El programa, una de las insignias de la administración anterior presidida por Donald Trump, fue derogado por el gobierno de Joe Biden, pero un juez federal ordenó reanudarlo.
El gobierno de Estados Unidos reanudará hoy el programa «Quédate en México” (MPP, por sus siglas en inglés) en medio de crecientes dudas de si logrará garantizar la seguridad de los solicitantes de asilo, que tendrán que esperar en el país vecino el proceso de sus casos en territorio norteamericano.
El programa, una de las insignias de la administración anterior presidida por Donald Trump, fue derogado por el gobierno de Joe Biden, pero un juez federal ordenó reanudarlo, y desde entonces Estados Unidos ha estado negociando con el gobierno mexicano sobre los parámetros en los que volvería a implementarse la iniciativa.
Aunque el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, en inglés) aseguró haber hecho varios cambios para dar mayores garantías, los defensores de los migrantes no creen que serán suficientes.
“Es probable que los migrantes enfrenten desafíos similares a los que enfrentaron cuando se implementó por primera vez”, dijo Jessica Bolter, analista del Instituto de Política Migratoria (MPI).
En este sentido, Kennji Kizuka, analista e investigador de la organización Human Rights First (HRF), advirtió que sin importar la forma en que la administración de Biden “trate de adornar” el nuevo MPP “no hay forma de realizar la implementación de manera humana y segura”.
Expuestos al peligro
Según esta organización, en los primeros siete meses de la administración de Joe Biden se contabilizaron hasta 6 mil 356 informes de ataques contra migrantes expulsados o bloqueados en la línea divisoria sur del país.
En el caso de MPP, los investigadores de HRF documentaron más de mil 500 ataques contra los solicitantes de asilo que fueron puestos bajo ese programa y entre los delitos se contabilizaron casos de secuestros, tortura, asalto, y violación, entre otros.
“Al restablecer esta medida habrá más secuestros… habrá más violencia contra las familias, adultos, y niños que tratan de buscar seguridad en Estados Unidos.”, indicó Kizuka.
Refugios seguros
La Casa Blanca insistió la semana pasada en que ha trabajado «de cerca» con la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador, para ofrecer refugios y transporte seguro a los solicitantes de asilo en el proceso, pero el anuncio ha generado varios cuestionamientos.
Pero para Bolter “no está claro” cómo (Estados Unidos y México) harán para garantizar un refugio seguro a los solicitantes de asilo “ya que muchos refugios a lo largo de la frontera ya están abrumados de inmigrantes” que viven allí.
Los cambios realizados por el DHS a los Protocolos de Protección a Migrantes (MPP, en inglés), designación formal del programa «Quédate en México” incluyen el compromiso de que los procedimientos “generalmente” concluirán dentro de los seis meses posteriores al regreso inicial de una persona a México, un plazo que también ha sido cuestionado por los defensores de los migrantes.
Bolter dijo que “es probable que los migrantes continúen enfrentando los peligros de vivir durante períodos prolongados en las ciudades fronterizas mexicanas, a menudo sin refugio o recursos suficientes”.
También consideró que las medidas tomadas por el gobierno de Biden con respecto a MPP “no parecen muy diferentes a las de la administración Trump”. En su opinión, la falta de acceso a asesoría legal fue uno de los mayores desafíos a los que se enfrentaron los solicitantes de asilo en la versión anterior de MPP, y “es probable que los migrantes ahora enfrenten nuevamente el mismo reto”.
Representación legal
El DHS aseguró que aquellos procesados en MPP tendrán «oportunidades significativas» para acceder a información y asesoría o representación legal.
Todas las personas inscritas en MPP también tendrán acceso a teléfonos (y, cuando sea posible, videoconexión) para hacer llamadas gratuitas con un abogado en un entorno confidencial, señaló el gobierno.
Al respecto, el consejero de política del Consejo Estadunidense de Inmigración (AIC), Aaron Reichlin Melnik, recordó que los inmigrantes puestos bajo MPP entre enero de 2019 y enero de 2021 enfrentaron enormes dificultades para presentar sus casos debido a que había pocos abogados en Estados Unidos que pudieran brindar asistencia legal a los migrantes que estaban en México.
Casi el 95 % de los cerca de 70 mil solicitantes de asilo bajo MPP no pudieron encontrar un abogado. Pese a que Melnik encontró algunos cambios positivos en la nueva versión de MPP, criticó el hecho de que el gobierno demócrata incluyera a los inmigrantes haitianos y de otras nacionalidades que antes no estaban cobijadas por este programa.
En medio de las críticas, la administración Biden ha reiterado su objetivo de poner fin a MPP. El 29 de octubre, el secretario del DHS, Alejandro Mayorkas, emitió un nuevo memorando explicando su decisión de dar por terminado el programa pero tendrá que esperar a que se resuelva a su favor la demanda entablada por varios estados conservadores que lo obligaron a restablecer la política.
Información por MILENIO
