El gobierno capitalino contrató en 2015 a una empresa que tiene juicios abiertos por lavado de dinero en España y por sobornos en Argentina.
A pesar de que los socios de Comsa S. A. ya eran investigados por blanqueo de capitales en España, el gobierno capitalino contrató en 2015 a esta empresa para realizar trabajos de rehabilitación en la Línea 12, justo en el tramo que colapsó el 3 de mayo de 2021.
Un año más tarde, las pesquisas judiciales sobre sobornos aparecerían en Argentina, donde Comsa tuvo que retirarse de un proyecto de infraestructura por estar asociada con Odebrecht.
Las indagatorias en España siguen abiertas y apuntan a una operación de lavado de dinero que involucra al hijo de Jordi Pujol i Soley, ex presidente de la Generalitat de Catalunya, de donde es originaria la compañía, mientras que en Argentina un juez ordenó hace unos meses que se profundizaran las investigaciones sobre “contratos simulados”.
La empresa transnacional que llegó a México para participar en la reparación de la Línea 12 del Metro obtuvo en 2020 un contrato por 638.8 millones de pesos para desarrollar un tramo del Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec. Ese mismo año firmó otro convenio por 385.6 millones de pesos para la rehabilitación de las vías del Tren Ligero de la Ciudad de México.
El lunes 4 de octubre, se dio a conocer que Carso Infraestructura y Construcción (CICSA), propiedad de Carlos Slim Helú, solicitó a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México que investigara los trabajos de rehabilitación de la Línea 12 del Metro, en particular los realizados en 2015, en los que participó, entre otras empresas, Comsa.
La historia de los socios incómodos
En 2015, junto con Multidin, TÜV Rheinland y Mexistra, Comsa fue contratada para rehabilitar las vías de la Línea Dorada, pero en ese momento la empresa catalana traía encima acusaciones por presuntos actos de corrupción cometidos en el pasado por sus socios minoritarios: los Sumarroca.
Ese año, Comsa estaba constituida con un 70 por ciento de acciones de la familia Miarnau y un 30 por ciento de la familia Sumarroca, que se sumó a la sociedad con los activos de su empresa Emte.
Antes de que la fusión se concretara, Emte hizo movimientos bancarios que dieron origen a la investigación policial en su contra.
Según las indagatorias, entre 2008 y 2009, Emte pagó 154 mil 48 euros a la empresa Project Marketing Cat, propiedad de Jordi Pujol Ferrusola, por supuestos servicios de consultoría para establecerse en México.
Esos honorarios no fueron demostrados, por lo que la policía anticorrupción abrió una línea de investigación por lavado de dinero.
Jordi Pujol Ferrusola es hijo de Jordi Pujol i Soley, ex presidente de Cataluña y amigo del patriarca de Emte, Carlos Sumarroca Coixet; a los dos, la justicia los investiga por los beneficios que se prodigaron mutuamente entre 1980 y 2003, cuando Pujol gobernó Cataluña.
En 2015, cuando integrantes de la familia Sumarroca comenzaron a ser detenidos por las autoridades españolas, en Comsa-Emte disminuyeron la participación de esa familia en los puestos directivos. Los Miarnau quedaron a cargo y borraron a Emte de su denominación.
La mancha de Odebrecht
La empresa española también fue alcanzada por la trama de Odebrecht en América Latina. En 2016, mientras seguía vigente el contrato para reparar la Línea 12 del Metro, el brasileño Marcelo Odebrecht declaró en Estados Unidos que había pagado 35 millones de dólares a funcionarios argentinos entre 2007 y 2014 para manipular diversos contratos de obra pública.
Uno de esos contratos fue el de la excavación del túnel para el soterramiento del ferrocarril de Sarmiento, una polémica obra en Buenos Aires, en donde Odebrecht se asoció con las firmas IECSA, Comsa y Ghella.
En 2017, Comsa reconoció que formaba parte de la investigación judicial en su contra y que colaboraba con la justicia argentina, pero también aclaró que abandonó el proyecto y que nunca tuvo constancia de pagos irregulares.
Aunque en 2019 se anuló una resolución en contra de funcionarios de IECSA y Comsa, en 2021 un fiscal reabrió el caso por la existencia de “contratos simulados”, de Odebrecht, Iecsa, Ghella y Comsa, que habrían permitido enviar cerca de 5 millones de dólares a la Banca Privada de Andorra.
Los contratos en México
Pese a los casos abiertos en España y Argentina, Comsa ha sido contratada sin licitación para desarrollar diferentes proyectos en México.
En 2018 firmó un contrato con la Administración Portuaria Integral de Veracruz para la construcción de un tramo carretero por 114.3 millones de pesos.
En 2020 fue requerida para la corrección y rehabilitación de vías del Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec, proyecto prioritario del gobierno federal, por más de 636.8 millones de pesos, el contrato más grande que ha tenido en México.
También en 2020, Comsa Infraestructuras firmó con el gobierno de la Ciudad de México un contrato por 385.6 millones de pesos para la rehabilitación de las vías del Tren Ligero, y otro por 14.9 millones de pesos para dar servicio de mantenimiento preventivo y correctivo a las vías de la Línea A del Metro.
Este año, fue contratada para corregir la deformación en la vía del tramo elevado de la Línea 9 del Metro, del tramo Velódromo a Ciudad Deportiva.
La empresa española también tiene otros proyectos privados en México, como los trabajos de ampliación en las plantas de Laboratorios Pisa y la ampliación de la planta de Gennomma Lab México.
Información por MILENIO
