Circula entre pocas personas una copia del convenio firmado por el alcalde de Mazatlán, Luis Guillermo Benítez Torres, y Juan José Arellano, del Grupo ARE y accionista de Nafta y Lubricantes, con fecha del 26 de diciembre de 2018 en donde el químico firma y se compromete a pagar en tres opciones complementarias el cobro de los más de 141 millones de pesos y no la deuda de los 300 millones de pesos de que se hablado públicamente y ante medios de prensa.
La primera opción es de una cantidad en millones de pesos, que no se precisa cuanto, que se complementa con la entrega de bienes municipales, tampoco se dice cuáles, y se cierra la trilogía con cartera del impuesto predial para cobrar de parte de los Arellano. Sobre los bienes de la Comuna, hay voces respetadas que hablan de que quieren la casa de Los Venados, el “Teodoro Mariscal”; les dicen los “tontitos” a los Arellano.
Al final, para preocupación de los mazatlecos, el alcalde Benítez se compromete a no ir más allá en este juicio y acepta sin reparos la “sentencia ejecutoria” del Tribunal de lo Colegiado en Materia Administrativa que firman tres magistrados, quienes también otros documentos de la defensa ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los señalan como partes interesadas en una sentencia poco clara y en donde nunca se tuvo un soporte financiero de tantos millones que muchos estiman no se deben de pagar y menos con dineros o bienes públicos.
Hace un par de miércoles de “Cara al Pueblo” se preguntó al secretario del Ayuntamiento, al abogado “Pepe Chuy” Flores Segura de si esa extraña deuda de los 300 millones de pesos que no se sabe con certeza de dónde salió porque esa gasolinera nunca se construyó y no se conocen los cálculos de cuánto podía ganar o perder al día, semana, mes o al año, que no era una especie de “Fobaproa” mazatleco para robar a través de un fraude. La respuesta nunca llegó; ahora otras personas hablan del “robo del siglo” o la “la gran estafa mazatleca”.
Lo cierto es que ya el caso está en la cancha –o llegando- de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para ver si se emparejan los momios, porque ya el alcalde interino, Joel Boucieguez, había dejado las cosas en empate, es decir, “nada para nadie”. Ustedes ya saben que Boucieguez es muy respetado por el gobernador, pero un extraordinario notario público que se las sabe de todas, todas.
Parece pues que aunque el alcalde y el secretario del Ayuntamiento aparentemente les corre prisa por pagar a Nafta o lo que es lo mismo a los Arellano, quienes por cierto ha sido apoyadores de campañas políticas de muchos
ex alcaldes, creo que aún habrá mucha “litis” en un litigio que nació viciado de origen, pero que ha habido mucho reparto de dinero para que se mantenga vivo.
En este caso debieron o deben existir demandas penales contra quienes resulten responsables, sean ex alcaldes o abogados que estuvieron en las Secretarías del Ayuntamiento, en los Departamentos Jurídicos, en las Contralorías y en los cargos de síndicos procuradores.
Qué hicieron en el caso Nafta?…Parece que nada. Entonces el químico Benítez va tapar esa cloaca de corrupción con el pago de la danza de los millones?
