Un tribunal criminal en Argentina condenó este martes a la vicepresidenta del país, Cristina Fernández de Kirchner, a 6 años de prisión por el delito de administración fraudulenta durante los 12 años que gobernaron ella y su difunto marido, el expresidente Néstor Kirchner (2003-2015).
Sin embargo, la vicepresidenta fue absuelta del cargo de ser jefa de una asociación ilícita.
La sentencia también inhabilita a la exmandataria a ocupar cargos públicos de por vida.
Kirchner niega los cargos y afirma ser víctima del «lawfare» o guerra jurídica.
Es la primera vez en la historia del país que un vicepresidente en funciones es juzgado y condenado por la justicia.
No obstante, el fallo no supone que la vicepresidenta entre inmediatamente a la cárcel, ya que primero debe ser ratificado por la Cámara de Casación y la Corte Suprema, lo que podría tardar años.
Kirchner goza además de fueros que impiden que sea arrestada hasta el 10 de diciembre de 2023, cuando concluye su mandato, y podrá presentarse a elecciones para un nuevo cargo en los comicios del año próximo, lo que podría extender su inmunidad.
La exmandataria fue acusada de haber otorgado obras viales millonarias a un socio y presunto testaferro, quien también fue condenado, al igual que otros diez exfuncionarios kirchneristas.
Aquí te explicamos la causa, qué dice la defensa de Kirchner y qué pasará ahora con la vicepresidenta argentina.
De qué se acusó a CFK
La exmandataria fue condenada por haber direccionado obras públicas en la provincia patagónica de Santa Cruz, que Néstor Kirchner gobernó durante más de una década antes de llegar a la presidencia y donde aún mantiene su residencia la vicepresidenta.
Los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola dijeron que los Kirchner «instalaron y mantuvieron en el seno de la administración nacional y provincial de Santa Cruz una de las matrices de corrupción más extraordinarias que, lamentablemente y tristemente, se hayan desarrollado en el país».
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La acusación aseguró que, días antes de asumir la presidencia, en 2003, crearon una empresa constructora, llamada Austral Construcciones, a la que luego le fueron adjudicadas la mayoría de las obras viales que se realizaron en Santa Cruz.
Según los fiscales, pusieron al frente de la constructora a un socio comercial y amigo de la familia, que actuó como testaferro: Lázaro Báez, un exgerente del Banco de Santa Cruz que, según el Ministerio Público, no tenía experiencia en el rubro de la construcción.
Báez, que el año pasado fue sentenciado a 12 años de prisión por lavado de dinero, también fue condenado en este juicio, junto con otros once exfuncionarios kirchneristas, incluyendo al exsecretario de Obras Públicas, José López, quien ya está detenido por otras causas de corrupción luego de que se lo descubriera arrojando bolsos llenos de dólares a un convento, en 2016.
Según Luciani y Mola, Austral Construcciones recibió licitaciones para construir 51 obras, el 79% de las obras de la provincia de Santa Cruz durante el período en el que los Kirchner gobernaron el país.
Pero solo dos fueron finalizadas a tiempo y la mitad nunca se terminaron. Además, dijeron que la empresa fue favorecida con sobreprecios millonarios.
«Todas las licitaciones fueron una farsa. Hubo una cartelización organizada por el Estado nacional», acusaron, estimando que la maniobra de corrupción perjudicó al Estado por más de US$1.000 millones, dinero que -pidieron- sea decomisado de los bienes de los condenados.
Durante su alegato, los fiscales detallaron que las irregularidades en favor de Báez se multiplicaron en 2007 y 2011, años de elecciones nacionales (que ganó el kirchnerismo), y aseguraron que esto se debió a que la asociación ilícita buscaba recaudar para las campañas electorales.
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Austral Construcciones dejó de operar en diciembre de 2015, momento en que Cristina Kirchner dejó el poder, un hecho que -para la Fiscalía- también demuestra que había un vínculo entre la constructora de Lázaro Báez y los Kirchner.
