*Quiere el gobierno del estado cobrar el predial
*Tendría que haber una larga serie de reformas
*¿Cuál fue la investigación de la PGJE con Edgar?
FRANCISCO CHIQUETE
De repente empezó a correr la versión de que el gobierno de Sinaloa está proponiendo una reforma que le permita concentrar el cobro del impuesto predial, que por disposición constitucional corresponde a los municipios y que constituye por cierto el principal ingreso propio de los ayuntamientos.
Por supuesto, cualquier analista establece que se trata de una propuesta que no puede avanzar por si misma. Quizá mediante un complejo mecanismo de reformas que incluyan al 115 de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos, para lo cual se requiere por supuesto un pacto nacional en que todos los estados aprueben la moción y luego cada ayuntamiento de cada estado la analice, hasta que se constituyan mayorías en las entidades y finalmente en el país.
También por supuesto está la posibilidad de firmar un convenio huizachero en que los municipios acepten ceder la administración del predial al gobierno de su estado, en este caso el de Sinaloa, lo que requiere consensos difíciles de encontrar, al menos en los municipios importantes, que tienen una buena captación del predial y como dice el dicho, no necesitan bules para nadar.
Por el contrario, Mazatlán ha vivido una mala experiencia en ese renglón, con le Instituto Catastral del Estado de Sinaloa ejerciendo la labor catastral. En el cobro del predial de este año se presentaron graves problemas derivados de dos situaciones: la no actualización de los valores de muchas fincas, que a lo largo del último lustro y hasta la última década, fueron modificadas sin que nadie en Catastro se diese cuenta. De repente aparecieron los cambios y se dispararon los cobros del predial porque obviamente creció el valor catastral; la mala ejecución de una actualización a través de vuelos fotogramétricos que confunden sábanas tendidas con cuartos nuevos, lonas o mallasombras con techos de concreto y otra larga serie de errores que alteraron los cobros e indignaron a miles de causantes.
Es de entenderse que para los municipios pequeños, donde no hay cultura de pago del predial (como no la hay para el agua potable), un acuerdo de ese tamaño podría ser benéfico, porque al ser el gobierno el que apriete tuercas para hacer los cobros, alcaldes y regidores podrían sacarse la responsabilidad con facilidad relativa.
El problema es que además del cobro, el gobierno parece proponerse la creación de un fondo conjunto para la ejecución de obras de infraestructura, que literalmente suena muy bien, sobre todo porque garantiza recursos para los paripazus, es decir, las aportaciones municipales para las obras que se ejecutan con recursos en que participan también la federación y el estado.
Ahí es donde los alcaldes paran orejas, porque entonces sería el estado el que manejara recursos del municipio, y por más consultas y acuerdos que pueda haber para la selección de las obras, ¿qué munícipe dice que no a un gobernador cuando éste se entusiasma con un proyecto?
Entonces sí que sería triste la situación política de los alcaldes. Allá por la primera mitad de los setentas, el ingeniero Ricardo Urquijo Monterde se lamentaba de haber pedido licencia a la alcaldía mazatleca para irse de candidato a diputado local. Aunque ganó la elección, y con ella la curul durante tres años, Urquijo Monterde encontraba que “un político que no tiene policía y tesorería no tiene fuerza alguna. Nadie le hace caso”. Así quedarían los alcaldes actuales: ya la policía la maneja Chuytoño a través del mando único, que decide quiénes son los secretarios de seguridad pública Municipal o los directores, según sea el caso; si ahora les quitan el manejo de los recursos, pocos o muchos que genere el predial, van a terminar siendo nada.
Por cierto que este gobierno arrancó con la expectativa de que ahora sí se atendería el reclamo de alcaldes como Alejandro Higuera, quien soñaba con cancelar el convenio que le permite al Instituto Estatal de Catastro administrar la información catastral a cambio de un pago por concepto de “maquila”, que en este año generó un cobro de treinta millones de pesos.
¿Y luego?
NO LOS SUPERÓ PORQUE
LA MATARON: GERARDO V.
Nadie puede exigir plazos concretos y específico para una investigación policiaca. Se trata de trabajos complicados, siempre dependientes de factores inesperados que pueden dar al traste con cualquier avance. Pero también hay casos que por más complicados que sean, exigen celeridad y efectividad. Este es el punto con Sandra Luz Hernández, la activista asesinada el lunes, en cuya investigación no hemos visto un solo avance.
Si bien la reducción de asesinatos dolosos, sobre todo de alto impacto es algo que no sólo debemos reconocer sino que debe enorgullecernos, una muerte como ésta nos hace retroceder como sociedad a tiempos que siempre tendemos a creer superados y que tercamente aparecen una y otra vez.
Hasta este momento la Procuraduría General de Justicia de Sinaloa no nos ha dado nada. Las balbuceantes explicaciones del subprocurador no han tenido siquiera una mínima importancia periodística, mucho menos importancia jurídica. Lo único que nos han hecho ver es que no tienen nada y que a pesar de la importancia del asunto, hasta el momento en que procuraduría dio la cara, aunque sea una cara segundona, no tenía absolutamente nada.
Seguramente por eso el secretario general de gobierno, Gerardo Vargas Landeros salió ayer a abordar el asunto,. Lo malo es que lo hizo en los términos de un político y no los de un servidor público abierto a una realidad que se impone y que es necesaria para partir de una base que permita ir hacia donde debemos llegar.
Cuando los compañeros reporteros le preguntaron si doña Sandra Luz había hecho un mejor trabajo que la Procuraduría investigando la desaparición de su hijo, Vargas Landeros dijo que no, y su argumento fue fallido: «Yo no creo que haya realizado mejor trabajo que nosotros porque a lo que yo sé, al contrario, entiendo que fue una emboscada la que le pusieron a la señora, es el reporte que yo tengo».
Si a la señora Hernández le tendieron una emboscada es porque los responsables de la desaparición de su hijo se sintieron en riesgo con lo que ella andaba haciendo, y no se puede pensar que sea sólo por las manifestaciones públicas en que participó, sino necesariamente por la investigación que realizaba por su cuenta.
En todo caso ¿contra qué se compara? No creo que haya realizado mejor trabajo que nosotros”, dijo Vargas Landeros, ¿cuál es el trabajo de “nosotros”? ¿dónde hay un indicio de que se haya avanzado en la ubicación del paradero de Edgar García Hernández? ¿hay al menos un inicio de esa búsqueda, más allá del levantamiento de las actas correspondientes?
A cualquiera se le ocurre que la búsqueda de un secuestrado, sobre todo cuando no se trata de un secuestro por razones económicas, es una lucha contra el tiempo, pues los captores usualmente llevan un propósito más grave que el de la retención. En dos años no hubo noticias ni avances que se conozcan, entonces ¿cuál es el trabajo de la procuraduría?
Ahora ya las exigencias son otras. No podemos esperar otros dos años para saber si se va a avanzar o no, ni mucho menos que en ese plazo o antes o después, vayan a matar a alguien que se meta a indagar sobre este asunto.
