirigente opositora, hizo uso intensivo de su derecho a disentir en los proyectos del panista Zenén Xochihua, pero hoy, del otro lado de la mesa, critica lo que tanto hizo.
No hay una confrontación de ideas, una comparación de propuestas y puntos de vista, simplemente una descalificación para quienes no piensen como quienes están en el poder.
Esto comprueba fehacientemente que el autoritarismo y la cerrazón tienen espacios en todos lados, superando divisiones tradicionales de los partidos políticos.
