FAE: CONCENTRAR MÁS PODER
SE LES ATRAVESÓ EL ABORTO
OLVIDAN LO INMEDIATO VIENDO LEJOS
FRANCISCO CHIQUETE
Le falta casi un mes a Rubén Rocha Moya para tomar posesión y ya demostró que no le alcanza el poder que la sociedad le confirió. La decisión de echar a Juan José Ríos Estavillo de la Fiscalía Autónoma del Estado es mucho más que una sustitución de personas. Es la ruptura de la ley.
Ciertamente, no es nada nuevo. En el gobierno federal se ha arrasado con todas aquellas instituciones que no han sido del parecer del presidente Andrés Manuel López Obrados, quien a base de arrasar ha cambiado el panorama de las instituciones mexicanas, como muy probablemente hará también Rocha Moya conforme avance su gobierno,
Seguramente que no habrá mucha gente dispuesta a defender el trabajo realizado por Ríos Estavillo en materia de procuración de justicia. La impunidad sigue campeando en todo el panorama y por ello hay inconformidad de la sociedad sinaloense, lo que hace fácilmente vendible la propuesta de sustituirlo.
En ese contexto, no es importante que la salida del fiscal se dé con su propio acuerdo, ni que el nuevo gobernador le vaya a hacer una propuesta interesante. No se trata de la persona, que seguramente tendrá capacidad para seguirse abriendo paso en otras áreas de la sociedad. Lo importante es que el gobernador electo está operando par violentar una disposición legal que da un periodo específico para el ejercicio del puesto, con la idea de que un periodo distinta a la del gobernador afirma la autonomía del fiscal.
Rocha Moya puede argumentar que tiene a alguien más capaz, más efectivo y de mayor confianza, pero hay que insistir: lo importante no es la persona, sino la institución. Si se está construyendo una fiscalía autónoma y cada gobernador va a venir a poner a alguien que le sea cercano, las cosas no van a progresar, por más que haya buenas intenciones.
La carta visible para la fiscalía es o parece ser la abogada Sara Bruna Quiñonez Estrada, una juez que tomó notoriedad cuando se sometió a proceso al secretario de administración y finanzas del gobierno de Mario López Valdez, Armando Villarreal, a quien no pudo someter a la letra completa de la ley, pero le sacó un sofocón histórico. Villarreal, como se sabe, fue señalado por la propia Fiscalía como responsable de un multimillonario desvío de fondos públicos, pero no pisó la cárcel porque llegó a un acuerdo resarcitorio con la parte acusadora. La juez hizo que el proceso fuese más apegado a la ley y que el pago fuese un poco menos simbólico, pero terminó por avalar el acuerdo,
La juez solicitó ya su jubilación en el Poder Judicial, curiosamente igual que hizo el magistrado presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, Enrique Inzunza Cázares, quien da el brinco de esa posición a la secretaría general de gobierno, al lado de Rubén Rocha Moya. Ese sólo hecho desbarata cualquier posibilidad de autonomía de la posible nueva fiscal.
Ya es hora de que este país y por supuesto Sinaloa, pase de los hombres o mujeres providenciales que llegan con la fama y quizá la decisión de hacer las cosas bien, y que empiecen a operar las instituciones por si mismas, sin que la voluntad política siga siendo el elemento fundamental para alcanzar mínimos avances que no llegan a consolidarse.
Rubén Rocha Moya ganó la gubernatura con una amplísima e inusitada ventaja sobre sus rivales y obtuvo también una muy amplia mayoría en el Congreso del Estado, donde gracias a la coalición que él mismo construyó contra viento y marea, la fracción del Partido Sinaloense le garantiza la mayoría calificada con que puede modificar la Constitución prácticamente a su antojo. Si a eso sumamos que el anunciado secretario general de gobierno ejerce un control absoluto sobre el Poder Judicial, veremos que el próximo régimen tiene una concentración del poder que sólo podía atribuirse a gobiernos autoritarios como los de Antonio Toledo Corro, Alfonso Genaro Calderón Velarde o Leopoldo Sánchez Celis. Si a eso le sumamos la ruptura de la incipiente autonomía de la Fiscalía del Estado, no queda sino pensar en que Rocha ejercerá un poder omnímodo, que no corresponde a una persona con la formación de izquierda, con trayectoria académica y con militancia en las causas de la ciudadanía.
