*La cumbre sinaloense del Bando de Policía
*Imelda ya transparentó ¿Y Ramón Lucas?
*Siguió el agarrón entre panistas sinaloenses
FRANCISCO CHIQUETE
Dieciocho alcaldes, el gobernador, la columna vertebral del gabinete estatal y otros personajes se reúnen durante el fin de semana en Estrella del Mar, con toda la discreción y las mejores condiciones de trabajo. Todo ese despliegue para acordar que en lo sucesivo se aplicará adecuadamente el Bando de Policía y Buen Gobierno
Desde hace tiempo el estado mexicano intenta salir de la improvisación, organizar más la tarea de gobierno y modificar prácticas que por discrecionales, terminaron desvirtuadas y resultan hoy contraproducentes. Por ello fue bien recibido el anuncio de este encuentro que además tuvo la virtud de hacer que se vislumbrara una buena coordinación entre los diferentes niveles de gobierno.
No es ningún secreto que los ayuntamientos se encuentran en absoluta desorganización, que los recursos económicos no son suficientes ni mucho menos han sido adecuadamente administrados, de modo que siempre será bueno un establecimiento de reglas, sobre todo en el momento de arranque de las actuales administraciones.
Porque esa es otra cosa: en los dieciocho municipios de la entidad hay nuevos alcaldes, varios de los cuales llevaban ya varios intentos sin alcanzar el puesto, e incluso uno que ya tenía la experiencia de gobierno, pero no han descollado ni mostrado grandes expectativas para la ciudadanía.
En el estado, por otra parte, tienen la experiencia de haber pasado las de Caín con la improvisación, propia y de los anteriores alcaldes; con la ineficiencia e impreparación con que llegaron muchos; y con la monserga de tener que protegerlos porque fueron leales a la hora de la dificultad que entrañó el proceso electoral del 2010.
Por ello se tomaron cartas de manera oportuna y fueron llevados a uno de los paraísos de Sinaloa: el centro turístico Estrella del Mar, donde tuvieron el privilegio del paisaje, la tranquilidad de la privacidad y la certeza de las cartas abiertas.
Ya al finalizar el trienio pasado, apenas en diciembre, se lanzó la advertencia de que no hay ría una nueva ayuda para terminar sin problemas, o con menos de los que se perfilaban. La advertencia vino desde la Secretaría de Hacienda y Crédito Público del gobierno federal, y fue asumida por el gobierno sinaloense, que se las endosó de inmediato a los recién llegados.
Pero resulta que varios de los nuevos alcaldes se estrenaron precisamente con peticiones de ayuda porque, explicaban, los alcaldes anteriores no dejaron dinero en caja y en cambio sí les endilgaron deudas de corto plazo que los ponían en aprietos para cumplir con las nóminas y con el pago de proveedores tan indispensables como la Comisión Federal de Electricidad.
Parecía entonces que el encuentro sería para acuerdos de fondo, sobre todo con una exigencia tan fuerte como la del despacho Aspe, para hacer recortes estrepitosos en las administraciones, para alcanzar a salir, dentro de tres años, con cuentas claras, amistades largas, y contralores ociosos.
Pero resulta que a final de cuentas, de acuerdo con la reseña oficial, el acuerdo más importante fue aplicar adecuadamente el Bando de Policía y Buen Gobierno, como si estuviese en duda la sanción que debe aplicarse a quien conduzca un vehículo al tiempo que utiliza un teléfono celular, o peor aún, a quien lo haga bajo los influjos del alcohol, o sin respetar los límites de velocidad.
El anunció pareció como uno de aquellos eventos en que los actores políticos, usualmente jefes de gobierno o representantes parlamentarios, firman convenios para cumplir con determinadas disposiciones legales que de manera natural son obligatorias. Y en el caso de los alcaldes, el Bando de Policía y Buen Gobierno es lo más cercano que tienen a una legislación de su nivel de gobierno.
