De Cima, Otro Caso Nafta?
Ante la revelación de que una de las viejas familias mazatlecas, la De Cima, mantiene viejas demandas contra el Ayuntamiento de Mazatlán por un monto de mil 500 millones de pesos y si no le preocupa otro caso como “Nafta y Lubricantes” de la familia Arellano, el alcalde mazatleco Edgar González Zatarain nada más se persignó y pareció decir “Dios me libre” ante las sonrisas de los reporteros.
El rosarense rechazó que se de otro caso como el de Nafta y Lubricantes, al “menos no en su gobierno”, aunque aceptó que las familias de Cima tiene demandado al gobierno por más de mil 500 millones de pesos, así como los Pérez Escobosa por 97 millones de pesos; juicios que se van navegando.
En semanas pasadas, el alcalde porteño reconoció que año con año se pagan alrededor de 200 a 300 millones de pesos en juicios y demandas contra el gobierno local, desde casos laborales hasta pagos por terrenos expropiados hace muchos años en el necesario crecimiento de la ciudad y que los gobiernos del pasado descuidaron.
Precisamente fue el caso de Nafta y Lubricantes, una gasolinera que no se construyeron ni los cimientos en la avenida Cruz Lizárraga aunque el gobierno del entonces alcalde Alejandro Higuera Osuna otorgó los debidos permisos de construcción, pero a reclamos de los vecinos del predio se revocaron y la familia Arellano inició un juicio.
Los gobiernos de Carlos Felton, Fernando Pucheta y Joel Boucieguez, le dieron largas y hubo aparentes arreglos jurídicos, pero con la llegada del químico Luis Guillermo Benítez Torres, muy amigo de los Arellano, hubo “acuerdos” hasta por escrito en una carta de intención de diciembre del 2018 para el pago de esa deuda que ya ascendía a unos 300 millones de pesos.
La síndico procuradora Elsa Icela Bojórquez, entre otros personajes, siempre cuestionaron corrupción y acuerdos en lo “oscurito” por lo que se terminaron pagando poco más de 141 millones de pesos.
La ley dice que no se pueden pagar deudas privadas con dineros públicos, pero nadie evitó que se pagará esa millonaria suma de los recursos del pueblo en lo que se conoció como la “estafa maestra” mazatleca.
Hubo la presunción en el “caso Nafta” del reparto de millones de pesos por debajo de la mesa, incluso el entonces secretario del Ayuntamiento y “abogado natural” del pueblo, “Pepe Chuy” Flores Segura siempre estuvo por pagar y ahora ese ex funcionario está en la nómina del Grupo AREH, de la familia Arellano. ¿Qué raro, no?
AMLO, Presidente del Odio
El Presidente de la República después de atizar la hoguera del odio, la violencia y la división entre los mexicanos en el marco del aniversario de la Expropiación Petrolera el sábado pasado, ahora arremete contra el Departamento de Estado de Estados Unidos luego del informe emitido sobre la situación de derechos humanos en México en el que señala que prevalece la impunidad, la corrupción y las agresiones a periodistas.
“No es cierto, están mintiendo, es pura politiquería, es su naturaleza. No quieren abandonar la doctrina Monroe. No quieren cambiar, se creen el gobierno del mundo, y nada más ven la paja en el ojo ajeno y no la viga en el propio No es para enojarse, no es cierto. Son unos mentirosos”, dijo el Mandatario en su mañanera de este martes desde Oaxaca.
Dijo que esta práctica es como si nosotros los evaluamos sobre situaciones internas y, en este contexto, salió en defensa del ex presidente de EU, Donald Trump: “Lo van a detener, creo que hoy, por un asunto. Si fuese así, todo mundo sabría, porque no nos estamos chupando el dedo, que es para que no aparezca en la boleta electoral. Si digo esto es porque yo padecí de la fabricación de un delito, porque no querían que yo fuese el candidato”.
El Presidente de la República consideró que esto no tiene nada que ver con el presidente Joe Biden, sino de otros sectores que son muy injerencistas.
“Es como si aquí nosotros, los evaluamos: Oye por qué no liberas a Julian Assange, si estás hablando de periodismo y libertad, por qué lo tienes preso? Si se habla de actos de violencia, como es que un periodista premiado en Estados Unidos asegura que el gobierno de Estados Unidos, saboteó el ducto de gas de Rusia a Europa. Y así, por qué se permite en Estados Unidos que opere un cártel o varios cárteles que distribuyen en ese país el fentanilo que le hace tanto daño a los jóvenes”.
Corrupción e Impunidad
Y a propósito de la corrupción y la impunidad, desde hace varias décadas la corrupción se ha reafirmado como uno de los principales problemas del país, en virtud de sus nocivas consecuencias para la sociedad y el interés público. De acuerdo con algunas estimaciones, la corrupción le cuesta a nuestro país el 10% del PIB.
Tan sólo en el año 2021, según el INEGI, la corrupción representó un gasto de 9 mil 500 millones de pesos para la población mayor de 18 años, el equivalente a tres mil pesos por persona.
“Además de las pérdidas económicas que significa para los hogares, las empresas y los gobiernos, la corrupción ha deteriorado las capacidades del Estado para cumplir con sus funciones esenciales, abonando al desprestigio de la política y el debilitamiento de democracia”, señala César Alejandro Giles Navarro, en su libro y análisis para el Instituto Belisario Domínguez (IBD) del Senado de la República, titulado ¿Cómo se castiga la Corrupción en México.
El investigador agrega que aunque en el debate especializado existe un consenso sobre la efectividad de medidas preventivas como la transparencia, la rendición de cuentas, el control y la fiscalización de los recursos públicos, la mayoría de las personas considera que la principal causa de la corrupción en México es la falta de castigos y la impunidad.
Por ejemplo, una encuesta señala que de siete de cada diez personas en nuestro país creen que la corrupción nunca se castiga o sólo algunas veces.
Esto explica por qué se le da ha dado tanta importancia al rubro de los castigos, en donde se ubican acciones como considerar a la corrupción como delito grave, entre otras medidas punitivas mediante las cuales se busca disuadir las prácticas de corrupción en el seno de las instituciones públicas.
Otro análisis reciente llevado a cabo por el IMCO reveló que la mayoría de las fiscalías anticorrupción de las entidades federativas presenta deficiencias normativas, presupuestales y operativas, lo que ha ocasionado que buena parte de sus investigaciones terminen archivadas y se logren pocas sentencias condenatorias por delitos de corrupción.