LA NUEVA LEGISLATURA
LLEGÓ EMBARAZADA
Los nuevos diputados locales encuentran en la temática del Congreso un niño atravesado: la obligación de atender el ordenamiento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para despenalizar el aborto, que nos coloca como una de las pocas entidades trogloditas que todavía disponen el encarcelamiento de las mujeres que por decisión o por necesidad, deban someterse a ese traumático paso.
Los diputados de la legislatura recién terminada tuvieron la oportunidad de hacer ese trámite e incluso lo programaron para su discusión en la última sesión de su ejercicio el jueves anterior, pero en medio de una gritería infernal, decidieron bajarlo del orden del día y cerrar su ejercicio con el lema de “los que vengan atrás que arrién”.
Se habla de que el tema “fue bajado”, como se dice en el ámbito legislativo, porque no había certeza de alcanzar la mayoría de votos necesaria, lo que indica que a pesar de la larga data que tiene el tema entre las demandas de la izquierda mexicana, ni siquiera entre sus cuadros destacados, como se supone son los diputados, existe la suficiente convicción como para ganar una elección de ese tipo (siendo dueños de la mayoría).
Es cierto que el entorno era muy difícil. Los grupos conservadores que llevaron a sus simpatizantes a manifestarse en el Congreso llegaron casi al límite de la violencia, empeñados en impedir la despenalización del aborto. Habría que recordar a los diputados salientes, sobre todo a quienes se quejaron de haber recibido amenazas directas, que fue Morena quien hizo de ese tipo de manifestaciones un instrumento frecuente de lucha durante la Legislatura 62.
Como quiera, tanto a los conservadores como a los diputados que dudaron sobre la conveniencia de votar a favor de un tema tan polémico como ese (de mala reputación entre una parte muy amplia de la población), habría que recordarles que se trata solamente de la despenalización, es decir, de dejar de perseguir con la amenaza de encarcelamiento, a las mujeres que aborten. Sus resistencias hacen pensar en que se están negando a construir una política pública en que el aborto sea un derecho de todas las mujeres que acudan a las instituciones de Salud. No. Ese sería un paso posterior, que se antoja muy difícil a juzgar por la forma en que se portan cuando apenas se discute un asunto humanitario como es la despenalización. Los conservadores actúan obnubilados por sus criterios anquilosados; los supuestos progresistas lo hacen obnubilados por el terror de perder votos en elecciones futuras,
CORRIGIENDO
PEQUEÑOS DETALLES
Durante la semana, el arquitecto Enrique González Güereña publicó la foto de una placa de nomenclatura en que estaba de cabeza el nombre de la avenida Camarón-Sábalo. Hombre de acción, González Güereña fue y se hizo de esclera y herramienta. Volteó el cartel y lo fijó con un clavo adicional para que se pudiera leer correctamente.
Su idea, por supuesto, era demostrar que cosas mal hechas, pueden corregirse sin grandes esfuerzos, dando a la ciudad y a la sociedad un mejor servicio; y por supuesto, que la sociedad puede hacer cosas por su ciudad sin esperar a que lo hagan las autoridades.
El problema es que en el gobierno municipal parecen estar más empeñados en hacer cosas fuera del orden, ambiciones que son mucho menos importantes para todos que una nomenclatura bien visible, pero más apetitosas para las propias autoridades, como las candidaturas al senado y a las diputaciones federales que se disputarán dentro de tres años, y luego como la lechera de la fábula, con ese capital político, ir a soñar otra vez con la gubernatura.
Por lo demás, como le aclaramos a González Güereña en el Facebook, quizá no fuese un error, sino un acto de sinceridad de la administración municipal, tener de cabeza a las calles, a sus nombres y a la ciudad completa,