Qué dice la vicepresidenta
La principal base de la defensa de la exmandataria fue que la Fiscalía no produjo evidencias -ni un solo documento o mensaje- que vincularan directa y personalmente a la entonces presidenta con el otorgamiento de obras a Lázaro Báez.
«Entre la Presidencia de la Nación y las obras denunciadas existen doce instancias administrativas de carácter nacional y provincial», detalló la vicepresidenta en su cuenta de Twitter, donde refutó muchos de los argumentos que presentaron los fiscales.
La defensa también sostuvo que la Justicia no tiene potestad para juzgar cómo un gobierno, elegido democráticamente, distribuye la inversión pública.
Kirchner también señaló que no se puede responsabilizar a un jefe de Estado por cómo se manejan las licitaciones públicas.
«El que ejecuta el presupuesto es el jefe de Gabinete, no el presidente o presidenta de la nación», observó, agregando con ironía que en todo caso el Tribunal tendría que juzgar a quien fue el primer jefe de gabinete del kirchnerismo entre 2003 y 2008: el actual presidente Alberto Fernández, quien solo declaró en la causa como testigo de la defensa y ha sido uno de los más vocales partidarios de su vicepresidenta.
Por otra parte, la vicepresidenta remarcó que otro Poder del Estado, el Congreso, aprobó esas inversiones cuando sancionó la ley de presupuesto, incluso con algunos votos del macrismo.
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Y defendió el otorgamiento de fondos a la provincia donde reside, afirmando que «la inversión en obra pública vial de Santa Cruz se justificaba ampliamente por el déficit que presentaba su red vial en el año 2003».
En tanto, señaló que las 51 obras cuestionadas ya habían sido investigadas por la Justicia de esa provincia, que no halló evidencias de corrupción, y que para este juicio solo se peritaron 5 «obras testigo».
«Lawfare»
Pero además de desestimar las acusaciones en su contra, Kirchner ha mantenido que la llamada «causa Vialidad», que se inició por una denuncia presentada por la oposición en 2008 (durante su primer gobierno) y llevó a su procesamiento en 2016, durante el primer año de gobierno de su sucesor, Mauricio Macri, es parte de una persecución política, mediática y judicial orquestada por su rival político.
En ese sentido, siempre se ha comparado con su par brasileño Luiz Inácio Lula da Silva, elegido en octubre pasado para un tercer mandato, luego de haber pasado un año y medio en prisión por una condena de corrupción que luego fue anulada (y que evitó que se postulara en las elecciones de 2018 que ganó Jair Bolsonaro).
Cuando Kirchner declaró como indagada en la causa Vialidad en diciembre de 2019 -días antes de volver al poder como vicepresidenta de Alberto Fernández- se negó a responder preguntas de la Fiscalía y criticó duramente a los magistrados que la estaban juzgando.
«Este tribunal, el del lawfare, seguramente tiene la condena escrita. No me interesa, a mi me absolvió la historia, me va a absolver la historia. Y a ustedes, seguramente, los va a condenar la historia», sentenció ante los tres jueces, a quienes ella misma había designado durante su gobierno.
En las otras dos oportunidades que tuvo para expresarse durante el juicio, durante su alegato final y la semana última, al cierre del proceso, -en ambas ocasiones habló por videoconferencia y se trasmitieron sus palabras en vivo- la vicepresidenta endureció sus acusaciones.
«Cuando hablé del lawfare fui muy generosa; más que un tribunal de lawfare es un verdadero pelotón de fusilamiento«, dijo al Tribunal, días antes de que la condenaran.
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La funcionaria afirmó que el juicio busca proscribir al kirchnerismo.
«Esta suerte de pelotón de fusilamiento tuvo como objeto, desde el principio, estigmatizar a un espacio político y fundamentalmente a quien tiene el mayor grado de representación de ese espacio» -dijo en referencia a sí misma- «para que nunca nadie vuelva a atreverse a hacer las cosas que hicimos nosotros», señaló, enumerando algunos de los «logros» de los 12 años en los que gobernaron ella y su difunto marido, incluyendo varias estatizaciones.
