EN LA GRILLA

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martha tamayo

*Heriberto Galindo sigue en el ojo del huracán del 2016

*Salió la primera oleada de iniciativas; vienen más

*Busca el Centro de Convenciones respaldo económico

 

FRANCISCO CHIQUETE

 

Como era de esperarse, Heriberto Galindo Quiñones se puso en el ojo del huracán con las presentaciones de su fundación de apoyo a los grupos marginales. Entre los de dentro del PRI que preferirían ver las cosas detenidas, y los de fuera, que ya le han tupido con todo, a Galindo le afectan, pero también lo posicionan más allá de lo que él mismo pudo haber previsto.

La Asociación Civil será representada en el sur de Sinaloa por la señora Conchita de Álvarez Fárber, quien fuera esposa del desaparecido exsecretario general de gobierno, Francisco Rodolfo Álvarez Fárber. Se trata de una señora de gran reconocimiento social, quien garantiza además la labor humanitaria del organismo.

En ese sentido, la fundación de Galindo Quiñones generará seguramente resultados importantes, pues él mismo tiene una formación humanista que le ha permitido participar en los sectores más ideologizados del PRI, con un discurso de avanzada y una filiación a las causas más presentables en que su partido había participado.

Sin embargo, el punto fuerte de este momento es precisamente la posición de Galindo como aspirante a la candidatura priísta al gobierno de Sinaloa. Como en su oportunidad apuntamos en este espacio, la presentación derivó en un severo interrogatorio que buscaba orientarlo hacia la aceptación de sus aspiraciones, mientras Galindo echaba mano a toda su experiencia para evitar el asunto o para dejar en claro que no sería ese el tema del encuentro. Y el panorama se repetirá hoy, cuando la presente en Guasave.

La sucesión del 2016 es algo que está presente en prácticamente todos los ámbitos y en las expresiones de todos los actores políticos. Apenas hace unos días, el secretario general de gobierno, Gerardo Vargas Landeros, dijo que ofenden al gobernador quienes se adelantan con el tema de la sucesión.

No es nuevo: usualmente los ánimos se desatan en el cuarto año de cada gobernador, y éste y su equipo, por su parte, intentan siempre detener las cosas con razonamientos políticos, con descalificaciones, con advertencias y al final con condenas que de todos modos no consiguen detener las cosas, aunque se utilicen argumentos tan grandiosos como “el 2016 está después del 2015”, con que se ha pretendido congelar el proceso.

Los dos gobernadores que pretendieron ignorar por más tiempo el punto de su sucesión, fueron Antonio Toledo Corro y Juan Sigfrido Millán Lizárraga, quienes ni siquiera en sus cuartos informes de labores abordaron el tema, como si ignorándolo en público lo pudiesen hacer desaparecer. La diferencia entre ambos fue que al final Toledo Corro no fue más que un espectador de su sucesión, y por cierto un espectador poco informado y poco prevenido, pues además las cosas se enfriaron de tal forma, que el candidato priísta Francisco Labastida Ochoa tuvo que hacer campaña como si fuese de un partido de oposición. En cambio Millán Lizárraga tuvo en sus manos todos los controles del proceso interno del PRI e incluso influyó fuertemente en el del PAN y del PRD, con la única falla e que el candidato perredista fue absolutamente ineficaz, y no tuvo posibilidades reales de influir en la elección, al no restarle votos a Acción Nacional.

En estos momentos hasta en el PRI se maneja el asunto de manera formal, aunque sea para decir que es demasiado temprano, como hizo la dirigente estatal Martha Tamayo Morales. De todos modos reconoce las aspiraciones de tres personajes: Heriberto Galindo Quiñones, David López Gutiérrez y el senador Aarón Irízar López.

Raro, pero se le olvidaron las declaraciones, constantes y claras de Diva Hadamira Gastélum Bajo, su dirigente nacional en el campo de las mujeres priístas, y la presencia, últimamente con perfil bajo, de Daniel Amador Gaxiola, el tercer senador, o las constantes puestas a disposición de su partido por parte del secretario general de gobierno, Gerardo Vagas Landeros.

LLEGARON LAS INICIATIVAS

Ayer, el referido Vargas Landeros entregó las iniciativas de reformas que dio a conocer la mesa de concertación Compromisos por Sinaloa. Se trata de propuestas muy concretas, a las que se ha calificado como “de bajo perfil” porque son pocos los alcances del paquete, sobre todo contra la expectativa de una gran reforma política, como se ofreció durante todo el proceso de consulta.

En realidad el problema no es lo light de estas propuestas, sino la escasez de tiempo para alcanzar a que se concreten los casos importantes. Imagínese hasta cuándo le tocaría el turno a la revocación de mandato o al referéndum, de los que llegó a hablar el propio gobernador Mario López Valdez.