Es cierto que muchos de los problemas de seguridad que se viven en el país iniciaron con el disimulo ante infracciones menores, pero la realidad es que pobre de aquel alcalde que no tuviese capacidad para darse cuenta, por si mismo, de la responsabilidad que les genera ese ordenamiento.
¿En la siguiente reunión irán a acordar un mejor sistema de barrido de calles?
OTRO AUTODESTAPE DE
FINANZAS PERSONALES
Como lo había anunciado, la diputada perredista Imelda Castro Castro dio a conocer su patrimonio familiar, que para los curiosos, alcanza el millón doscientos mil pesos.
Imelda Castro ha sido diputada local –esta es su segunda vuelta al Congreso Local, dirigente estatal del PRD, ha sido funcionaria –estuvo hasta principios del 2012 en la Secretaría de Desarrollo Económico- en Sinaloa y en Zacatecas, además de otras actividades profesionales.
La legisladora había dado a conocer su propósito de transparentar sus recursos cuando lo hizo la diputada priísta Sandra Lar Díaz. –Me ganó, dijo lamentando la pérdida, pero felicitando a su colega.
En realidad esto de la transparencia de los bienes personales no es algo a que obliga la ley, pero como dice la propia Imelda, es necesario rescatar la credibilidad de los diputados, y una manera es siendo claro con el asunto de los recursos económicos.
Si hubiese real transparencia en el manejo de los recursos, pero los públicos, no sería necesario que las finanzas personales anduviesen en boca de todo mundo. Habrá quienes teniendo negocios prósperos e importantes, o fortunas familiares, se resistan a seguir el ejemplo y a hacer declaraciones públicas de esta naturaleza, y tendrán razón, sobre todo en condiciones de riesgo para las personas, pero el hecho es que estos destapes económicos están generando ya una corriente que será muy difícil detener.
Por lo pronto la primera duda que surge de esta acción de Imelda Castro Castro es si será seguida por su compañero de bancada, Ramón Lucas Lizárraga, quien ha sido siempre un hombre modesto, con una larga permanencia laboral en la Universidad Autónoma de Sinaloa, de la que llegó a ser dirigente sindical.
Hoy sin embargo, llama la atención por los dimes y diretes en que ha sido inmiscuido a propósito de la transparencia en el manejo de recursos que le fueron confiados como director del sistema estatal de Bachilleratos del Conalep.
Políticamente ya parece estar exonerado de esas broncas, pero siempre queda el antecedente de las declaraciones sospechosistas.
DEJÓ LA VÍBORA
CHILLANDO
Ernesto Cordero estuvo un día en Sinaloa, pero las secuelas de su paso van a durar muchos meses y quizá algo más.
Durante el fin de semana muchos panistas tuvieron expresiones de apoyo o de rechazo, no a las aspiraciones del Senador, sino a la actitud asumida respecto del dirigente estatal en Sinaloa, Edgardo Burgos Marentes.
Como ya es sabido, el viernes estuvo Cordero en Culiacán y se manejó entre sus simpatizantes sin recurrir a la dirigencia estatal, como suelen hacerlo todos los candidatos que vienen de otros lados, independientemente de que el CDE esté en manos de simpatizantes o no.
Edgardo Burgos Marentes lanzó, como enumeramos en la entrega anterior, una protesta pública a través de las redes sociales, acusando a Cordero de no pelarlo. En respuesta, Francisco Salvador López Brito, operador de Cordero en Sinaloa, publicó también en las redes que buscaron por dos horas a Edgardo Burgos y no tuvieron la suerte de localizarlo.
A Burgos se le vino encima el mundo, con recriminaciones de corderistas, que ganaron la guerra, agregando insultos y acusaciones diversas.
Pero en el recuento de varias personalidades, se advierte que las opiniones están divididas. Casi todos le pegan a Burgos, pero muchos insisten en que fue una mala actitud de Cordero. En el fondo de lo que se trata es de la profunda división que aqueja a Acción Nacional, tanto en Sinaloa como a nivel nacional, con el ingrediente de que en Sinaloa la división no sólo deriva de la elección nacional, sino de los problemas internos locales.