También comparó el accionar de la Justicia con el del régimen militar de los años de plomo.
«El Partido Judicial vino a sustituir al viejo Partido Militar que impedía expresarse libremente a la voluntad popular, que condicionaba la democracia… hoy el Partido Judicial también cumple este rol (…) viene a estigmatizar y disciplinar a los dirigentes en la República Argentina», afirmó.
En agosto pasado Kirchner había pedido la recusación del fiscal Luciani y de uno de los jueces, Rodrigo Giménez Uriburu, luego de que el diario Página 12 revelara que ambos jugaban en el mismo equipo de fútbol, y que en el pasado participaron en un torneo en la quinta del expresidente Macri, pero el pedido fue denegado.
En sus últimas palabras ante la corte dijo que los fiscales «inventaron hechos, ocultaron otros hechos, tergiversaron y mintieron», y los acusó de generar las condiciones para que se concretara un atentado contra su vida el pasado 1 de septiembre.
También señaló que actuaron «no conforme a derecho sino cual editorial de Clarín o del diario La Nación», en referencia a los dos principales medios de Argentina, muy críticos con el kirchnerismo.
En una entrevista con el diario brasileño Folha de Sao Paulo, publicada el pasado domingo, la vicepresidenta se mostró segura de que sería condenada y dijo que no era casual la fecha del fallo.
«El 6 van a dictar la sentencia. El 7 de diciembre va a ser publicada en los diarios. Ese día, el 7D, fue un emblema de nuestro gobierno con la ley de medios, que establecía que los dueños de medios que tenían demasiada concentración mediática debían desinvertir», señaló.
«La tapa de ‘Cristina condenada’ y el 7D van a coincidir. Es una suerte de regalo para Magnetto», afirmó en referencia al CEO del Grupo Clarín.
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Qué pasará ahora
El Tribunal Oral en lo Criminal Federal N.° 2, integrado por Giménez Uriburu, Jorge Gorini y Andrés Basso, dará a conocer los argumentos de su sentencia el 9 de marzo de 2023, luego de las vacaciones judiciales de verano.
En ese momento, los abogados de la vicepresidenta podrán apelar el fallo ante la Cámara Federal de Casación.
Si ese tribunal ratifica la sentencia, la defensa aún podrá apelar ante la Corte Suprema de Justicia.
Mientras tanto, Cristina Kirchner estará libre y podrá presentarse a elecciones en los comicios generales de octubre de 2023.
Si eventualmente su condena queda firme y ella ocupa un cargo en el Poder Ejecutivo o en el Poder Legislativo, para que vaya a prisión primero deberá ser destituida a través de un juicio político.
De ocurrir, Kirchner podría eventualmente cumplir una pena de prisión domiciliaria ya que en febrero próximo cumplirá 70 años, la edad a partir de la cual se puede exigir ese beneficio.
Además de la causa Vialidad -la primera que llegó a juicio- la exmandataria también está procesada en otra «megacausa» conocida como «los cuadernos de la corrupción», en la que se le acusa de recibir sobornos de empresarios de la obra pública.
La causa fue elevada a juicio en 2019 pero el proceso -en el que también están acusados exfuncionarios y varios empresarios, entre ellos un primo de Mauricio Macri- aún no tiene fecha de comienzo.
Kirchner también fue sobreseída en otras tres causas, antes de que se iniciaran los juicios, entre ellas en la llamada «Hotesur/Los Sauces», en la que se la acusaba, juntos a sus hijos, de haber utilizado hoteles para lavar dinero proveniente de empresarios de la obra pública como Lázaro Báez, quien alquilaba habitaciones en las propiedades de los Kirchner, supuestamente para los empleados de su constructora.
CON INFORMACIÓN DE https://www.bbc.com/mundo/noticias