Por lo menos este paquete ya deja la posibilidad de un resultado concreto, incluso si no se logra avanzar un poco más allá de esto. Lo del transporte escolar es algo que a casi todo mundo le llega y no puede ser desechado así como así. La mesa entonces ya puede presumir que algo dejó, aunque seguramente habrá un segundo paquete con un poco más de impacto que les permita aspirar a una elevación de las calificaciones.

LA AUTONOMÍA DE LA

PROCURADURÍA DE JUSTICIA

Vargas Landeros definió alguno de los temas que aparecen en el segundo paquete, y destaca ahí la autonomía a la Procuraduría General de Justicia del Estado. Un asunto que ha sido sumamente polémico y que ha tenido sus ires y venires, según los momentos por los que ha pasado la política en el ámbito sinaloense.

En su larguísima estadía como oposición en Sinaloa, el PAN y el PRD fueron insistentes en la exigencia de que la PGJE dejase de depender del gobernador para otorgarle una autonomía que ayudara a garantizar la imparcialidad absoluta que se requiere de una instancia tan importante como esa.

Sin embargo, cuando llegaron al gobierno, de la mano de Mario López Valdez, el PRI, que siempre se opuso a una medida de esa naturaleza, cambió su posición y empezó a demandar el cumplimiento de esa propuesta, a la que repentinamente encontró como fundamental para el mejor desempeño del estado, a pesar de que ellos mismos, los priístas, la bloqueó cuantas veces tuvo necesidad de hacerlo.

En cambio panistas y perredistas rechazaron la posibilidad. Incluso en entrevistas con los medios, particularmente con el programa Guardianes de la Noche, los representantes panistas y perredistas rechazaron la posibilidad de otorgar autonomía a la Procuraduría, alegando vagamente que era necesario realizar análisis y estudios a fondo, para no equivocar los términos.

Ahora, según platica la dirigente priísta Martha Tamayo, la propuesta vino del PRI y fue aceptada por los demás partidos, de manera que en el transcurso de la próxima semana se convertirá en una Iniciativa de Reforma.

Se trata, dijo, de abrir la selección del fiscal del estado a la participación de la sociedad, y de acabar con la práctica de que sea el titular del ejecutivo en turno el que haga las propuestas. De modo que no haya dependencia, respecto del mandatario.

Para concretar el nuevo modelo, los priístas se basaron en el modelo que se está adaptando a nivel nacional, sin llegar a la separación tajante de entregarlo a un militante de otro partido, o de elegirlo por voto universal, como se llegó a plantear en algunos momentos.

Para la posibilidad de un gobierno compartido en el área de Justicia, pesa mucho todavía el recuerdo de la actuación que tuvo el panista Antonio Lozano Gracia cuando fue procurador General de la República en el gobierno del priísta Ernesto Zedillo Ponce de León. La institución fue dedicada a la filtración de versiones interesadas contra personajes del priísmo (como so se hubiese necesitado una campaña de esas para que la gente los viera mal) y sobre todo, cuando se dieron los vergonzosos asunto de la Finca El Encanto, donde sacaron los falsos huesos del desaparecido diputado Manuel Muñoz Rocha, utilizando los servicio de La Paca, aquella cartomanciana que supuestamente adivinó la ubicación de los restos.

EL CENTRO DE CONVENCIONES

NECESITA APOYO ECONÓMICO

Los diputados de las comisiones de Turismo y Hacienda se reunieron ayer con representantes del Centro de Convenciones de Mazatlán, que está en condiciones económicas difíciles porque se trata de un negocio de muy altos costos y difícil de equilibrar.

Los representantes explican que desde su proyección, los estudios arrojaron que no había condiciones para que el centro de convenciones operara exitosamente, al menos durante los primeros años, por lo que las autoridades en turno ofrecieron dar apoyos que permitieran a los inversionistas salir adelante, mientras se daba la acreditación.

Pero el centro tiene aproximadamente cuatro años funcionando y los apoyos no han llegado, por lo que se propone crear una subvención o un impuesto que genere unos veinte millones de pesos anuales. Con ello se evitaría la necesidad de vender el edificio o de arrendarlo, acciones que de algún modo desvirtuarían la finalidad del proyecto, y la marcha que lleva, pues en los últimos tres años ha sido elemento fundamental para atraer a una fuerte corriente de turismo de negocios y convenciones que no se tenía y que ha generado además una importante derrama económica para todos los sectores mazatlecos.

No es fácil en estos tiempos de astringencia económica, generar una partida de este tipo, pero dada la importancia que este lugar ha tenido para Mazatlán (las convenciones por ejemplo, ayudaron a la recuperación de muchos de los vuelos perdidos), la cantidad no parece exorbitante. A condición de que no sea para siempre, es cosa de voluntad y de eficiencia.

La reunión fue encabezada por el diputado Fernando Pucheta, quien por cierto hoy es anfitrión de la dirigente estatal priista Martha Tamayo, en la sesión de entrega de apoyos de su fundación Una mano amiga.