El presidente y el coronel Nathan Jessup; Cuén celebra el round del atorón a AMLO; hierve la grilla en municipios y distritos
Bájenle a su prepotencia.
Así dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador cuando una periodista le preguntó qué pasa con la Ley de Datos Personales que violo con la revelación del número de teléfono privado de la corresponsal del periódico New York Times en México.
Por encima de esa ley, está la autoridad moral y la autoridad política, sostuvo el mandatario.
Si usted es cinéfilo, recordará la película Cuestión de Honor, protagonizada por Jack Nicholson y Tom Cruise. Ahí el personaje de Nicholson, coronel Nathan Jessup, asediado por el interrogatorios, confiesa haber ordenado la aplicación de un código rojo, que significaba privar de la vida a su subalterno, el marine Santiago. Después de hacer esa confesión, el militar se desconcierta al saber que se le hacen cargos por violar la ley. Era mi responsabilidad, mi autoridad, sostiene.
Como ese coronel, el presidente se defiende poniendo su autoridad sobre la ley. Por supuesto, estamos comparando con una ficción, pero al menos en ésta el resultado fue la aplicación de la ley, no el triunfo de una autoridad que se erige por encima de cualquier instancia.
Hice mi trabajo y lo haría de nuevo, reiteró el coronel.
¿Fue un error? ¿Volvería a hacerlo? Le preguntaron al presidente. Negó que hubiese sido un error y aseveró luego que sí volvería a hacerlo porque por encima de esa ley está su autoridad moral.
No es el único caso. Apenas dos días atrás López Obrador había dicho con toda frescura que intervino ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuando la presidía Arturo Zaldívar, para pedir el manejo “adecuado” de casos importantes. Utilizando su característico tono irónico, precisó que lo hizo “con todo respeto”, y que el presidente de la Corte habló con los jueces “con todo respeto” (en este caso el respeto no fue mencionado con ironía, sino con burla absoluta).
El aludido Arturo Zaldívar no sólo aceptó la intervención del titular del Poder Ejecutivo en asuntos del Poder Judicial, sino que hasta lo justificó y dijo que se trata de hechos normales en toda democracia. Un hombre pequeño, no sólo sometido, sino entregado.
López Obrador todavía insistió en que no pasaba nada, que si la corresponsal del NYT se sentía en peligro, bastaba con cambiar de teléfono. En cambio a sus hijos, acusados de recibir dinero del narco, nadie les iba a reparar la imagen.
La justificación es que la reportera lo calumnió, pero ¿qué es lo que hizo esta mujer? Le envió una carta explicando que estaba por publicarse un reportaje sobre investigaciones de agencias estadunidenses, acerca del manejo de dinero del narco en sus campañas electorales, a través de colaboradores cercanos y presuntamente hasta de sus hijos. El reportaje explicaba que las agencias decidieron no seguir adelante por no encontrar condiciones para hacerlo, pero siendo la
investigación por si misma una noticia importante, le pedía sus opiniones sobre diversos aspectos del trabajo a publicar o de las acciones de esas partes del referido gobierno.
El presidente considera que la periodista lo estaba calumniando y que él tenía derecho a colocarse por encima de la ley “¿yo no tengo derecho a defenderme?” preguntó. Pero la respuesta es obvia: nadie tiene derecho a tomar justicia por su propia mano, ni mucho menos por encima de la ley.
Lo que el Presidente de la República está planteando es la vigenia de la Ley del Talión.
¿Se imaginan ustedes la desgracia que significaría para el país que 180 mil familias ofendidas por los respectivos asesinatos de parientes suyos se lanzaran a cobrarse así, ojo por ijo, diente por diente?
MELESIO CUÉN TIENE
POR QUÉ FESTEJAR
Ayer por la noche empezó a circular en redes un video que subió el propio interesado. Héctor Melesio Cuén Ojeda aparece bailando jacarandosamente, en una reunión familiar. Sin duda se trataba de una fecha importante para el núcleo, pero era evidente que Cuén quería hacer saber su contento, aunque no puso una sola línea para sobre las causas de la alegría.
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De que tiene motivos, los tiene. Cuando él y los suyos estaban arrinconados, con el conflicto UAS-Estado plenamente encerrado en los procesos judiciales, viene el presidente López Obrador y les abre una puerta que parecía impensable: crear una mesa de negociación política conducida por la Secretaría de Gobernación.
Hasta antes de esto, el rector retirado Jesús Madueña Molina, el encargado de la rectoría, Robespierre Lizárraga Otero y varios colaboradores, entre ellos el hijo de Melesio Cuén, de los mismos nombres, estaban camino a una inapelable declaratoria de culpabilidad, en procesos judiciales durante los cuales sólo habían podido hacer travesuras como las de declararse enfermos o con abogados desaparecidos, para posponer las audiencias y hacer enojar al gobernador.
Pero hoy el asunto pasa del carril judicial al político, y nada menos que por instrucciones del Presidente de la República, y justo tres o cuatro horas después que éste se había declarado hermano del gobernador.
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